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Pinochet considera "justo" el fallo de la Corte Suprema de Chile

El ex dictador Augusto Pinochet calificó ayer de "medida beneficiosa y justa" el fallo de la Corte Suprema que ordenó al juez Juan Guzmán someterlo primero a exámenes mentales y neurológicos y después a interrogatorio, aplazando así la toma de declaración indagatoria que debía haber realizado ayer el magistrado. Así lo manifestó el portavoz de la familia Pinochet, el general retirado Guillermo Garín.

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"Un privilegiado"

La resolución del alto tribunal, que abre a Pinochet la posibilidad de una salida médica del caso para esquivar la justicia (si es que las pruebas determinan que el ex dicatador no está en condiciones físicas o mentales de afrontar el juicio), fue duramente criticada por los abogados querellantes."La familia [de Pinochet] lo tomó en términos muy positivos y él con la misma serenidad con que ha tomado todas estas situaciones. Lo consideró una medida beneficiosa y justa respecto del tratamiento que ha sufrido su persona a través de los tribunales", afirmó Garín, para quien Pinochet ha sido en este caso "una víctima". Pinochet, entretanto, acudió ayer a una nueva revisión dental en el Hospital Militar.

Uno de los abogados del ex dictador, José María Eyzaguirre, sostuvo que la Corte Suprema se limitó el martes a dar el "cronograma lógico", aclarando su resolución previa en que fijó el interrogatorio en forma independiente de los exámenes, en un fallo que se prestaba a "malas interpretaciones". La estrategia de la defensa apunta a lograr un sobreseimiento del caso por razones de salud. Apuestan a que el resultado de los exámenes médicos mostrará que Pinochet no está en condiciones de salud de ser procesado y menos de ser interrogado.

Los querellantes, en cambio, estudian pedir a Guzmán que cambie el recinto donde realizará los exámenes, el Hospital Militar, y solicitar a la Corte de Apelaciones de Santiago entregar más atribuciones a los peritos (médicos) adjuntos que estarán presentes en la diligencia médica hecha por los médicos militares.

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Ayer insistieron en que la resolución de la Corte Suprema que fijó primero los exámenes médicos del ex dictador y después su interrogatorio, dejó a Pinochet como un privilegiado ante la justicia. Uno de estos juristas, Eduardo Contreras, recordó que en enero se cumplirán tres años desde que se presentó en Chile la primera querella criminal contra Pinochet -hoy afronta 190- y todavía el acusado no ha podido ser interrogado por el magistrado. Entretanto, el presidente Ricardo Lagos aclaró ayer que en la reunión que convocó del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena, un organismo heredado de la dictadura e integrado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros y los máximos representantes de los poderes del Estado), para el martes 2 de enero, no se abordarán casos judiciales pendientes -el de Pinochet es uno de ellos-, ni los resultados del acuerdo de la mesa de diálogo para la entrega de información de los militares sobre los detenidos desaparecidos.

Lagos recordó ayer que la noche en que ganó la elección presidencial, en enero pasado, ante los gritos de la multitud que pedía que se juzgase a Pinochet, contestó que el caso estaba en manos de la justicia, lo que hasta ahora ha ocurrido, demostrando el buen funcionamiento de las instituciones.

Cuatro días después de la reunión del Cosena, el 6 de enero, finalizará el plazo para que jefes militares, iglesias y masonería entreguen a Lagos la información que hayan recopilado sobre el paradero de las víctimas de la dictadura. El diario La Tercera informó ayer de que los militares están elaborando un informe que entregarán antes de la fecha en el que revelarán la ubicación de los restos de cerca de cien detenidos-desaparecidos, sobre un total superior a 1.100, en su mayor parte proporcionados por el Ejército y Carabineros.

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