Los convenios colectivos empiezan a regular el problema
En Cataluña, 67 empresas se comprometen a garantizar un ambiente de "libertad sexual"
Una intervención oportuna de la empresa podría evitar los efectos no deseados que se producen cuando se denuncia el acoso sexual, el más grave de los cuales es la renuncia de la trabajadora. "El acoso podría frenarse inmediatamente", asegura Rita Moreno, que preside la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras.Según Moreno, del mismo modo en que una empresa no toleraría comportamientos insultantes o violentos en contra de la dirección, no debería soportar la hostilidad sexual". Así lo aconseja el Código de Conducta de las Comunidades Europeas, que sugiere a los empresarios que expresen públicamente y por escrito que no tolerarán estas conductas.
Pero Moreno destaca que en los últimos 10 años la situación ha mejorado. Entre 1998 y 1999, por ejemplo, 67 convenios colectivos en Cataluña incluyeron una cláusula especial, según ha informado el Departamento de Trabajo de la Generalitat. Estos convenios regulan las relaciones de un total de 63.412 empresas y de 412.144 trabajadores.
La cláusula parte del principio de que todo trabajador debe "ser tratado con dignidad", como lo establece el Estatuto de los Trabajadores. Y explicita el compromiso de las empresas de crear un entorno en el que se respete la libertad sexual de las personas".
Pero el diablo está en los detalles. "Esas declaraciones de principio requieren de procedimientos que permitan poner en práctica ese principio general", dice Moreno.
Los convenios colectivos de Ford, Contratas Ferroviarias o Estatal de Pastelería califican el acoso de una falta muy grave, pero no describe qué se entiende por acoso sexual. Según un estudio sindical de finales de 1999, aunque el convenio estatal para el sector textil hace una referencia a este problema asegura que los casos serán tratados "con extrema discreción".
Los sindicatos proponen, por su parte, la intervención especializada de asesoras jurídicas. Su misión sería impedir que la persecución continúe o que se aplique algún tipo de represalias contra la denunciante, como suele ocurrir.
"Estos conflictos deben resolverse de manera rápida", dice Juan Manuel Tapia, de CC OO, al margen de que el caso continúe por la vía judicial. Y estas investigaciones no deberían afectar a la dignidad de la persona que denuncia, ni indagar en su vida privada o sus costumbres sexuales", agrega.
Tapia asegura que no siempre estas iniciativas son bien entendidas por los trabajadores. Tampoco por ciertos empresarios, que ven a éste como un problema menor de las relaciones laborales. Otros prefieren una definición difusa del acoso o una muy restringida, que no establezca, por ejemplo, que el acoso del jefe directo es un agravante.
Una nueva iniciativa en el ámbito de la Unión Europea se presentó en junio pasado. Su promotora ha sido la griega Anna Diamantopoulou, la nueva comisaria para Asuntos Sociales, víctima ella misma de una experiencia de acoso sexual, según lo ha revelado.
La comisaria ha puesto sobre la mesa de los Quince la propuesta de una nueva directiva en contra del acoso sexual, que unifique las legislaciones nacionales. Y que, para empezar, establecería un definición única del acoso. En caso de aprobarse, la nueva directiva formaría parte de la que existe ya sobre igualdad de oportunidades, que no ha sido modificada durante los últimos 25 años.
Al presentar la propuesta, Anna Diamantopoulou relató la dura experiencia personal que vivió cuando, a los 19 años, sufrió el acoso de su jefe. Los hechos sucedieron cuando trabajaba en un empleo a tiempo parcial, mientras estudiaba ingeniería civil. "No tuve alternativa y debí dejar el trabajo. No había nada que yo pudiera hacer"."Ésta es una forma de discriminación. Los empresarios tienen la responsabilidad de que en sus empresas haya una atmósfera libre de acoso".
La comisaria cree que la Unión Europea debe tener una política que propicie que las mujeres tengan el coraje de denunciar el hostigamiento sexual.
La nueva directiva propone la creación en cada país de cuerpos independientes de investigación de las quejas.
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