Salamanca / Barcelona: otra vez el archivo

Fue algo peor que un botín de guerra. La expresión utilizada por la diputada socialista en la Comisión de Cultura del Parlament de Catalunya resulta impactante, pero no da cuenta de lo que fue durante el franquismo el actual Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. La formación de sus fondos no tuvo como finalidad el atesoramiento, pues lo que buscaban los franquistas al requisar los papeles de un partido o un sindicato no era un botín, sino hacer posible la "operación quirúrgica" sobre el cuerpo social español de que Franco hablara antes de iniciarse la guerra civil, extirpando del mismo a los cientos de miles de ciudadanos que constituían para él la anti-España. De forma irregular y chapucera, como tantas cosas en su régimen, siguió ejerciendo esa función cuando ya los investigadores nos asomábamos a sus ficheros, no sin riesgos de acoso sexual para las mujeres, hasta la muerte del dictador.Pasaron dos décadas, y cuando ya la entonces sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional de Salamanca era un centro de documentación moderno, organizado con criterios profesionales, salió a la luz pública la reclamación de la documentación de la Generalitat allí conservada. Tal fue el origen de la guerra de los archivos entre Barcelona y Salamanca, con reacciones muy viscerales por ambas partes. Algunos pensamos entonces que era preciso dar con la cuadratura del círculo, otorgando satisfacción a Cataluña sin que existiera riesgo de que tal devolución supusiera como precedente el principio del fin del archivo de la represión franquista. Mi propuesta en ese sentido como vocal de la Junta Nacional de Archivos, asimilando el depósito en Barcelona de los documentos de la Generalitat al que efectúa el Museo del Prado de sus fondos en otras instituciones públicas, por formar la Generalitat parte del Estado, se conjugó con la de otro vocal, Javier Tusell, para convertir el centro salmantino en un archivo pleno, en torno al cual se formara un centro de estudios de la guerra. La Junta Nacional de Archivos suscribió la propuesta bifronte, con el respaldo de la ministra Aguirre, y la tempestad quedó de momento conjurada.

Sólo que desde entonces no hubo voluntad alguna de cumplir lo esencial del acuerdo, la devolución, y por lo visto en la última reunión de la citada Junta Nacional de Archivos, el pasado 2 de diciembre, ante las preguntas sobre el tema del profesor Tusell, algo jugó en esa pasividad la determinación de quien era subsecretario de Cultura, Miguel Ángel Cortés. La Subdirección General de Archivos, como viene últimamente sucediendo en el tema de la reproducción del archivo de la Internacional Comunista, pensó también que el mejor atributo de una autoridad es el silencio. En cuanto órgano consultivo, la Junta de Archivos se queda así reducida al papel de apagar o dar ideas para apagar los incendios que la administración de Cultura no controla. Luego ni siquiera por delicadeza, bajo la gestión de Cortés, con Rajoy al fondo, el ministerio se sintió obligado a informar del contenido y de la secuencia de sus decisiones sobre aquellas cuestiones en que la junta había intervenido. En el tema de Salamanca, el ministerio otorgó el archivo y el centro de estudios, y sin consulta nombró un patronato del todo localista e inadecuado, salvo para no ceder nada. Ahora las brasas han vuelto a encender el fuego. Una estúpida guerra de símbolos, que perfectamente hubiera podido ser evitada.

Antonio Elorza es vocal de la Junta Nacional de Archivos.