Un informe denuncia múltiples vínculos entre los paramilitares y el Ejército de Colombia

La cúpula militar colombiana rechazó por "calumnioso" y por "violar el derecho a la honra" el informe presentado ayer por la organización Human Rights Watch (HRW) en Washington. El documento, titulado Los lazos que atan: vínculos entre militares y paramilitares en Colombia, aparece cuando el Congreso norteamericano estudia la entrega de una ayuda de l.600 millones de dólares (270.000 millones de pesetas) a Bogotá, la mayoría destinados al Ejército. Una de las principales inquietudes es precisamente si esta ayuda agudizará, aún más, el grave problema de derechos humanos que sufre el país.

El informe, de 25 páginas, presenta "abundante y detallada evidencia" de que han existido, "continuamente, estrechos lazos" entre el Ejército y los grupos paramilitares que siembran el terror a lo largo y ancho del país. Las conclusiones están basadas, según HRW, en investigaciones de la fiscalía colombiana y entrevistas con testigos.Las acusaciones son graves: la mitad de las 18 brigadas del Ejército del país y algunos de sus oficiales colaboran con las llamadas autodefensas; la ayuda a estos grupos, que dirige Carlos Castaño, se traduce en espionaje, armas, municiones, soporte aéreo y ayuda médica. "Compartir las labores de inteligencia es el más permanente y común método de colaboración", insiste el informe que se ha hecho llegar a la secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright.

La organización de defensa de derechos humanos reseña casos concretos. La Brigada III, con sede en Cali -la tercera ciudad del país-, es calificada como "la misma cosa" que el frente Calima de los paramilitares, que surgió a raíz del secuestro masivo de feligreses en una iglesia de un exclusivo sector de Cali, cometido por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los hombres del grupo Calima, con sus brazaletes de la AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), aparecieron en Tuluá, cerca de Cali, poco después del secuestro y, desde entonces, han realizado matanzas y provocado éxodos masivos de campesinos.

"Las investigaciones pudieron ligar directamente al frente Calima con oficiales en servicio, retirados y en reserva de la Brigada III", señala HRW, y agrega que los matones fueron inicialmente concentrados en fincas de "supuestos narcotraficantes". El comandante de la Brigada, general Jaime Ernesto Canal, se defiende: "En combates con las autodefensas, dos de nuestros soldados entregaron su sangre y sus vidas". Señaló, además, que él mismo pidió a la fiscalía una investigación para saber si algún hombre de la unidad estaba involucrado "con estos bandidos [los paramilitares", y hasta el momento no hay indicios de ello.

La Brigada IV, con sede en Medellín, también aparece. El informe asegura que la matanza de El Aro -pequeña aldea de la provincia de Antioquia arrasada en l997 y donde más de 30 civiles fueron asesinados- fue una operación conjunta de Ejército y paramilitares. "Sobrevivientes le dijeron a HRW que, mientras los soldados mantenían un perímetro alrededor del caserío, unos 25 miembros de las AUC entraron a la población". Jesús Valle, abogado que investigaba esta masacre, fue asesinado en Medellín en febrero de 1998.

La Brigada XIII, con sede en Bogotá, también está en la mira. Se le acusa de poner en marcha una campaña de intimidación contra los que se atreven a investigar los vínculos entre Ejército, paramilitares y sicarios de La Terraza -la banda criminal más temible del país-, implicados en el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón el pasado l3 de agosto en Bogotá. A raíz de este crimen que conmocionó al país, importantes columnistas señalaron a "elementos extremos en las Fuerzas Armadas" como responsables del asesinato. Se armó un gran revuelo y desde distintos estamentos se pidió un debate "serio y público sobre las Fuerzas Armadas y la guerra sucia".

'Depuración' interna

El diario El Tiempo -que tradicionalmente ha respaldado al Ejército- se refirió en un editorial a la vinculación de oficiales en servicio a varios magnicidios, entre ellos en el caso del asesinato del ex candidato conservador Álvaro Gómez Hurtado, y concluyó que, en materia de depuración dentro del Ejército, "aún falta avanzar".

Para el vicepresidente colombiano, Gustavo Bell, el informe de HRW tiene un objetivo evidente: "Entorpecer el trámite legislativo de la ayuda norteamericana en Colombia". José Miguel Vivanco, director para América de HRW, dice que no es cierto, que lo que se pretende es que se revise el plan de ayudas, se balancee la distribución de los recursos y se dé apoyo, entre otras instituciones, a la fiscalía.

[El zar antidrogas de EEUU, Barry McCaffrey, dijo ayer en la base de Tres Esquinas, en la región sureña colombiana de Caquetá, que la ayuda militar de su país "reintroducirá la ley en el sur" de Colombia, informa Reuters. También respondió al informe de una ONG colombiana que advirtió la víspera de que 150.000 civiles serán desplazados si se aplica el plan contra los cultivos de coca en el sur del país. McCaffrey dijo que "el coste [los desplazados] es muy modesto si se lo compara con el daño que causan la cocaína y la heroína", informa Efe.]