Fraude en las ayudas a la ciencia médica

Las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas sobre el Fondo de Investigación Sanitaria (FIS)empiezan por constatar que "el Gobierno carece de información elaborada sobre las cifras del gasto total de investigación sanitaria en nuestro país", por lo que el tribunal ha tenido que hacer su propia estimación: 18.000 millones de pesetas anuales. Una cifra que sólo alcanza el 0,55% de los presupuestos en salud y que se queda a la mitad del objetivo mínimo (1%) establecido en la Ley General de Sanidad. Aunque la fiscalización se refiere a 1996, abarca algunas actuaciones de los dos años anteriores, correspondientes a la etapa de gobierno socialista, y a la gestión del FIS ya bajo el mandato del PP.Las irregularidades comprobadas empiezan en la selección de los proyectos que reciben ayudas públicas. Proyectos que ni siquiera han quedado depositados en un registro, ni en el Ministerio de Sanidad ni en el Instituto de Salud Carlos III, del que depende el FIS desde 1996, lo que de por sí contraviene la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal de Cuentas afirma que "la gestión del procedimiento (para la evaluación de las solicitudes de subvenciones) ha presentado irregularidades que han afectado a la equidad del acceso a las ayudas y a su transparencia, infringiendo el principio de objetividad proclamado en la Ley General Presupuestaria". Unas anomalías que, según añade, quedaron subsanada en las ayudas aprobadas para 1999, pero que durante años han sido de este calibre: un 5,7% y un 9,4% de los investigadores que recibieron ayudas en 1994 y 1995 formaban parte de las propias comisiones técnicas de evaluación de las solicitudes de ayudas; la dirección del Fondo de Investigación Sanitaria no ha podido facilitar al Tribunal de Cuentas la documentación del nombramiento de los miembros de esas comisiones técnicas de evaluación ni el de los expertos para el resto de las solicitudes de ayudas en el periodo 1994-1997; 29 personas que efectuaron evaluaciones no figuraban en la composición de las comisiones técnicas de evaluación, y hubo un elevado porcentaje de reuniones a las que sólo asistieron uno o dos miembros de la comisión. El Tribunal de Cuentas especifica que ese tipo de reuniones sin quórum contraviene la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y hace que los acuerdos tomados en ellas "adolezcan de un vicio de nulidad de pleno derecho".

El tribunal afirma que "las gerencias y direcciones de los centros beneficiarios de las ayudas para proyectos de investigación durante el periodo 1994 a 1998 han justificado y certificado datos que no son reales en las memorias finales que envían al FIS, lo que pone de manifiesto la existencia de posibles responsabilidades contables por parte de quienes extendieron tales justificaciones y certificaciones(...). Además, los titulares de las citadas gerencias podrían haber incurrido en responsabilidades penales por la consignación de datos falsos en las memorias".

El tribunal ha comprobado en la fiscalización de 11 centros hospitalarios que no habían sido remitidas al FIS las memorias económicas de 35 proyectos financiados con dinero público, lo que dejaba pendiente de justificar subvenciones por un total de 220 millones.

La dirección del Fondo de Investigación Sanitaria no ha elaborado instrucciones generales sobre el contenido de las memorias de cada investigación ni ha organizado un sistema de información que permita evaluar en cada centro la calidad científica de los proyectos ejecutados y los gastos que efectivamente han generado, según el Tribunal de Cuentas. "En cada centro", relata en el informe que ha enviado al Parlamento, "se registran los datos para el seguimiento de la investigación libremente y la información resultante es escasa, poco fiable y difícilmente comparable, e impide conocer la aplicación indebida de las subvenciones concedidas. El Tribunal de Cuentas", según sus propias palabras, "se ha visto limitado para conocer la justificación de la subvenciones del Fondo de Investigación Sanitaria en aquellos centros en los que no se registran e identifican los gastos por subvención -Escuela Andaluza de Salud Pública (Granada), hospital de la Santa Cruz y San Pablo (Barcelona y hospital universitario clínica Puerta de Hierro (Madrid)- y en aquellos en que los registros anotan los gastos pero no los identifican con los justificantes de gasto -hospital universitario Virgen de las Nieves (Granada), hospital Aránzazu (San Sebastián) y hospital General Universitario (Alicante)-. En ambos casos no existe garantía de que los justificantes de gasto entregados al Tribunal de Cuentas se correspondan con gastos de los proyectos para los que se concedieron las subvenciones, lo que, además de constituir una limitación al alcance de esta fiscalización, pone de manifiesto la existencia de posibles responsabilidades contables" y, por tanto, la obligación de reintegrar las cantidades no justificadas.

Según el tribunal, el FIS no ha realizado una evaluación del contenido económico y científico ni otras pruebas de control que justifiquen la inversión realizada. De los 11 centros analizados, sólo cuatro realizan convocatorias públicas para ofrecer plazas de becarios asignados a proyectos de investigación. Los demás los eligen "de forma discrecional, sin ningún tipo de concurrencia ni publicidad".

Entre 1994 y 1998 las ayudas para proyectos de investigación tardaron más de cien días en llegar a sus destinatarios desde que fueron aprobadas, según el muestreo realizado en 11 hospitales. Ese retraso llegó a ser de unos cinco meses en el caso de las subvenciones destinadas a infraestructuras para la investigación.