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Editorial:

Garzón, contra la Junta

POR DELITOS de genocidio, terrorismo y torturas, el juez Garzón, después de tres años de instrucción sumarial, ha decidido procesar y dictar orden de búsqueda y captura contra 12 miembros de las juntas militares argentinas, entre ellos, el general Videla y el almirante Massera, y más de 80 jefes castrenses directamente comprometidos con la represión que siguió al golpe militar de 1976. La lectura del auto pone de relieve la amplitud del horror de aquella guerra sucia que provocó entre 15.000 y 30.000 muertos y desaparecidos -ni siquiera se sabe con exactitud la cifra- y puede servir de recordatorio para quienes lo olvidaron o de información para quienes por razón de edad no llegaron a conocerlo. Garzón vuelve a dar un impulso a la lucha contra la impunidad de crímenes contra la humanidad. Pero su acción no está exenta de problemas.El caso argentino guarda alguna similitud con el de Pinochet, detenido en Londres en virtud de un auto dictado por el mismo juez. Pero entre ambos hay también notables diferencias. A diferencia de lo que sucedió en Chile, los miembros de las juntas militares argentinas fueron juzgados y condenados, aunque fueran indultados luego. Otros, de menor rango pero no menor crueldad, se libraron al amparo de las vergonzantes leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, un borrón y cuenta nueva que dejó algunos resquicios.

Cuando Menem llegó a la presidencia de la República, en 1990, decretó un indulto para todos estos condenados. ¿Puede la justicia española inmiscuirse, no ya en unos crímenes contra la humanidad, sino en una medida de gracia adoptada por un Gobierno democráticamente elegido? ¿Qué pensaríamos si un juez extranjero removiera acusaciones contra antiguos responsables de torturas u otros crímenes en el franquismo, ignorando la Ley de Amnistía de 1977?

Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estableció hace un año la competencia de la jurisdicción española en la materia, entre otras cosas, porque hay más de 500 ciudadanos españoles muertos o desaparecidos en aquella represión, y sobre todo, porque consideró, lo que Garzón recoge ahora de nuevo, que las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida no suponen indultos, sino la despenalización de conductas, frente al principio de protección universal dispuesto en la legislación española.

Menem siempre ha rechazado las actuaciones de Garzón, por lo que es impensable que acceda a la extradición, y harto improbable que le corrija su sucesor electo, Fernando de la Rúa. Por lo que respecta al general Videla, está incurso en un nuevo sumario penal en Argentina por el robo de niños, una excepción a la Ley de Punto Final. El único efecto inmediato puede ser que los procesados no puedan abandonar su país, so pena de correr el mismo destino que Pinochet.

El Gobierno de Aznar se encontrará pronto encima de la mesa con el abultado dossier de un centenar de demandas de extradición que, según su propia doctrina, no puede sino tramitar. Pero el comprensible afán de justicia puede llevar a situaciones de inseguridad jurídica. Aceptado que los crímenes contra la humanidad no prescriben, y mientras nace la Corte Penal Internacional, el nuevo auto de Garzón pone en evidencia que la globalización judicial se está produciendo sin reglas claras y a golpes de voluntarismo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de noviembre de 1999