Garzón imputa a 29 militares argentinos por genocidio

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictó ayer una resolución por la que imputa a 29 militares argentinos delitos de genocidio, terrorismo y torturas, dentro de la causa que instruye por las atrocidades cometidas durante las dictaduras argentina y chilena. El magistrado ya había imputado por estos delitos a 157 militares argentinos, entres ellos a miembros de las tres juntas militares, y no se descarta que dicte auto de procesamiento contra los principales implicados, como le han solicitado las principales acusaciones en el proceso.Los nuevos implicados están relacionados con los crímenes cometidos en la provincia de Tucumán, de donde era gobernador Antonio Domingo Bussi, a quien le encontraron el año pasado cuentas en Suiza. Bussi ha permanecido en el cargo hasta hace poco tiempo.

En Tucumán, según las acusaciones, estuvo situado el primer centro clandestino de detención de Argentina, en febrero de 1975, que era conocido como La Escuelita. También allí comenzó la intervención del Ejército a través del operativo llamado Independencia. En esas fechas hubo unos 500 desaparecidos y se cometieron grandes atrocidades, como arrojar al mar a detenidos desde helicópteros.

Los imputados por Garzón son Luis Santiago Martetta, Fernando Humberto Santiago, Jorge Antonio Maradona, Raúl Fernández Cutillo, Antonio Llamas, Alberto Ruiz Cattano, Eugenio Antonio Barrozo, Roberto Luis Vera, Benito Palomo, conocido como Lafuente, Rizzo Avellaneda, José Roberto Abba, Hector Mario Schwab, Luis Fabián Rodríguez Quiroga, Marcos Fidencio Hidalgo, Raúl Rubén Bessieres, Félix Arturo González Naya, Roberto Barraza Sowinsky, Jorge Warness, Roger Luján, Jorge Jarolesjki, Ernesto Rivero, Marcial Pérez Carvallo, Américo Gómez, Víctor Sánchez, Héctor Domingo Calderón, Ricardo Galdeano, Ismael Haonache y Maulio Torcuato Martínez.

Garzón considera que los hechos denunciados revisten caracteres de delitos de genocidio, terrorismo y torturas, cuya competencia tiene atribuida, por lo que admite la querella presentada el 16 de marzo por la formación política española Izquierda Unida.