La Asamblea venezolana confirma a Chávez en la jefatura del Estado

El proceso de toma del poder absoluto en Venezuela por parte de la Asamblea Constituyente rueda a tal velocidad y la resistencia ofrecida hasta ahora por el Parlamento, el Tribunal Supremo y lo que queda de los partidos políticos de oposición ha sido tan menguada, que la convención, dominada por Hugo Chávez, se está envalentonando. La Asamblea, que se reunió ayer con el fin declarado de liquidar la autonomía del Supremo, se limitó a confirmar la continuidad de Chávez como presidente.

Este aplazamiento no representa claudicación de principios, pues algunos de los miembros de la conveción plantearon ayer que, pasadas las primeras alharacas, buscarán el momento adecuado para dar el golpe de gracia definitivo al Congreso. La rendición de esta Cámara, que a finales de julio suspendió sus actividades legislativas y envió a los diputados a casa hasta octubre, fue recibida por la Asamblea como un triunfo parcial, pero insuficiente, pues la mayoría de la opinión pública juzga a los legisladores culpables de la corrupción que ha llevado a este país, millonario en ingresos por ser el tercer exportador mundial de petróleo, a niveles de miseria y desigualdad equiparables a las naciones más pobres del continente.En este ambiente de lapidación pública, uno de los asambleístas más influyentes, Ricardo Combellas, declaró ayer a la prensa que la convención "debe destituir a diputados y senadores en sus funciones; veremos el momento oportuno", en lo que también convinieron otros compañeros de convención.

Cada vez más insurrecta, la actitud de la convención contrasta con los mensajes de moderación del propio Chávez y de su ministro de Exteriores, José Vicente Rangel, preocupados por la imagen en el exterior, donde la Asamblea se ha arrogado el derecho de decidir el destino de parlamentarios, magistrados, gobernadores, cúpulas sindicales e incluso de la Constitución de 1961, en vigor aunque moribunda, sin esperar a que se apruebe en referéndum la nueva Carta Magna.

El propio presidente declaró a EL PAÍS que no creía necesario disolver la Corte Suprema, de lo que sus partidarios hacen una interpretación un tanto sui géneris: basta con acabar con su autonomía. "Hay que derogar algunas normas que tienen que ver con el poder judicial, las que le reconocen su autonomía", dijo ayer otro constituyente, Elías López Portillo. "Ya no será autónomo, sino subordinado a la Asamblea".

Las fuentes de la oposición consultadas, sin embargo, consideran que no se está abriendo una brecha entre el presidente y sus seguidores, mayoritarios en la convención surgida de las elecciones del 25 de julio, día de luto para los partidos tradicionales, sino que Chávez sostiene por una parte un discurso frente a los inversores internacionales mientras, por la otra, mantiene una práctica política más radical en el interior, como demuestran las acciones de sus partidarios en la Asamblea.

Todo este proceso se da entre las advertencias de los pocos opositores dentro de la convención, en el sentido de que los constituyentes están dando un golpe de Estado, admonición que el sábado causó hilaridad en la sala de plenos, indiferencia en la mayoría de los asambleístas, que votaron a favor de otorgarse plenos poderes para seguir adelante con el desmantelamiento de las instituciones, y nula reacción en contra de los partidos tradicionales y de los medios de comunicación.

Después de aprobar su estatuto de funcionamiento, la Asamblea se reunió ayer por la tarde con dos asuntos importantes que tratar: la ratificación en su cargo del presidente de la República, que el jueves pasado presentó su renuncia ante los constituyentes para simbolizar el poder absoluto de la convención, y decidir el futuro de la Corte Suprema. Cumplió con lo primero y aplazó lo segundo. [Por otra parte, Chávez destituyó ayer al general Noel Martínez, jefe del Ejército. "Lo único que voy a decir es que ordené una investigación y que con el cambio busco fortalecer la disciplina, el espíritu de cuerpo y la continuidad en la armonía que debe darse en el trabajo en el Ejército", dijo Chávez.

Martínez había sido acusado por otros generales de utilizar los servicios secretos para espiarles y grabarles conversaciones telefónicas privadas, lo cual creó malestar y tensión en los altos mandos, informa Efe.]