Un grupo de profesoras que enseñaron euskera en la clandestinidad piden un reconocimiento económico

Un grupo de 23 profesoras que en el régimen franquista enseñaron euskera y otras materias en este idioma en la clandestinidad y, después, en las ikastolas nacidas en los años sesenta reclaman al Gobierno vasco un reconocimiento económico por los años que trabajaron y no pudieron cotizar a la Seguridad Social. Las profesoras, que se han jubilado o están a punto de hacerlo, solicitan que su aportación a la sociedad "en un momento muy difícil y en una labor cuyos frutos vienen recogiéndose desde hace años", no repercuta negativamente en sus pensiones.

Las protagonistas de la historia aguardan una solución y destacan que con su reclamación, tramitada en forma de queja ante el Ararteko, no pretenden "ir en contra de nadie, sino sólo lograr un reconocimiento, como se ha hecho con otros colectivos que trabajaron por el País Vasco", afirma su portavoz, la donostiarra Karmele Esnal. Esta no es la primera vez que el colectivo de profesoras, 22 de las cuales ejercieron en Guipúzcoa y una en Vizcaya, se dirige a la institución con la intención de que reconozcan sus derechos. Esnal recuerda que ya hace unos años presentaron una petición similar al anterior ararteko, Juan San Martín, quien les animó a proseguir con su reivindicación. Las gestiones iniciadas no dieron su fruto. "Las cosas se movieron pero no llegaron a buen puerto, porque las autoridades tendrían algo más importante en qué pensar o porque todas éramos mujeres y no les importaba nuestro problema", se lamenta la profesora ya jubilada. Actualmente las cosas parecen ir por mejor camino. Su caso está siendo estudiado por el Departamento de Hacienda, después de que el Ararteko decidiese respaldar al colectivo y dirigiese una reclamación en este sentido. "Una petición de justicia" La recomendación de la institución que dirige Xabier Markiegi se remonta a mayo del año pasado. Alegaba la "justicia" de la petición de las profesoras y pedía concretamente que "la cantidad que perciban en el momento de la jubilación se corresponda con los años realmente trabajados". A su juicio, la diferencia económica debería correr a cargo de las arcas de la comunidad autónoma. De esta forma, las maestras "no sufrirían unas consecuencias negativas derivadas de haber trabajado en unas condiciones precarias a favor el euskera". El Ararteko ha remitido a la vicelehendakari y consejera de Hacienda, Idoia Zenarruzabeitia, un nuevo escrito en el que recuerda la queja planteada y destaca la respuesta positiva dada por el Gobierno central a un caso similar, consistente en el reconocimiento a los sacerdotes de la Iglesia Católica secularizados de los periodos de actividad religiosa como cotizados a la Seguridad Social. Con esta resolución, el Gobierno de Madrid posibilita que estos religiosos puedan cobrar sus pensiones íntegras pese a no haber cotizado por su exclusión del sistema de cobertura social. A los argumentos de "justicia", el Ararteko añade el escaso esfuerzo económico que la Administración debería realizar para complementar las pensiones de estas 23 personas, 7,4 millones de pesetas (44.475 euros), según sus cálculos. La institución se adelanta al posible temor del Gobierno de que, tras aceptar el pago de las compensaciones, surjan nuevas reclamaciones y explica que, caso de producirse este supuesto, el colectivo de afectadas aumentaría muy poco. "Si bien no contempla el 100% de las afectadas, la relación de 23 personas se acerca de manera importante a ese porcentaje. El margen de error es de un máximo de 10 personas", explica el Ararteko. Según la relación de la institución de defensa del ciudadano, 22 de las profesoras realizaron su trabajo en Guipúzcoa y una en Vizcaya. La ausencia de representantes de Álava se debe, a juicio del Ararteko, a que este territorio "no parece haber vivido el problema de la clandestinidad, pues las ikastolas llegaron cuando la situación se encontraba prácticamente normalizada".