Tendencia a rebajar y aplazar la reforma de la política agraria

La negociación sobre la Política Agrícola Común (PAC) aproximó posiciones pero, pese a ello, quedó estancada. De tal manera que los Quince confiaron a un equipo de expertos, formado por la presidencia alemana y por la Comisión Europea, que elaborase con detalle durante la noche las posibles alternativas y las ofreciese de nuevo en la sesión de hoy.La tendencia dominante apunta a ponerle algunas mellas al acuerdo final -limitando su alcance y aplazando su ejecución- que alcanzaron los ministros de Agricultura, cuyo coste se considera excesivo en 7.000 millones de euros (1,16 billones de pesetas) a lo largo del período.

Entonces, la Comisión propuso una reducción de las ayudas directas al agricultor -en cereales y carne-, que podría rebajar la factura en 6.000 millones de euros. Pero en cambio, habría que aumentar la ayuda al desarrollo rural en unos 3.000 millones, para no dejar desatendidos a los más perjudicados.

Faltaba encontrar dónde reducir 4.000 millones para lograr la rebaja deseada de 7.000. El límite pactado para el gasto agrícola por la mayoría de los primeros ministros en su última cumbre informal de Petersberg se sitúa en los 40.500 millones de euros anuales.

Reformas aplazadas

Ayer, la idea que más aceptación encontró fue aplazar la reforma de la leche, por lo menos un año -hasta final del 2002-, e incluso algo más: Francia se dijo dispuesta a dejarla para el 2006. La reducción de los precios de intervención seguirían lo pactado por los ministros, una reducción del 15%, en tres fases.El problema del aplazamiento es que no permitiría anticipar la modernización del sector, para prepararlo a la plena competitividad que supondrá la ronda del milenio de la Organización Mundial del Comercio.

En cuanto a los cereales, la reducción del precio a partir del cual Bruselas compra y almacena se vería comprimida: sería sólo del 15%, en lugar del 20%. A corto plazo eso beneficia a los agricultores, pero no está tan claro que sea tan positivo para la competitividad de la agricultura europea como sector.

El problema de la reducción del precio de intervención es que provoca un descenso en la renta de los agricultores, que sólo se compensa parcialmente a través de las ayudas directas a los mismos.

Inicialmente, la Comisión propuso reducciones de entre el 20% y el 30% para los distintos productos, ambición que ahora ha quedado muy mermada. Seguramente para satisfacción de la gente del campo, pero a costa de sacrificar ventajas a los consumidores.