La instrucción del 'caso Brouard' tropezó durante 14 años con múltiples dificultades
"No parece que sea imposible identificar a los autores del asesinato del dirigente abertzale, aunque nos lleve tiempo". La frase, pronunciada por el abogado Txema Montero en mayo de 1985, era un anuncio de la tenacidad que tendría que tener el representante de la familia Brouard para impulsar la investigación. Pero Montero jamás se ha dado por vencido. Aun hoy, 14 años después del asesinato, mantiene una férrea prudencia, explicable si se tienen en cuenta los tortuosos avatares de un sumario instruido a trompicones tras pasar por las manos de numerosos jueces.
Desde que las balas disparadas por dos individuos asesinaran el 20 de noviembre de 1984 al pediatra Santiago Brouard, natural de Lekeitio (Vizcaya), la investigación policial y judicial ha sufrido múltiples tropiezos. Desde el primer momento, HB señaló a los "aparatos del Estado" como instigadores del atentado que costó la vida al presidente de HASI (Partido Socialista Popular Revolucionario). Y, en paralelo, desde los servicios policiales se sugirió que el crimen era una especie de enrevesado ajuste de cuentas ordenado por ETA. También se apuntó a dos pistoleros suramericanos que se desvanecieron de las investigaciones tan pronto como aparecieron.El propio Brouard había declarado unos días antes de morir: "Me amenazan mucho por teléfono y por anónimos. Igual algún día cumplen su amenaza. Conmigo lo tienen fácil porque todos los días voy andando de mi casa a la consulta y a veces al frontón". Los pistoleros, en efecto, lo tuvieron fácil: llamaron a la puerta de la consulta y dispararon al pediatra con una pistola Lathy-40 y una carabina Army Jagger, que abandonaron en el propio escenario del crimen.
La primera convulsión de la instrucción sumarial se produjo apenas dos meses después, con el relevo del fiscal Emilio Valerio tras declarar que el atentado se podía haber evitado y que algunas personas podían haber tenido conocimiento de lo que se iba a producir.
Indiscreción del fiscal
A la vez, la supuesta indiscreción de Valerio produjo la marcha atrás de un confidente que estaba dispuesto, a cambio de cinco millones de pesetas, a revelar datos del asesinato al comisario Antonio Rosino, encargado de las pesquisas. Pese a las sospechas de que detrás del atentado estaban los GAL la Comisaría General de Información respondió lacónicamente al juez que apenas tenía datos de esa organización.No fue la pericia ni el celo policial lo que en 1985 arrojó la primera luz a una investigación tenebrosa. Fue la inesperada declaración de Miguel Ángel López Ocaña ante el juez Carlos Bueren a propósito del asesinato de su cuñado Alberto Granados Céspedes, un choricillo y confidente al que los jefes de la trama decidieron sellar la boca con una bala. Tirando de este hilo se llegó hasta un hermano de aquél, Rafael López Ocaña, que acabó siendo condenado por el atentado de Brouard en 1995.
El nombre de Luis Morcillo -encarcelado el pasado miércoles como supuesto autor del asesinato del presidente de HASI- figuraba en el sumario desde 1985. Pero, curiosa e inexplicablemente, nadie había reparado en él hasta varios años después. Durante los últimos años, Morcillo estuvo esfumado: una temporada en Verín (Ourense) y otra temporada en Ecuador. Finalmente, fue detenido en España en julio de 1997 por una tontería: en relación con un lote de 100.000 pastillas de éxtasis, aunque, en realidad, estaban fabricadas con cafeína.
