El magistrado intenta confirmar la implicación policial en el caso

El juez del caso Brouard quiso ayer despejar una de las múltiples dudas que han planeado durante la instrucción de este sumario: la veracidad de un informe policial que apuntaba a las Fuerzas de Seguridad del Estado como responsables de la muerte de Brouard, el famoso informe Rosino. El juez tomó declaración como testigo al comisario Antonio Rosino.Rosino fue el primer policía de la jefatura de Bilbao que se hizo cargo de la investigación del atentado. Durante la instrucción del sumario, previa al juicio, celebrado en la Audiencia de Bilbao en mayo 1993, se apuntó la existencia de un informe policial interno, realizado supuestamente por el citado comisario, en el que se apuntaba como hipótesis de trabajo que el atentado era obra de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Al término de la declaración de Rosino, el juez ordenó la práctica de una prueba caligráfica para comprobar si la letra de éste y su firma coinciden con la que figura al final de ese documento. El informe obra en el sumario y la intención del juez es despejar la duda de su autoría. Posteriormente, y tras el traslado de Rosino, la investigación recayó en el inspector de policía Julio Hierro, condenado por el secuestro de Segundo Marey.

El fiscal Valerio

Se da la circunstancia de que Rosino fue el policía que, a los pocos días del crimen, contó al entonces fiscal del caso, Emilio Valerio, que había recibido información directa y trascendental a través de un confidente. El fiscal confió a un periodista de la Cadena SER que había una "trama negra localizada en un servicio policial o de inteligencia" y la difusión de la noticia "encendió las luces rojas de todos los aparatos del Estado", según Txema Montero.El confidente en cuestión era Alberto Granados Céspedes, asesinado en agosto de 1985 por su cuñado Miguel Ángel López Ocaña, hermano de Rafael, condenado a 33 años como coautor del asesinato de Brouard. El ya fallecido Miguel Ángel López Ocaña le descerrajó varios tiros al grito de "chivato cabrón, te voy a matar". La razón: la información que estaba dando Granados Céspedes a Rosino sobre al atentado del dirigente independentista vasco.

Tanto en la primera instrucción del caso como en el juicio, Miguel Ángel López Ocaña se autoinculpó del asesinato de Brouard con la finalidad de evitar que fuera condenado su hermano. Él ya tenía a sus espaldas una pena superior a los 30 años de prisión por el asesinato de Granados. Pero nadie le concedió ningún crédito. Una de las jueces del caso llegó incluso a realizar una reconstrucción de los hechos y Miguel Ángel fue incapaz de encontrar el portal y el piso de la consulta del doctor Brouard.