Las razones de la protesta de los agricultores

Durante la campaña 1997-98, el sector agrario español tuvo unos ingresos procedentes del Feoga de unos 5.000 millones de euros (850.000 millones de pesetas), de los que cerca de 4.200 millones de euros (700.000 millones de pesetas) se pagaron como ayudas directas a las explotaciones.Frente a esos apoyo, según diferentes estimaciones de las organizaciones agrarias, las propuestas de cambios en la Política Agrícola Común (PAC), a debate por los ministros de Agricultura comunitarios, podrían suponer, entre los años 2002 y 2006, unas reducciones de ingresos que van desde los 3.600 a 5.400 millones de euros (de 600.000 hasta los 900.000 millones de pesetas), según diferentes cálculos.

El sector teme perder ayudas establecidas ya en 1992, el hundimiento de los mercados, las importaciones masivas desde terceros países sin posibilidad de competir y, en definitiva, que una parte del campo se vaya abandonando. Éstas serían algunas de las razones de las protestas y las reivindicaciones agrarias.

Cultivos herbáceos. La propuesta es mala para toda la UE, pero mucho peor para España, al tener unas explotaciones menos competitivas y con menores rendimientos.

- El sector rechaza la propuesta de la Comisión para rebajar un 20% los precios de intervención, que suelen ser los que marcan los precios del mercado, pasando de 119,19 euros por tonelada (unas 20 pesetas por kilo) a solamente 95,35 euros por tonelada, que equivalen a 16 pesetas por kilo para todos los cereales.

-Se rechaza por insuficiente una subida de las ayudas por hectárea de 54,34 euros por tonelada a 66 euros por tonelada, lo que se traduciría solamente en aumentar las ayudas de 9 a 11 pesetas por kilo, con graves pérdidas de rentas.

-Las ayudas para las oleaginosas, en España con especial incidencia en el girasol, pasarían de 94 euros por tonelada a solamente 66 euros por tonelada, lo que supondría rebajar las ayudas por hectárea unas 12.000 pesetas. Con estos pagos compensatorios, Administración española, agricultores e industriales coinciden en señalar que se reduciría el cultivo del girasol de 1,1 millones de hectáreas a solamente unas 600.000, con el consiguiente abandono de casi 500.000 hectáreas en ambas mesetas, donde no existen otras alternativas de cultivo. El sector se opone al exterminio del girasol, que hoy es una especie de comodín de siembras para el sector agrario en momentos difíciles.

-Se rechaza la posibilidad de que se unifique el rendimiento específico del maíz, unos 6.500 kilos por hectárea, con los 4.500 kilos de promedio que tienen asignados como rendimientos el resto de las superficies de regadíos en España.

-Bruselas propone retrasar los pagos que actualmente se hacen en los últimos meses de cada año al primer trimestre del año siguiente

-España reclama en Bruselas que se aumenten los rendimientos asignados en 1992 al conjunto de los cultivos herbáceos, que ascienden a una media de 2.650 kilos por hectárea, frente a rendimientos en otros países comunitarios superiores a los 5.000 kilos por hectárea. España tiene asignado el rendimiento por hectárea más bajo de toda la UE, algo que no pudo mejorar el anterior Gobierno socialista y tampoco la actual ministra de Agricultura, Loyola de Palacio.

-La elevación de ese rendimiento asignado a España es fundamental para las rentas agrarias en cuanto las ayudas se pagan en función de los rendimientos por hectárea que haya fijado Bruselas.De ahí que se trate de una reivindicación indispensable para España, pero a la que se oponen el resto de los países por suponer más gastos.

Carne de vacuno. La propuesta es negativa para todos los países, aunque afecta especialmente a los del norte, que eran los más beneficiados por ser los mayores productores y los que vendían más carne a la intervención.En España, el principal problema es no tener una cuota de primas para vacuno suficiente.

-El sector se opone a la propuesta de la Comisión de rebajar los precios de intervención un 30% en tres tramos a partir del año 2000, rebaja que se considera excesiva.

-Bruselas propugna una política de almacenamiento privado a partir del año 2002 para la regulación del mercado. Este sistema es el que se aplica actualmente en el sector del porcino y donde se ha puesto de manifiesto su ineficacia en los últimos seis meses, escenario de la crisis más grave en este producto.

-Para compensar esta dura reducción de los precios, la Comisión plantea elevar las ayudas tanto para vacas nodrizas como para vacunos machos. España acepta esa subida, pero se teme que, a corto plazo, los precios sigan en niveles bajos y que la Comisión abra nuevamente el melón de los recortes de ayudas para reducir gastos.

-El sector de vacuno rechaza el sistema de ayudas al vacuno macho mientras no se incremente el número de animales con derecho a prima. Ahora hay un techo para recibir las ayudas de 603.674 cabezas, frente a unos sacrificios anuales de un millón de unidades. Esto supone que cada año, los ganaderos españoles de vacunos machos, en lugar de recibir la ayuda plena como sucede en otros países comunitarios, tengan una grave penalización de la misma. España reclama como punto de partida una cuota de vacunos machos con derecho a la ayuda cercana al millón de unidades.

Leche de vaca. La Comisión propone reducir los precios de intervención el 15% en cuatro campañas a partir del año 2000, estableciendo en su lugar una nueva e importante ayuda directa por vaca de la explotación. El sector no rechaza la cuantía de esa prima, pero no admite el sistema fijado por Bruselas para calcular el número de vacas por explotación con derecho a la ayuda.

-La Comisión propone que, para calcular ese número de vacas primables en una explotación, se divida la cuota de ese ganadero por un rendimiento medio por animal de 5.800 kilos al año. En España, ese rendimiento es inferior, con lo cual, en una explotación con 50 vacas solamente recibirían la ayuda unos treinta animales.

-España reclama aumentar la cuota actual de 5,6 millones de toneladas en un millón de toneladas más para aflorar ese casi millón de toneladas que hoy producen los ganaderos y lo tiene que malvender a la industria para no incurrir en penalizaciones. El aumento de la cuota para España hasta niveles cercanos a su consumo se debería producir sin un aumento de cuota en el resto de los países donde hay excedentes lácteos. Bruselas propone aumentar la cuota un 2%.

Vino. La propuesta de la Comisión para el vino es mucho mejor que la que se rechazó en 1994. El documento actual plantea menos rechazos, si bien el sector agrario español reclama el mantenimiento de un presupuesto como mínimo de 1.300 millones de euros, la prohibición del enriquecimiento artificial de los vinos en el norte de la UE, y la no cofinanciación de la política de reestructuración del sector con recursos nacionales

Reducción del gasto agrícola. Junto al rechazo de las condiciones marcadas en las propuestas para las reformas de las Organizaciones Comunes de Mercado para herbáceos, carne de vacuno, leche de vaca y vino, los agricultores protestan por la propuesta de la Comisión para rebajar progresivamente los gastos en materia agrícola que se aplicarían a partir del año 2002 para los herbáceos, del 2004 para carne de vacuno y del año 2005 para leche de vaca, aunque está por definir desde cuándo habría recortes para el resto de los productos agrarios que reciben ayudas.

-Los agricultores se oponen a una reducción de las ayudas como las previstas por Bruselas por estimar que el tipo de agricultura comunitaria, por el tamaño de sus explotaciones, no puede ser competitivo con las agriculturas de terceros países. Esta situación, grave para el conjunto de los países comunitarios, es mucho peor para España, ante la existencia de unas explotaciones menos competitivas en ambas mesetas por sus condiciones climatológicas y sus menores ayudas por hectárea. Mientras una hectárea media en Francia percibe unas 50.000 pesetas de ayuda, en España sólo percibe 23.000.

-El sector agrario rechaza que Bruselas trate de desmantelar las ayudas antes de que lo exija la nueva ronda de negociaciones de la Organización Mundial de Comercio que se abre en diciembre, pero donde existe una cláusula para mantener los apoyos hasta el año 2003.

Los agricultores rechazan el tope de los 5.000 euros, unas 832.000 pesetas de ayudas, para no aplicar la reducción del 3%. Hoy no hay explotaciones viables familiares que puedan subsistir con unos ingresos menores de los tres millones de pesetas, que equivaldrían a esas ayudas comunitarias.