"La ley se aplica sin conflictividad ni ruptura social"

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol; el consejero de Cultura, Joan Maria Pujals, y el director general de Política Lingüística, Lluís Jou, coincidieron ayer en recalcar que la Ley de Política Lingüística está consiguiendo "buenos resultados" en el avance del catalán y al mismo tiempo se aplica "sin conflictividad ni ruptura social". "Todos los tonos apocalípticos, de ruptura de la convivencia, se han demostrado erróneos", afirmó Pujol.El Gobierno de Convergència i Unió (CiU) hizo ayer balance del primer año de aplicación de la Ley de Política Lingüística aprobada en el Parlamento catalán con el rechazo, por motivos opuestos, del Partido Popular (PP) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Esta norma sustituyó la Ley de Normalización Lingüística, que había sido aprobada casi por unanimidad en 1983.

En un año, el Ejecutivo catalán ha aprobado cinco decretos de desarrollo de la ley, de los cuales tres han sido recurridos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por Convivencia Cívica Catalana (CCC), la plataforma que preside el senador del Partido Popular (PP) Aleix Vidal-Quadras: los que afectan a los documentos notariales, a la concesión de licencias de radio para emisoras comerciales y al cine.

Pujol hizo referencia a varias encuestas para afirmar que la ley "tiene una buena aceptación social" y que los ciudadanos consideran que era necesaria una nueva ley para avanzar en el uso del catalán. "Con la ley, el catalán pierde la consideración de lengua regional, minoritaria, y accede a áreas a las que sólo tienen acceso las grandes lenguas", añadió Jou.

Pujol valoró especialmente que, a su juicio, este avance del catalán -"un elemento fundamental de la indentidad nacional de Cataluña", insistió- se produce sin conflictos en la sociedad. "Afortunadamente, la población de Cataluña (catalanohablantes y castellanohablantes) valoran la ley, que se aplique gradualmente y que no se base en la coerción", aseguró el presidente de la Generalitat.

El balance que hizo ayer el Gobierno de CiU no pudo aportar todavía demasiados datos porque la mayoría de los decretos aún no han entrado en vigor y además establecen un largo periodo transitorio para favorecer la adecuación a las medidas legislativas.

Entre los logros que recalcó Pujol destacan la emisión en catalán de los recibos de servicios básicos de la vivienda (agua, electricidad, gas y teléfono) y la entrada del catalán en los registros de la Propiedad y Mercantil. Según una encuesta de la Generalitat, el 78% de los empleados en las grandes superficies catalanas responden en catalán si el cliente utiliza esta lengua. Asimismo, Pujals avanzó que el Gobierno de CiU ultima dos nuevos decretos de desarrollo de la ley: el de acceso a la función pública y el de regulación del nivel de conocimiento de la lengua.