El rompecabezas sanitario español

La posibilidad de transformar los hospitales del Insalud en fundaciones públicas dotadas de autonomía, una reforma introducida por el PP el lunes pasado como enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales, ha abierto en los últimos días dos polémicas simultáneas. La primera se refiere al apresurado procedimiento elegido por el Gobierno, que ha impedido de hecho el necesario debate parlamentario sobre lo que constituye la reforma más trascendente del sistema sanitario desde su creación.

La segunda refleja el temor de la oposición a que la enmienda del PP abra las puertas a una privatización parcial y encubierta de la sanidad pública, una sospecha que el ministro de Sanidad, José Manuel Romay, ha descartado de forma tajante, pero sin lograr convencer a los críticos.

El cuadro se complica aún más por el hecho de que el Insalud debe transferir las competencias sanitarias a las comunidades de su territorio antes de que acabe esta legislatura, según un compromiso del Gobierno reafirmado la semana pasada por el presidente del Insalud, Alberto Núñez Feijoo. Esas comunidades son todas menos Cataluña, Galicia, Valencia, Canarias, País Vasco, Andalucía y Navarra, que ya tienen transferida la sanidad.

Feijoo ha asegurado que la transformación de los centros en fundaciones debe partir de la petición de los propios hospitales. Por lo tanto, examinar la situación actual en esas siete comunidades que ya tienen las competencias puede dar una idea del panorama que le espera al resto en los próximos años. Esa es la intención de esta doble página, en la que también se revisan las dos experiencias piloto que llevan funcionando más de un año en el territorio del Insalud: las fundaciones que gestionan los hospitales de Alcorcón (Madrid) y Manacor (Baleares).

Las siete comunidades con competencias sanitarias han desarrollado, en mayor o menor medida, sistemas que dotan de cierta autonomía de gestión a sus hospitales, en un intento de mejorar su eficacia. Las experiencias son variopintas, desde los hospitales andaluces, que han ganado cierta autonomía sin que ello haya implicado un cambio de régimen jurídico, hasta el muy reciente ensayo valenciano del hospital de Alcira, más próximo a los modelos de gestión de la empresa privada que a los de fundación o empresa pública que dominan el resto del panorama.

Los objetivos declarados por los gobiernos autónomos son los mismos en las siete comunidades: más eficacia en los hospitales, posibilidad de reinvertir los ahorros en el propio centro, mejorar la atención al paciente —o al "usuario", como empiezan a denominarlo en algunas ocasiones—, dinamizar la gestión, descentralizar los procedimientos. Y las críticas son también similares: la introducción de pautas economicistas puede provocar que el criterio del ahorro se anteponga al principio de atención al ciudadano.