La Suprema Corte reactiva la orden de captura contra Cabeza de Vaca

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto este martes por unanimidad uno de los expedientes más controversiales de los últimos años: el caso del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El pleno del Supremo mexicano ha avalado el proyecto de la ministra Lenia Batres y ha resuelto revocar el amparo al político panista, con lo que se reactiva la orden de aprehensión librada en su contra por presuntamente incurrir en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La decisión reabre formalmente el frente penal contra el exmandatario estatal y valida la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) en un proceso que ha transitado por una compleja ruta judicial iniciada seis años atrás. Con todo, la orden de aprehensión se hará efectiva una vez que la corte notifique su sentencia ante un juez federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El origen del caso se remonta a las denuncias presentadas ante la fiscalía en julio y noviembre de 2020 por el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto. Las acusaciones señalaban presuntas operaciones financieras irregulares vinculadas al exgobernador. En febrero de 2021, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada solicitó a la Cámara de Diputados la declaratoria de procedencia, conocido como desafuero, que fue aprobada en abril de ese año en medio de una intensa confrontación política.

La resolución legislativa no puso fin a la controversia. En agosto de 2022, la entonces primera sala de la Corte invalidó la orden de aprehensión que había sido emitida previamente, al considerar que existió una invasión de facultades del Congreso de Tamaulipas, que sostenía que el gobernador conservaba fuero local. Esa decisión fue interpretada como un revés para la Fiscalía y dio oxígeno político a Cabeza de Vaca en la recta final de su administración.

El escenario cambió cuando dejó el cargo en octubre de 2022. Sin fuero constitucional, el Ministerio Público solicitó nuevamente la orden de captura por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Un juez de distrito, con sede en el Estado de México, concedió la solicitud y abrió una nueva fase judicial centrada en el juicio de amparo promovido por la defensa.

La nueva corte, que se ha integrado por el voto popular tras la elección judicial de 2024, ha validado este martes los argumentos presentados por la fiscalía para echar atrás el amparo concedido por una jueza a favor de Cabeza de Vaca que, de acuerdo a los ministros, incurrió en irregularidades, pero se han separado de la metodología empleada por Batres en el proyecto, lo que la ha puesto nuevamente en el centro la pericia jurídica de la togada. “[...] El juzgado de amparo, al conceder la protección, realizó una valoración que rebasó el marco de control constitucional, pues se adentró en un examen sustantivo que correspondía al juez natural dentro del procedimiento penal”, ha dicho la magistrada al fundamentar el proyecto.

En el debate, la base jurídica empleada por Batres ha sido criticada por sus homólogos. “El proyecto no responde los agravios planteados en contra de la sentencia que concedió el amparo, sino que se sustituye en el juez de control que debía resolver si se actualizaron los requisitos necesarios para librar la orden de aprehensión. Me preocupa la propuesta que está sometida a consideración de este pleno, pues coloca a la Corte en una posición que no le corresponde dentro del diseño constitucional que debemos proteger”, ha lanzado Yasmín Esquivel Mossa en su intervención. Una apreciación en la que han coincidido el resto de los togados.

Con esta resolución, el Supremo mexicano ha echado atrás el amparo concedido en diciembre de 2023, por la jueza de distrito, con sede en Tamaulipas, Adriana Yolanda Vega. Un recurso que liberó a Cabeza de Vaca de la orden de aprehensión girada en su contra desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, aunque meses atrás un tribunal de circuito ordenó dejar sin efecto el amparo y reponer el proceso.

Las acusaciones contra Cabeza de Vaca apuntan a su paso por el Gobierno de Tamaulipas (2016-2022). De acuerdo con el expediente, el exgobernador presuntamente favoreció a empresas afines a él entregándoles contratos de obras públicas para el Estado y de las que el empresario Baltazar Higinio —su presunto prestanombres y pariente de su suegro— era accionista y administrador. Los argumentos cobraron fuerza por el ingreso de Baltazar Higinio en 2008 en la lista de Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN, por sus siglas en inglés) por la Oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por una presunta actividad sospechosa de lavado de dinero por más de 4 millones de dólares.

En términos jurídicos, la resolución de la SCJN implica la activación de la orden de aprehensión para que el exgobernador pueda ser detenido y enfrente el proceso penal correspondiente. En el frente político, el fallo vuelve a colocar a Cabeza de Vaca en el centro de la narrativa del combate a la corrupción impulsada desde el Gobierno federal, mientras la oposición mantiene la tesis de que se trata de una persecución política.