La más avanzada en el sistema mixto de gestión

La Generalitat de Cataluña, gobernada por CiU desde hace 18 años, es la que más lejos ha ido en la aplicación de un modelo de provisión mixto de la Sanidad. Pero, en su caso, la aplicación de este sistema ha venido facilitado por la existencia de una amplia red de hospitales y servicios que, rigiéndose por el derecho privado, ya pertenecían a organismos públicos (diputaciones o ayuntamientos) y a fundaciones o entidades sin ánimo de lucro, como la que regía el famoso hospital de Sant Pau. De hecho, en Cataluña la red de la Seguridad Social sólo contaba -y sigue contando- con dos grandes hospitales públicos en el área de Barcelona (Vall d"Hebrón y Bellvitge) y otros tres en cada una de las otras capitales. El resto, hasta 67, son hospitales concertados, todos ellos regidos por fundaciones o consorcios.Pese a ser pionera en la implantación del sistema mixto y haberlo consagrado en una ley del Parlamento catalán, la Administración catalana no se ha salido nunca del marco de contratación pública, ya que se ha limitado a dos figuras jurídicas: el consorcio y la empresa pública. La Generalitat ha creado en este tiempo nueve empresas públicas para gestionar servicios sanitarios de todo tipo, desde los bancos de sangre al servicio de emergencias 061 o al Instituto Catalán de Oncología.

Ha creado, además, diez consorcios hospitalarios, entre ellos el de Barcelona, constituido conjuntamente con el Ayuntamiento. Estos consorcios son proveedores de asistencia sanitaria para la Seguridad Social, con la que mantienen un concierto, pero están presididos por un representante del Servicio Catalán de la Salud. Al final, quienes deciden son las mismas personas, que se ponen un sombrero u otro según sea la reunión que convocan.

Eso significa que la reforma de CiU no ha promovido en absoluto la competencia entre hospitales, entre otras cosas porque el concierto les asigna una zona concreta de población que deben atender. Lo que sí ha permitido, en cambio, es aplicar mecanismos de gestión empresarial y, sobre todo, tener un régimen de contratación laboral.

En cambio, el Instituto Catalán de la Salud (ICS), organismo que gestiona los cinco hospitales de la Seguridad Social y toda la red de asistencia primaria, no ha sido reformado en absoluto. La Generalitat alega que el marco legal español no se lo permite, pero lo cierto es que por mandato parlamentario tenía que haber presentado hace ya varios años un proyecto de reforma del ICS y aún no lo ha hecho.

Lo que sí ha hecho, en cambio, es ceder la gestión de los nuevos hospitales construidos por la Generalitat a sociedades anónimas de diverso signo, controladas la mayoría de las veces por consorcios, fundaciones, ayuntamientos u otras entidades.

Esta cesión de la gestión de servicios públicos a empresas ajenas a la Seguridad Social o a la Administración catalana está empezando a ser especialmente significativa en el caso de la asistencia primaria. En estos momentos ya se ha cedido la gestión de un total de 25 áreas básicas de salud, dos de ellas -una en Barcelona y otra en Vic- a sociedades constituidas por los propios médicos. Esta iniciativa fue en su día objeto de fuertes críticas y, aunque el Colegio de Médicos apostaba por generalizar esta forma de gestión a toda la red de atención primaria, de momento no ha pasado de estas dos experiencias piloto.