Los arroceros de Cádiz rechazan su responsabilidad en la mortandad de peces

La Asociación de Arroceros de Cádiz (Arroca) ha recordado a la Junta que el sulfato de cobre es un producto fitosanitario autorizado que se emplea desde hace 100 años "sin que se haya detectado ningún problema de toxicidad". Los arroceros responden así a la Junta, que informó de que la presencia masiva de ese producto era la causa más probable de la mortandad de peces en el Río Barbate. Sin embargo, el consejero de Medio Ambiente, José Luis Blanco, volvió a apuntar ayer al tratamiento del arroz como causante.

"A alguien se le ha ido la mano con los herbicidas, pesticidas, sulfatos de cobre o algún otro producto", aseguró Blanco en referencia a los análisis de las aguas del río Barbate, donde el pasado sábado se descubrió la muerte de unos 10.000 peces, informa Antonio Heredia. Sin embargo, el consejero puntualizó que estos datos están aún "sin confirmar". Los resultados definitivos del estudio, que se está realizando en el centro de cultivos marinos de Cádiz, se conocerán la semana próxima. Entretanto, los agricultores protestan "enérgicamente" por el hecho de que se impute a un cultivo y a un producto concreto la mortandad de peces y recuerdan que al río Barbate "llegan también aguas residuales de varias poblaciones y procedentes de actividades industriales". Estos agricultores, que dedican al cultivo del arroz 2.500 hectáreas de las 12.000 disponibles para riego en las zonas afectadas, sostienen que todos sus asociados han utilizado exclusivamente productos fitosanitarios autorizados. Práctica "respetuosa" Los arroceros recuerdan que el sulfato de cobre se emplea como alguicida (para matar algas) incluso en los arrozales situados en zonas ambientales estratégicas como el Coto de Doñana, la Albufera de Valencia y el Delta del Ebro. "La legislación es altamente estricta y la práctica agronómica muy respetuosa con el medio ambiente", señala Arroca en un comunicado. La Policía autonómica ha abierto ya una investigación sobre la mortandad de los peces, de los que se han recogido muertos más de 7.000 kilogramos por parte de los operarios de la empresa pública Egmasa, de la guardería forestal de Medio Ambiente y de un grupo de voluntarios de Agaden, asociación que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Cádiz. El delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Francisco Menacho, considera que esta unidad policial, con competencias en materia medioambiental, cuenta con recursos eficientes para averiguar la identidad de los autores del vertido. Menacho ha mostrado su malestar por la falta de efectividad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), ya que "ha actuado sólo cuando selo hemos pedido, pese a que el cauce público del río es de su competencia". El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Miguel Osuna, aseguró ayer que la actuación de la CHG ha sido correcta, pero que "en estos casos no valen los planteamientos políticos, sino los de carácter técnico".