La hija de Carmelo Soria pide ayuda a Aznar para evitar que el asesinato de su padre quede impune
"Ahora todo depende de España", aseguró ayer por teléfono Carmen Soria, hija de Carmelo, el funcionario español de la ONU asesinado en 1976 por la policía política de Pinochet. "Necesitamos el apoyo del Gobierno de José María Aznar para poder llevar el caso al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya". El viernes, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Chile decidió, en una polémica sentencia, confirmar la amnistía a los presuntos asesinos de Carmelo, al no considerar que éste se hallaba bajo inmunidad diplomática.
"Vamos a promover una acusación constitucional en Chile contra los tres jueces y los dos abogados integrantes de la Corte Suprema", dice Carmen, "pero para llevar el caso a La Haya necesitamos la inicitiva de un Gobierno. Mi madre, Laura, tratará de entrevistarse en España con Aznar y yo buscaré aquí el apoyo de [Felipe] González". El ex presidente del Gobierno español tiene previsto visitar Chile a primeros de septiembre.El camino es ahora complicado. El Gobierno de Chile debe comunicar la sentencia al secretario general de la ONU (Soria era funcionario de este organismo en el momento de su muerte), y ésta debe informar a los Estados miembros. "Estos Estados", dice Alfonso Insunza, abogado de la familia, "pueden recurrirlo ante La Haya".
El Gobierno español no ha variado su postura tras las elecciones de marzo. Ayer manifestó, en un comunicado, "su profunda decepción por una decisión judical que determina la impunidad para los autores" y subraya su disposición "a promover la justa reparación por este crimen (...) en las instancias y gestiones que procedan".
"Tengo confianza en que España va a agotar sus derechos", afirmó Insunza, quien sostiene que la familia Soria espera la reacción española para determinar si, además, recurren a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Para que el Parlamento chileno levante una acusación constitucional (existe un precedente) contra los cinco juristas que cerraron el caso, es necesario el voto favorable de 10 diputados. Insunza afirmó que los magistrados "comprometieron la responsabilidad internacional que Chile tiene, al desconocer un tratado, por lo que incurrieron en un abandono de deberes".
El alto tribunal chileno, en su sentencia del viernes, apoyó las tesis del magistrado del Supremo, Eleodoro Ortiz, quien argumentó que Carmelo Soria hubiera necesitado de "una protección especial", pues, a su juicio, "no basta con ser funcionario o agente de una organización internacional para ser persona internacionalmente protegida". Esta interpretación, calificada de "torticera" por fuentes de la ONU, es la base de la sentencia. Al no reconocer que Soria era un diplomático protegido, su caso entra en la amnistía de 1978, con la que Pinochet se protegió a sí mismo y a sus hombres.
El ciudadano español fue secuestrado y asesinado en 1976 por miembros de la Brigada Mulchén de la policía política. Los dos procesados en el caso, el coronel retirado del Ejército Guillermo Salinas y el ex suboficial José Ríos San Martín, quien denunció al resto, quedaron amnistiados definitivamente después del fallo. Otros tres miembros de la Mulchén ni siquiera fueron procesados, aunque sus nombres estaban en las declaraciones de Ríos. El coronel René Patricio Quilhot fue hasta hace unos meses ayudante personal de Pinochet; el coronel Jaime Lepe es secretario del Estado Mayor del Ejército y el coronel Pablo Belmar sigue en activo. Recientemente, el Gobierno chileno trató de enviarlo de agregado militar a su embajada en El Salvador. Un parlamentario de aquel país, del derechista Arena, respondió: "No queremos ser el basurero de otros".
