Penas para los acusados de vender carne no apta para consumo

El caso de la carne de Cantabria no apta para el consumo humano -que provocó una gran alarma en el año 1990- quedó cerrado ayer en la Audiencia de Barcelona tras un breve juicio en el que los acusados se conformaron con las penas mínimas solicitadas por el fiscal.

Se calcula que se distribuyeron unos 20.000 kilos de esta carne procedente de la zona de Camargo, aunque no se ha llegado a establecer exactamente qué cantidad fue consumida. Unos 10.000 kilos fueron intervenidos por la- Guardia Civil antes de su distribución. El resto se cree que fue transportado a Francia (3.000 kilos) y a Cataluña (7.000 Kilos).

El principal acusado es Pedro Luis Gutiérrez, propietario de un centro de adiestramiento de perros de Cantabria, quien recogía la carne y la congelaba. Para él, el fiscal pidió un año de prisión por un delito contra la salud pública y otro por falsificación de contratos.

Las mismas penas pidió para José Maija Oriol, encargado del transporte de la carne. Para Pedro Fríguls, responsable del almacén frigorífico, la petición del fiscal fue de 10 meses de prisión. Para el veterinario Gaspar Lombardo, que expidió el certificado de la inspección veterinaria sin el preceptivo análisis, el fiscal pidió seis meses.