A la espera del "cúmplase"

Pendiente la reacción de Manuel Contreras a su apresamiento para el cumplimiento de una sentencia de siete años de cárcel, su aplicación puede demorar entre cuatro y doce días, según fuentes judiciales. El expediente del fallo vuelve ahora al juez de primera instancia, Adolfo Bañados, quien deberá ordenar el "cúmplase" y las medidas pertinentes para ejecutar la resolución emitida por la Cuarta Sala de la Corte Suprema.En principio será la Policía de Investigaciones el cuerpo encargado de cumplir las instrucciones del magistrado, pero no se descarta que en atención a las dificultades del caso que se acepte su sustitución por una dotación militar. No hay nada definitivo y la prioridad del Gobierno es lograr un cambio de actitud por parte del desafiante condenado, decidido a no pisar la cárcel. "Nadie sabe cuáles son sus planes, pero una resistencia a tiros, aunque tendría gente que le acompañe, parece descabellada", dijeron las fuentes consultadas. Hasta ahora no se ha informado sobre la presencia de grupos armados dispuestos a la lucha en el interior del Viejo Roble. No se descarta tampoco que trate de ingresar en un hospital militar, internamiento que dificultaría su encarcelamiento. Con un cáncer de estómago desde 1985, Contreras, 66 años, parace haberse recuperado, según informó su hijo, Manuel Contreras Valdebenito.

La tramitación más probable del expediente es que sea entregado a los abogados de Manuel Contreras y Pedro Espinoza, militar en activo en un departamento de comunicaciones del Ejército.

Otra de las posibilidades legales es citar a los dos reos a la Comandancia de Guarnición, a la Corte de Apelaciones o ante la presencia del juez Bañados, o hacerles entrega personal de la orden de ingreso en la cárcel en sus domicilios. Espinoza, en Santiago, se declaró dispuesto al acatamiento. Si Contreras se niega a la observancia del fallo, los mensajeros del juez pueden dejar la citación en la puerta de su finca de Frisia, al sur de Chile. Y en último caso, si el general jubilado se opone a la entrada de personal policial en sus tierras, el magistrado de primera instancia puede emitir una orden de allanamiento y proceder el cuerpo de Carabineros o Investigaciones a su detención por la fuerza.