El 'caso Salamanca' reabre la polémica sobre el mantenimiento de la unidad de los archivos

La polémica sobre el traspaso a la Generalitat de Cataluña de los fondos, de la Generalitat republicana depositados en el Archivo Histórico Nacional, sección Guerra Civil, de Salamanca, ha reavivado el debate sobre la unidad de los archivos y sus contenidos como regla de documentación. En España hay 34.000 archivos de instituciones y administraciones. Los seis de carácter estatal tienen unos fondos, de 230 kilómetros, que incluyen archivos impresos y salidas de ordenador. Los historiadores, directores y técnicos consultados discrepan sobre la posibilidad de adoptar un criterio común y único.

, Las últimas tendencias de la archivística "no sólo sirve para conservar la memoria de la sociedad, sino que se convierte en un centro de investigación", según recordó ayer Carmen Sierra, jefa de sección del Centro de Información Documental de Archivos del Ministerio de Cultura. Desde este lugar se pueden conocer los fondos de la catedral de Burgos o del duque de Alba, a través de los puntos de información cultural (PIC), de próximo enlace con Internet, ya que figuran en el censo guía de los 34.000 archivos existentes en España. De ellos, 68 son de titularidad del Ministerio de Cultura (incluiye los seis estatales); hay cerca de 14.000 eclesiásticos y el resto pertenecen a las administraciones central, autonómica y local, Justicia, empresas, centrales sindicales y otras instituciones.El caso Salamanca, con la oposición de la ciudad a que se disperse el Archivo Histórico Nacional, dedicado a la guerra civil, con la devolución, aprobada en Consejo de Ministros, de los fondos de la Generalitat republicana, ha provocado una polémica sobre la unidad de los archivos, independiente de ese caso concreto. La ministra de Cultura, Carmen Alborch ha modificado la formación inicial de una comisión de expertos por consultas personales con especialistas. Entre estas consultas figuran las que han participado en el debate en las últimas semanas.

Mantener la integridad del archivo de mayor amplitud y entregar reproducciones a otras instituciones es el criterio que sostiene la Unesco cuando se plantean conflictos. La directora de Archivos Estatales, Margarita Vázquez de Parga, señala, "dentro de la complejidad del tema" que hay que mantener "el valor administrativo y el valor informativo de los archivos en su integridad, con los materiales originales".

Demasiado papel

De este sentido colectivo participa el director general del Libro, Bibliotecas y Archivos, Francisco Bobillo, quien indica la necesaria revisión de algunos aspectos, como el de la legislación actual que sólo admite el papel, y no otro soporte, como carga probatoria. "No tiene sentido guardar tal cantidad de papeles, como ocurre con las declaraciones de la renta". También se refiere a la garantía para los ciudadanos de sus papeles administrativos, que al cabo de 15 años pasan al archivo. En estos archivos. se buscaron expedientes en los últimos años para pagar pensiones a los militares de la República o indemnizaciones a los encarcelados por motivos políticos durante el franquismo.

El director de la Biblioteca Nacional, Carlos Ortega, observa que en la actual polémica entran en colisión una razón técnica, "que aconseja mantener la unidad de las colecciones como una regla básica de documentación", y otra histórica, "donde nadie puede llamar a arrebato sino al diálogo y al conocimiento científico". Pone el caso de otro origen "bastardo y espúreo", además del archivo de Salamanca, como es la Hemeroteca Nacional, a partir de la oficina de censura de prensa.

Francisco Tomás y Valiente, ex presidente del Tribunal Constitucional, considera que con las autonomías se ha fomentado el recuerdo de la propia historia, con una mayor presencia de los archivos, "pero no de los archiveros, que en contra del tópico es muy competente". Sobre el caso Salamanca -"una pugna política que se debería resolver después de varios meses de silencio"-, dice que es "razonable" la petición de la Generalitat "pero sin deshacer la unidad y sin que se envenene el problema".

El director del Instituto Cervantes, Nicolás Sánchez Albornoz, distingue entre la preservación de la información y su consulta, "que no requiere como en el pasado disponer del documento original. Sorprende que se inicie una política nueva que obligaría a restituir bienes confiscados, cuando la tendencia en la transición fue olvidar las reclamaciones".