La disidencia lingüística en la RAE obliga a Lázaro Carreter a presentarse a la reelección

"Iba a dejarlo, pero ahora no puedo". Tenso y triste, pero con firmeza, Fernando Lázaro Carreter anunció ayer su disposición a seguir cuatro años más al frente de la Real Academia Española (RAE), un día después de que la actitud de cinco académicos -discrepantes con la carta que envió la FAE a Felipe González y firmantes de un subsiguiente manifiesto- haya provocado una insólita situación de disidencia pública. Esta tarde va a producirse la votación. Su resultado es una incógnita, porque la docta casa es un microcosmos muy singular, imprevisible.

Pero salga hoy reelegido Lázaro o se aplace la decisión hasta el jueves próximo, por falta de una mayoría clara, lo cierto es que su mandato habrá de afrontar un asunto clave: cómo la institución encaja la presión del poder político en torno de una cuestión -la lingüística- que difícilmente va a dejar de ser conflictiva.Lázaro acude al Barroco. No recuerda si Calderón o Góngora: "Hable, retórico, el silencio". Con ese verso pretende describir su actitud ante el documento de Cela, Torrente, Rico, Riquer y Gimferrer. Y la actitud que recomendará que tome la Academia ante un texto que no juzga, en absoluto, contradictorio con el primer documento de la RAE. Ni siquiera admite que esa discrepancia se halle en el diferente diagnóstico que quizá hagan unos y otros sobre la situación del castellano en las comunidades bilingües.

Pero, sobre todo, Lázaro clama contra cualquier sospecha de posible intromisión política; que tanto documento y contra documento no fuera al cabo, y por ejemplo, más que un intento de presionar al Tribunal Constitucional que debe dictar una importante sentencia sobre el recurso planteado contra la Ley de Normalización Lingüística catalana. "Me parecería una indecencia pensar que la actitud de algunos académicos pudiera haberse visto influida por ello".

Sin embargo, política, pública o secreta política, ha habido en toda esta polémica. Desde el origen. Ni Lázaro ni nadie niega que el documento del 3 de noviembre se gestó a partir de una visita que la junta de gobierno de la Academia realizó al presidente Felipe González, el pasado 18 de octubre. De la inquietud de esa junta por el -presunto- conflicto lingüístico en las comunidades bilingües y de la decisión de González de interesarse por él surge el documento, elaborado durante dos meses por la junta -"en el país de Fuenteovejuna no puede decirse quién lo redacto inicialmente", argumenta Lázaro para no señalar su autoría práctica-, discutido en tres sesiones plenarias y aprobado el 3, en una reunión donde no asistieron 19 de los 41 académicos. Entre las ausencias, las de gente con mucho peso: García Gómez, Cela, Delibes, Torrente Ballester, Caro Bareja, Areilza, el duque de Alba y los tres académicos catalanes, entre otros.

Y político, igualmente, seguiría siendo el devenir del texto. El 11 de noviembre, la ministra de Cultura, Carmen Alborch, criticaba la carta y el 11 se hizo pública la respuesta de la Generalitat: "Un documento inaceptable". Hasta ese momento ningún académico catalán la había criticado. El día 21 un comunicado del Institut d'Estudis Catalans afirmaba que la carta "atenta contra la convivencia en nuestra sociedad". Cuatro días después, Ómnium Cultural, asociación promotora de la lengua catalana, hacía público su primer contramanifiesto, donde acusaba a la RAE de sumarse "al ambiente hostil contra Cataluña". Y Òmnium invitaba a los académicos catalanes a firmarlo. Días antes, una televisión privada se hacía eco de una filtración: la presunta disposición del Tribunal Constitucional a impugnar la ley del catalán. La reacción de Jordi Pujol no se hizo esperar: ironizó. sobre el comportamiento de los académicos catalanes y advirtió que esa hipotética sentencia afectaría al Estatut y, por tanto, a la Constitución. Posteriormente, Martí de Riquer y Pere Gimferrer se sumaron al documento de Òmnium y redactaron, en las dependencias del propio Departamento de Cultura, el manifiesto. Los políticos habían ido en todo ese proceso por delante de los intelectuales. Lázaro replica: "Esa hipótesis es una indecencia. La lengua es la piel del alma y los políticos no tienen derecho a instrumentalizarla".

Las fuentes académicas consultadas por este diario dan como "muy probable" que el presidente de la RAE siga en su cargo. Los propios académicos catalanes le apoyan, convencido, alguno de ellos, de que Lázaro, es un "mal menor" y de que la propia redacción de la carta fue también un intento del director de atraerse para sí a algunos de los integrantes del núcleo duro -más españolista- de la Academia, del que forman parte Manuel Alvar, Rodríguez Adrados, Julián Marías y Gregorio Salvador. Este último, que considera que los cinco académicos disidentes "han discrepado a destiempo, después de una presión política, cuando debieron hacerlo en presencia" y que niega con energía ser el asesor lingüístico de José María Aznar -"no he hablado nunca con él"-, desmiente finalmente esa presunta estrategia de Lázaro, y que exista tal núcleo duro: "Lo que hay en la Academia es gente preocupada por la libertad". En cuanto a Lázaro, su respuesta es clara: "¿Cómo iba a ser una estrategia si me quería ir, por mi salud quebradiza? Es ahora cuando ya no me puedo ir, si es que mis compañeros deciden que me quede. Es ahora cuando no".