Los países de la Comunidad Europea abren la vía al reconocimiento mutuo de sus títulos universitarios

ENVIADO ESPECIAL La Comunidad Europea (CE) acordó ayer que los títulos universitarios expedidos en cada uno de sus 12 países miembros serán reconocidos sin más requisitos en los demás. El acuerdo establece reservas y excepciones, pero aun así supone un gran impulso para la creación, dentro de algo, más de cuatro años, del mercado interior único, en el que las personas, bienes y capitales circularán sin barreras. A partir de 1990, los doce reconocerán todos los diplomas de enseñanza superior que se expidan en los Estados miembros tras una formación mínima de tres años.

El compromiso logrado ayer constituye un nuevo éxito de la actual presidencia de la CE por parte de la República Federal de Alemania, que ha conseguido forzar este mes varios acuerdos de gran alcance, como los de liberalización de movimientos de capitales y del transporte por carretera, que son requisitos indispensables para la puesta en práctica del mercado interior europeo. Las delegaciones se reunieron justamente en el marco de un Consejo de Mercado Interior, bajo la presidencia del ministro alemán de Economía, Martin Bangemann.Aunque recalcó que la incidencia de la directiva "será reducida a medio plazo", especialmente para los españoles, que no gozarán de la libre circulación en la CE hasta 1993, el secretario de Estado español Pedro Solbes afirmó que "a largo plazo es de gran interés, porque nos va a llevar a una armonización de los sistemas educativos en los doce".

El acuerdo afecta sobre todo a las profesiones jurídicas y liberales (abogados, procuradores, agentes de la propiedad industrial, asesores fiscales, etcétera) y económicas y comerciales, pero no a los sanitarios ni a los arquitectos, cuya libre circulación está regulada en directivas comunitarias aprobadas con anterioridad. A los ingenieros se les aplicará también la directiva adoptada hasta que exista una específica para su profesión.

Otro de los últimos problemas en resolver fue el suscitado por Grecia -y en menor medida Luxemburgo-, que deseaba ampliar todo lo posible el reconocimiento de los títulos expedidos en países terceros porque muchos jóvenes griegos cursan estudios en países socialistas, mientras el gran ducado carece de universidad y cuenta con un número nada despreciable de estudiantes matriculados en Suiza. Los ministros dieron sólo parcialmente satisfacción a su reivindicación, porque para conseguir el reconocimiento de su diploma aquellos profesionales que hayan estudiado en países terceros deberán ejercer su profesión durante tres años en el Estado miembro del que proceden.

El Consejo de Ministros no logró, en cambio, ponerse de acuerdo sobre el derecho al libre establecimiento de los inactivos (estudiantes y jubilados) que el Tratado de Roma otorga a los trabajadores, porque Dinamarca y, en menor medida, otros países como Francia siguen mostrándose reacios. El primer problema radica en la fijación de un nivel de recursos mínimos para el joven no becado que pretenda cursar estudios en un Estado comunitario del que no es originario, y el segundo afecta a la carga que podría suponer para la Seguridad Social de algunos países meridionales el tener que hacerse cargo de numerosos pensionistas del norte de Europa que se asentarían en la costa mediterránea.

Francia es el país que más teme este éxodo de ancianos, mientras España no parece tener la misma preocupación porque, según Solbes, "los acuerdos bilaterales sobre prestaciones de Seguridad Social son suficientes para obviar este problema". "De hecho", añadió el secretario de Estado, "hay ya muchos jubilados nórdicos asentados en nuestro país sin que el fenómeno haya causado perturbación alguna".