Punto final
La señora Mercader, en su artículo Sí al punto justo (EL PAIS, 27 de febrero), nos pide "alimentar el sistema con toda la información posible". Intentaré hacerlo cronológicamente.El Gobierno del doctor Alfonsin, desconociendo la voluntad mayoritaria del pueblo y las objeciones de su propia base electoral, en tiempo récord, sin casi debate parlamentario, sancionó la ley de punto final, epílogo de una larga serie de medidas que responden a un proyecto político que da garantías de impunidad a quienes torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a un número ingente de personas para imponer una política económica aún vigente.
Comenzando con la reforma del Código de Justicia Militar, que estableció el concepto de "obediencia debida" y permitió a los militares implicados en la represión ser juzgados por sus pares. Luego de tres años, sólo han juzgado a dos acusados (Astiz y Menéndez), ambos absueltos.
La confirmación del 90% de los jueces de la dictadura permitió que -salvo los de la capital federal- no asumieran las causas que debían reclamar al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, prorrogando una y otra vez los plazos que vencían en seis meses. Y el ascenso de militares implicados en la represión.
La implementación de la prescripción para el delito de la desaparición de personas impedirá conocer qué pasó con cada uno de los desaparecidos, desapareciendo de paso las penas para quienes los hicieron desaparecer (caso Astiz en la desaparición de Dagmar
El derroche de oro es la ley del punto justo -como gusta decir la señora Mercader, dando rienda suelta, a sus fantasías culinarias- que es el menú de la impunidad que resulta indigesto a la gran mayoría del pueblo argentino. Concluyendo, esta ley permile que los acusados de crímenes de lesa humanidad que antes del 22 de febrero de 1987 no estén procesados o hayan sido bamados a declarar serán eximidos de toda culpa.- Marta Frisone.
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