Chile: el recurso de lo impune

"Es alentador ver que en medio del terror brota la solidaridad... Porque la solidaridad es un valor de la persona humana que se eleva como un arma contra la tortura, la muerte, el terror".Así se expresa Pablo Guerrero sobre la situación en Chile. Pablo Guerrero, rescatado de la tortura por los jueces civiles, se convierte en un caso excepcional. El informe médico describió entonces hematomas, cicatrices de pinchazos en la piel, seis costillas fracturadas y una lesión cervical. Al cabo de un año, continúa encarcelado, acusado por infracción a la ley de Control de Armas, en espera de ser procesado.Desde el 11 de septiembre de 1973, fecha en que el Gobierno constitucional del presidente Allende fue depuesto por un golpe militar en Chile, han estado vigentes uno o más estados de excepcíón. Un estado de emergencia durante 13 años, salvo un período de siete meses. Simultáneamente, un estado de sitio desde 1973 hasta 1978 y desde noviembre de 1983 hasta junio de 1985. En marzo de 1981 se promulga una Constitución que contempla nuevas facultades transitorias y que incluye la declaración del estado de peligro de perturbación de la paz interior, que sigue vigente.

Se tortura

Amnistía Internacional piensa que esta Constitución contraviene las normas internacionales de derechos humanos. A través de ella, el presidente de la Junta Militar, el general Augusto Pinochet, y otras autoridades militares continúan ejerciendo facultades extraordinarias para restringir o suspender los derechos a la libertad de expresión, de asamblea y movimiento, y para someter a los ciudadanos a arrestos, exilio forzado y relegación administrativa. Los chilenos tampoco pueden ejercer su derecho al recurso de amparo u otros recursos judiciales que les protejan de las acciones arbitrarias del Estado.

Juan Aguirre desapareció, junto a otros jóvenes, el 4 de septiembre de 1984, tras ser arrestado por los carabineros. Todos, excepto Juan, quedaron en libertad al cabo de unos días. La policía y las fuerzas de seguridad negaron tenerlo detenido. Se llevaron a cabo marchas para exigir su liberación. La Iglesia católica pidió por él. El 22 de octubre, su cadáver, mutilado y decapitado, fue encontrado en un riachuelo cercano a Santiago. Uno de los pobladores (habitantes de barrios pobres), detenido con él, declaró que "empezaron a interrogar y a torturar al otro joven que después me enteré se llamaba Juan Aguirre. Se escuchó una especie de zumbido muy fuerte,. de la generadora de electricidad... Luego oí inmediatamente un grito del joven, y después, el silencio. Percibí que los agentes que torturaban se inquietaban mucho... Uno de ellos comentó algo así como: 'Se nos fue, huevón', mientras otro añadía: 'Este huevón no aguantó...".

El artículo 72 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos declara: "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes". Chile ratificó este pacto. La tortura está prohibida por la Constitución chilena, por su Código Penal y por el Código de Justicia Militar, que rige a las fuerzas armadas. El artículo 19.1 de, la Constitución de 1981 garantiza "...el derecho a la vida y a la integridad fisica y psíquica de la persona...", y prohíbe "...la aplicación de todo apremio ¡legítimo".

La organización está preocupada por la práctica persistente de la tortura, facilitada por la existencia de una red de centros secretos de interrogatorios, donde se niega el acceso a los familiares, abogados e incluso a los jueces. Quienes tienen entrada, según testimonios, son médicos o personal paramédico, con objeto de examinar a *la víctima y aconsejar si ésta está o no en condiciones de continuar soportando la tortura.

Se mata

De tal forma que en 1984, el Colegio Médico de Chile emite un nuevo Código de Ética, donde se prohíbe e specíficam ente "apoyar, consentir o participar en la práctica de torturas u otras formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes", como, asimismo, "estar presente antes, durante o después (le cualquier procedimiento en el que la tortura u otras formas sean empleadas como arnenaza".En otras ocasiones se practican homicidios de opositores políticos en circunstancias oficialmente descritas como "enfrentamientos armados". Éste es el caso de Nelson Herrera y Mario Lagos, quienes, al notar que eran objeto de una persecución, subieron a un autobús. Uno de los testigos, el chófer, declaró que los dos hombres habían sido muertos a tiros, sin ofrecer resistencia, por las fuerzas de seguridad. Según los informes, la bala que hirió mortalmente a Mario penetró por debajo de la axila izquierda, sin pasar a través del brazo, lo que sugiere que le dispararon cuando tenía las manos en alto. -

Carolina Ortiz y Mabel Zúñi ga, de cinco y siete años, se encontraban jugando en la calle con un grupo de niños el 5 de septiembre de 1985 cuando un automóvil de la policía se detuvo al final del callejón y abrió fuego.

Las dos niñas quedaron gravemente heridas. Este caso es un ejemplo de las redadas de carácter preventivo que efectúa la polícía antes o durante los días de protesta. El uso de armas de fuego es indiscriminado, disparando contra manifestantes o personas del lugar. Las víctimas más frecuentes son activistas estudiantiles, sindicales, comunitarios, políticos y personas que trabajan con la Iglesia, con grupos de derechos humanos y pobladores.

Estas redadas son llevadas a efecto por organismos clandestinos que, en opinión de Amnistía Internacional, están vinculados a los servicios de seguridad, tanto por sus métodos como por el grado de impunidad con que operan. Están altamente organizados, con considerable respaldo financiero, utilizan vehículos sin matrículas, actúan a plena luz o durante el toque de queda. Poseen información detallada de sus víctimas, del tipo a la que, por lo general, sólo tienen acceso los organismos de inteligencia gubernamental. En 1978 y 1979 se encontraron tumbas secretas con cadáveres de personas arrestadas en 1973 por carabineros. En todos los casos los tribunales militares encargados de procesar a los acusados aplicaron el Decreto Ley 2191, que otorga una amnistía para muchos delitos cometidos entre 1973 y 1978.

La asociación está preocupada por la ineficacia de las autoridades militares y de los tribunales para tomar medidas conducentes a esclarecer los centenares de desapariciones y las ejecuciones sumarias registradas tras el golpe de 1973. También intranquilizan a Amnistía Internacional los juicios políticos injustos. Actualmente hay unos 300 presos políticos en las cárceles chilenas, muchos de los cuales fueron condenados basándose solamente en las pruebas policiales tras haber estado recluidos en régimen de incomunicación en centros de tortura..

Tras 15 años sin haberse impuesto la pena capital a nadie, se llevan a cabo cuatro ejecuciones en 1982.

También a partir de 1983 han aumentado las cifras de detenciones. El pasado mayo fueron alrededor de 15.000 los detenidos. Durante 1985 y 1986 un número de personas fueron acusadas de calumniar al Gobierno o de atentar contra el orden público por haber criticado públicamente al sistema político o formulado llamados para realizar protestas generales. Son periodistas, dirigentes políticos y sindicalistas encarcelados sin haber recurrido a la violencia o abogado por ella. Son presos de conciencia.

Se relega

El exilio interno sin cargos ni juicios previos es una preocupación para Amnistía Internacional. En virtud del estado de sitio, las autoridades militares pueden recluir a las personas en sus propias casas o en lugares que no estén destinados a la detención o prisión de reos comunes. O, en el caso de estar vigente el estado de perturbación de la paz interior, por períodos de hasta cinco días, susceptibles de extenderse a 20. También puede darse el traslado de personas de un, punto a otro del territorio nacional, relegándolas a zonas remotas del país por un período de hasta tres meses, o expulsándolas de Chile.

Cuando Pablo Guerrero fue trasladado a la cárcel, escribió: "Hoy nadie está seguro en. este país... En un segundo la vida cambia de rumbo, podemos traspasar el umbral de la libertad a la cárcel, a la tortura, al amedrentamiento, a la muerte... Al final, un torturado más o menos, un muerto en un barranco o un degollado, ¿quiénes son? Fría estadística. Explicaciones y justificaciones sobran. Por último, si se equivocan, le ponen el título de extremista, y punto".