El fiscal del juicio de Buenos Aires asegura que las pruebas contra los miembros de las Juntas Militares "son abrumadoras"

El fiscal Julio César Strassera afirmó que poseía pruebas más que suficientes para acreditar la responsabilidad penal de los miembros de las tres primeras Juntas Militares argentinas "en la organización de un accionar represivo ilegal utilizando la estructura del Estado". "La prueba testifical", dijo, "y la documental son abrumadoras".Terminan así 17 semanas de vista oral en el juicio contra los nueve ex comandantes en lag que se tomó declaración a algo más de 900 testigos de cargo cuyas declaraciones ocupan más de 10.000 folios mecanografiados. La Cámara Federal de Apelaciones -corte civil que juzga a los triunviros con el Código de Justicia Militar- decretó una suspensión hasta el próximo 5 de septiembre y ordenó a los encausados presentarse en esa fecha y asistir personalmente a la lectura de los alegatos del fiscal y la defensa. Entre el 5 y el 11 de septiembre, el fiscal Strassera deberá leer su informe y, tras una nueva suspensión, lo harán las defensas entre los días 23 de septiembre y 10 de octubre.

No se duda de que los ex comandantes asistirán a la lectura de alegatos, dado que lo ordena expresamente el artículo 376 del Código de Justicia Militar argentino.

Las últimas declaraciones testificales en la vista oral. estuvieron centradas en los sucesos ocurridos a partir del golpe militar de 1976 en el hospital Posadas, de la localidad bonaerense de Haedo. Un grupo paramilitar de tareas ocupó el hospital so pretexto de protegerlo de los habitantes de una villa mísera próxima que podían ser tentados a efectuar robos. Médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros identificados con ideas progresistas comenzaron a desaparecer en su mismo lugar de trabajo. El grupo de tareas había instalado un chupadero en el mismo hospital.

La enfermera Gladix Cuervo -más de un año desaparecida- testificó entre sollozos cómo la secuestraron en su puesto de trabajo: la tumbaron sobre una mesa, la desnudaron, le rompieron las costillas, le hundieron el esternón y le prendieron fuego al vello del pubis. Luego la ataron y la encerraron en un armario hasta la segunda sesión de tortura. (Gladix necesitó, tras su liberación, tres operaciones de cirugía plástica.)

En sus posteriores tralados de una sesión de tormentos a otra pudo ver a los médicos Jorge Roitgman y Jacqueline Romano, tirados por los suelos, desnudos y sangrantes -ambos continúan desaparecidos-; en otra ocasión advirtió a Roitgman dando alaridos en un charco de orina y sangre y preguntó a su carcelero: "¿Qué le hicieron?". "Le metieron un palo en el culo". Declaró también Zulema Guina Chester sobre la desaparición de su padre. Fue secuestrado en su domicilio y a la semana de su desaparición la policía entregó a la familia un certificado de defunción; jamás han vuelto a ver al esposo y padre ni vivo ni muerto.

Zulema fue secuestrada junto al padre por algunos días: "Me penetraron con un objeto que no puedo precisar y me golpearon con un palo que tenía otro palo en su extremo", señaló. En aquellas fechas Zulema tenía 12 años de edad.

La sociedad argentina ha seguido estas 17 semanas de testimonios con un leve distanciamiento horrorizado. A medida que fue avanzando el espanto de las declaraciones, diarios y revistas, particularmente estas últimas, redujeron el espacio dedicado al juicio, y la radio y la televisión dedicaron tiempos reducidos a la información de esta pesadilla.

Una editorial publica en fascículos semanales coleccionables El diario del juicio, con las actas taquigráficas de los testimonios de la vista oral.

Por una parte, se ha producido un fenómeno de saturación ante tal cúmulo de atrocidades -cuando se relata cómo a una detenida, Ilda Cardozo, le quemaron los pechos con soplete, una violación termina siendo una nadería-, y por otra parte, ha funcionado unmecanismo autodefensivo, casi autista, de una sociedad que se siente culpable por su silencio y pasividad durante los años de la infamia.