El proceso a las juntas provoca en Argentina un pulso entre los poderes ejecutivo y judicial

La fecha de finalización del juicio que se sigue en Buenos Aires a las tres primeras juntas de la dictadura militar argentina, instaurada tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, ha provocado un pulso político entre el poder ejecutivo y el judicial.

El Gobierno que preside el radical Raúl Alfonsín pretende que las sentencias se dicten a mediados del próximo mes de octubre, para enviar inmediatamente después un proyecto de ley al Parlamento que reglamente el punto final al revisionismo de la guerra sucia, que los militares emprendieron contra la subversión y militantes de todos los sectores sociales.Tras la sanción de la ley, el radicalismo podría presentarse a las elecciones parlamentarias del 3 de noviembre con uno de sus grandes problemas resueltos. La reforma del código comprendería la obediencia debida, que protege a los mandos medios, pero desviaría probablemente la responsabilidad por los delitos cometidos hacia los comandantes en jefe, que para entonces ya habrían sido condenados presumiblemente a cadena perpetua.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron lo que consideran una amnistía encubierta. Por su parte, la Cámara Federal de Apelaciones -el tribunal que conduce el juicio- ha reaccionado ante la sospecha de compromiso con el poder ejecutivo, y los jueces insisten en que antes de darse a conocer la sentencia se cumplirán todos los pasos procesales previstos. En ese caso, las condenas podrían dictarse en diciembre, aun cuando la fiscalía ha desistido ya de presentar a más de 1.000 testigos por estimar que las causas "están suficientemente probadas".

En las últimas dos semanas la Cámara recibió el testimonio de familiares de detenidos desaparecidos sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Esta escuela naval, situada a orillas del Río de la Plata, al norte de Buenos Aires, fue el mayor campo de concentración y tortura bajo control de la Armada. Los grupos de tareas partían de allí por la noche para secuestrar a sus víctimas. Una vez torturadas brutalmente en los sótanos de la escuela, eran trasladadas hacia la muerte. Aviones y helicópteros de la Marina de guerra dejaban caer sus cuerpos destrozados en el río o mar adentro. Algunos testigos recordaron además los asados, ceremonias nocturnas donde se quemaba a los prisioneros sobre enormes hogueras encendidas en el campo de deportes de la Escuela de Mecánica de la Armada.

El 'ángel rubio'

Las sesiones trataron en especial el caso de la joven sueca Dagmar Hagelin, apaleada y secuestrada por un grupo de tareas que dirigía el capitán Alfredo Astiz, el ángel rubio. El padre de la muchacha, Ragnar Hagelin, inició una investigación personal y presentó las pruebas al juzgado. La situación de Astiz, que sigue en activo y fue tomado como símbolo de la victoria contra la subversión por sus compañeros de armas, plantea al Gobierno un delicado conflicto. Por un lado, debe responder a la constante presión diplomática de Suecia y, por otro, a la inquietud en los mandos medios. La detención de Astiz invalidaría para ellos el argumento de la obediencia debida.Víctor Melchor Basterra, un obrero gráfico y militante peronista secuestrado en la ESMA desde el 10 de agosto de 1979 hasta el 2 de diciembre de 1983, declaró el lunes durante seis horas. En su relato, Basterra -que tras ser torturado junto a su esposa e hija fue obligado a desempeñar su oficio para falsificar documentos- reconoció las fotografías de los oficiales que intervinieron en secuestros y torturas. Entre los papeles localizó un pasaporte a nombre de Licio Gelli, el italiano jefe de la logia seudomasónica P-2. Al observar una credencial extendida con el apellido Abramovich, el testigo dijo que la habían hecho para Astiz "cuando regresó de las islas Georgias, donde se rindió ante las tropas inglesas".

A la audiencia del lunes asistió, invitado por la fiscalía, el escritor Jorge Luis Borges. Tras escuchar el testimonio de Basterra, el escritor dijo que esperaba "olvidar todo lo oído" y que estaba "horrorizado". Consultado sobre la ley de amnistía o de punto final, Borges fue terminante: "Espero que todo esto no quede impune; me parece peligrosa una amnistía".

[Por otra parte, según informa la agencia Efe, el tribunal ha aceptado las respuestas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a seis preguntas de la Cámara sobre el inicio de la guerra sucia. Todas ellas coincidieron en señalar que por entonces había ya una guerra interna. El texto del Ejército, firmado por el jefe de esta arma, general Héctor Ríos, además de justificar la decisión militar de reprimir el terrorismo (que en definitiva provocó al menos 10.000 desaparecidos), asegura que el actual juicio tiene un "enfoque parcial"].