La 'guerra sucia' antisubversiva debatida durante 10 horas por los militares argentinos

En una reunión que se prolongó más de diez horas, y en la que participaron también el presidente y los ministros del Interior y Economía, la Junta Militar argentina aprobó el documento que dará a conocer sobre la guerra sucia contra la subversión. En el informe preparado por los comandos de las tres Fuerzas Armadas se incluye, entre otros datos, un listado detallado de unos 21.000 atentados terroristas.

El recuento se inicia en 1960 y se señala además que la intervención militar en la acción directa contra la subversión fue decidida por el Gobierno constitucional que presidía María Estela Martínez, de Perón en 1975.La declaración coincidirá con los mismos argumentos ya presentados antes por los distintos funcionarios militares desde que la Junta presidida por Videla asumiera el poder en 1976. En el texto ni siquiera se utiliza el término desaparecido.

En otro documento, la Junta Militar modifica las Actas Institucionales dictadas en 1976, por las que se inhabilitaba para ejercer cargos públicos a miembros del anterior Gobierno. La principal afectada es la viuda de Perón.

La extensa reunión de la Junta Militar argentina realimentó ayer los rumores sobre una inminente crisis de Gobierno. La CGT-Azopardo reafirmó la convocatoria de la huelga general del lunes, y la CGT-República Argentina, el ala dura del sindicalismo, se mantenía en sesión permanente preparando el paro y la movilización de trabajadores anunciados para el miércoles.

La tensión se agravó anoche en las redacciones de los periódicos por el espectacular operativo policial y militar realizado alrededor del edificio donde funciona la editorial Perfil, empresa editora de la revista La Senmana. Jorge Fonteveochia, director de la empresa, fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo, y por decreto se ordenó su captura. Las fuerzas de Seguridad rodearon el lugar y mantuvieron a sus ocupantes secuestrados durante varias horas. El decreto militar estima que la conducta del director de la revista "está ligada a una campaña que tiende a desestabilizar el proceso de institucionalización del país". Funcionarios del Ministerio del Interior señalaron que "la campaña contra está impulsada por el Gobierno británico".

La editorial Perfil, que protagonizó una sorprendente ascensión en volúmenes de ventas en los últimos cinco años, fue vinculada con las Fuerzas Armadas y en los últimos tiempos con el almirante Emilio Massera.