La Dirección General de Cine describe la situación

Matías Valles, director general de Cinematografía, rechaza en declaraciones a este periódico que La colmena no vaya a tener la protección económica que corresponde a las películas españolas. "La situación de La colmena es idéntica a la de cualquier otra película española", afirma el director general de Cinematografía. "Tan sólo queda por resolver la cuestión del fondo de protección. Por lo demás, no existe ningún problema"."Existe un dictamen de la asesoría jurídica del Ministerio de Cultura que está abierto y pendiente de que se aporten otros documentos. Este dictamen es de uso interno y confidencial y no sé por qué ha llegado a manos de José Luis Dibildos", añade Matías Vallés. "Cuando se conozcan las liquidaciones en taquilla de La colmena, el productor percibirá la subvención que le corresponda. Pero el dictamen tiene que establecer si esa subvención corresponde exclusivamente a Agata Films, o si existe coproducción con TVE y en qué porcentajes. RTVE no percibiría subvención alguna por ser un ente público del Estado. A Dibildos, por tanto, le puede corresponder el cien por cien de la protección o la parte correspondiente al porcentaje que invirtió. Yo sólo puedo desear a La colmena el éxito que se merece porque se trata de una buena película".

La situación administrativa de La colmena plantea la necesidad de llegar a acuerdos definitivos y estables entre TVE y la industria española del cine, según manifiestan distintos productores. El conflicto ahora creado es, en opinión de profesionales del cine, un ejemplo de falta de entendimiento entre TVE, dirección general de Cinematografía y productoras, máxime si se tiene en cuenta que La colmena es la primera producción que se lleva a cabo de acuerdo con las prácticas en los países de europeos.

Fuentes de TVE manifestaron que, al margen de las inversiones con cargo a los 1.300 millones de pesetas y de este caso concreto, las futuras relaciones entre cine y TVE deben ser beneficiosas para ambas partes y tienen que establecerse de acuerdo con unos criterios lo más objetivos posibles, en los que no quepan malentendidos ni duda alguna por parte de la sociedad sobre las garantías económicas de estas producciones.