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Nuevo informe sobre irregularidades sanitarias

La confirmación de la destitución del subdirector general de los Servicios de Inspección Sanitaria del Instituto Nacional de la Salud, Román Guaita (véase EL PAIS del día 6 del presente mes), presentada por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social dentro de una reorganización interna, es estimada en diversos medios médicos como contradictoria con la acción emprendida por estos servicios, desde hace algo más de un año, hacia el esclarecimiento de diversas irregularidades. Algunas de ellas están recogidas en un reciente informe y se encuentran en la actualidad a disposición judicial. Estas irregularidades afectan a destacados estamentos institucionales sanitarios, entre ellos la clínica Puerta de Hierro y el antiguo Fondo de Descuento Complementario.Según publicó ayer el Boletín Oficial del Estado, han sido destituidos de sus cargos los siguientes su bdirectores generales del Insalud: Román Guaita, de Inspección de Servicios Sanitarios, sustituido por Luis Boticario; José Ortiz Berrocal, de Formación de Personal, sustituido por Luis Munuera Martínez, y Marcelino Cuesta de la Fuente, de Planificación Económica y Presupuestos, sustituido por Adolfo Jiménez Fernández.

Una nota oficial del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social explica estos cambios y responde a las informaciones publicadas en la Prensa durante este último fin de semana.

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La destitución del Subdirector general de los Servicios de Inspección Sanitaria coincide con su informe de nuevas irregularidades

Viene de primera páginaAsimismo se desmiente que el cese del subdirector general de Inspección, Román Guaita, tenga relación con informes emitidos sobre distintos centros y servicios de la sanidad pública. En cuanto al cese del subdirector de Formación de Personal, doctor Ortiz Berrocal, relacionado con presuntas irregularidades en la clínica Puerta de Hierro, según un informe de los servicios de inspección, no hace alusión concreta, pero señala que se está siguiendo una nueva auditoría en la clínica Puerta de Hierro por un equipo de inspectores dirigidos: por el inspector general de Servicios del Ministerio. Y que la investigación por presuntos delitos; de cobayismo sigue su curso en el Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid.

Datos contradictorios

Las distintas órdenes ministeriales por las que se determinan los citados ceses y nombramientos tienen fecha de 28 y 29 de noviembre, para el cambio en la subdirección de Planificación Económica; y fecha del pasado viernes, día 5 de diciembre, los cambios en la Inspección y la subdirección de Formación el Personal.

Fue precisamente el viernes por la mañana cuando trascendió la noticia de estos últimos -recogida en este periódico al día siguiente, aunque sin confirmación oficial- y su filtración se produjo en la clínica Puerta de Hierro hacia las diez de la mañana. Sin embargo, en el caso del doctor Guarita, no le fue comunicada hasta las dos de la tarde. Ayer, tras la confirmación oficial, El, PAIS requirió de Román Guaita una explicación de su cese, pero el ex subdirector general manifestó que prefiere «salir en silencio y seguir trabajando, como hasta ahora lo he hecho, en servicio del paciente, en la inspección de zona que se me asigne».

En distintos círculos del Ministerio, e incluso fuera del mismo, en sectores profesionales y políticos sanitarios, se aseguran datos concretos sobre las circunstancias del cese de Román Guaita que hacen encajar el mismo no tanto en la aludida reestructuración del Insalud, como en una consecuencia de las investigaciones realizadas; por los equipos de inspección.

Según estas fuentes, el cese le fue comunicado a Román Guaita por el secretario de Estado para la Sanidad, Manuel Varela Uña, en presencia de algún testigo, entre éstos «un caballero, como es el doctor Mestre, director general del Insalud», según manifestó una de las personas informadas al respecto. El secretario de Estados -añade esta fuente- dijo al subdirector de Inspección que «el ministro consideraba necesario su cese por haber facilitado información al juzgado sin permiso de sus superiores», a lo cual, el subdirector general argumentó que toda la información suministrada al Juzgado de Instrucción número 20 había sido previamente comunicada, al menos, al director general del Insalud.

El secretario de Estado para la Sanidad, al ser preguntado por este periódico sobre la veracidad del motivo del cese del doctor Guaita, antes citado, dijo que «la explicación del cese es la que se da en la nota oficial», y añadió: «Estos cambios son consecuencia de un cambio en el Ministerio y de una reestructuración en el Insalud. Desde hace mes y medio se han cambiado seis subdirectores generales, se han suprimido tres subdirecciones generales, se empezó por cambiar al propio director general del Insalud, y todo lo demás son especulaciones sobre las interpretaciones que se le quieran dar a los hechos,-pero los hechos son éstos».

No obstante, este periódico ha podido establecer que, en fechas inmediatas anteriores al día en que le fue comunicado su cese al jefe de la inspección, este servicio puso en conocimiento del director general del Insalud, quien a su vez evacuó al secretario de Estado para la Sanidad, así como al secretario general, Javier Sánchez Caro, los últimos datos en relación con las investigaciones que, por presuntas irregularidades graves, instruye el Juzgado número veinte de Madrid. Tanto el director general del Insalud como el secretario de Estado para la Sanidad expresaron un «adelante con la investigación».

Los datos aludidos se referían, en concreto, a nuevas presuntas irregularidades en la clínica Puerta de Hierro en materia de percepciones económicas del Fondo de Descuento Complementario para ayudas a la investigación sanitaria, que podrían derivar en responsabilidades administrativas, civiles y penales.

"Durafic" una válvula cardiaca de fabricación española

Los datos, considerados en principio anómalos, giran en torno a una válvula cardíaca denominada Durafic, entre otros asuntos.

Esta válvula, cuyo nombre recoge fonemas de la materia orgánica de que se compone -duramadre, corteza cerebral dura-, y de los apellidos de los doctores que la han investigado -Figueras y Castillo-, es de fabricación española.

Estas investigaciones, así como cuantas han desarrollado los servicios de inspección en el último año y medio, se efectúan en trabajos conjuntos con efectivos policiales a través del Grupo de Información de la Seguridad Social (GISS), y en coordinación con la autoridad judicial. Fruto de estos trabajos, se siguen en la actualidad numerosas causas judiciales. Sin embargo, no todo han sido facilidades y, en este sentido, se teme que la remodelación de los servicios de inspección mermen las posibilidades de esclarecimiento de hechos irregulares y afecten también al GISS.

Fuentes económicas del Ministerio de Sanidad apuntan como incongruente la reestructuración -por motivos de operatividad, coherencia de equipo y reducción de gastos- de un servicio que ha ahorrado a la Seguridad Social 8.000 millones de pesetas en año y medio, y que esperaba ahorrar otros 2.000 millones más en 1981, en función de su lucha contra todo tipo de anomalías, desde absentismo laboral hasta pluriempleo poco hortodoxo, pasando por malversación de fondos o irracional aprovechamiento de recursos sanitarios. En la última reunión del Consejo del Insalud, según señalaba ayer el diario Ya, la representación de UGT felicitó la labor de la inspección, cuyo jefe ha sido ahora destituido.

De las dificultades del GISS en sus gestiones hay también ejemplos que revelan la resistencia en algunos sectores a la clarificación de la situación sanitaria.

Creado hace unos tres años, en tiempos de Sánchez de León como ministro de Sanidad, ha tropezado, según fuentes próximas a este grupo policial, con ciertos temas que, bien centrados, hubiesen podido acarrear información sobre aspectos de gran íniportancia. Por ejemplo, presunta manipulación ilegal de cadáveres. Hace algún tiempo se dejó inacabada, por falta de recursos, una investigación en este sentido, cerca de una institución forense. Más recientemente, hace unos meses, la gestión del GISS se dirigió sobre presuntas facturaciones fraudulentas en un centro sanitario privado de Levante concertado con la Seguridad Social.

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