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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El Presupuesto y el paro

LA LEY de Presupuestos Generales del Estado y de la Seguridad Social sigue abriéndose paso, a trancas y barrancas, en el hemiciclo del Congreso. El apoyo activo de la Minoría Catalana y el abstencionismo de Coalición Democrática muestran cómo las aspiraciones de pasillo o las votaciones de castigo contra el Gobierno no tienen por qué prolongar sus objetivos ejemplificadores o amenazadores más allá de lo estrictamente necesario. Por lo demás, el tono del debate parlamentario hace triste honor a la endeblez del proyecto gubernamental, desprovisto de una estrategia capaz de tonificar la actividad económica del país.La teoría del socialista Javier Solana acerca de la existencia de un plan maquiavélico del Gobierno para aupar adrede la cifra del paro más bien parece una broma equívoca que una crítica acerba. El paro creciente, aún más que el terrorismo, es la amenaza fundamental contra el Gobierno de Suárez.

El nuevo equipo económico surgido en la crisis ministerial de septiembre aceptó sin chistar las líneas fundamentales de un Presupuesto elaborado por el anterior Gobierno, pese a las duras críticas que éste mereció por su incapacidad para combatir el desempleo, y se abstuvo de introducir en el proyecto las reformas que hubieran podido concretar mediante cifras el abstracto programa leído por el presidente Suárez en el Congreso. La excusa de que esa inhibición era necesaria para no retrasar la presentación de los Presupuestos a las Cortes resulta, sin embargo, poco verosímil.

En efecto, los Presupuestos se siguen elaborando todavía en nuestro país de forma rutinaria y elemental. Se establecen las cifras a la vista de las obligaciones anteriormente contraídas por el Estado, a las que se añade un aumento porcentual en función del incremento esperado del coste de la vida. Se trata, en definitiva, de un documento contable para pagar las nóminas y los gastos de funcionamiento de los servicios. Este tramo de gastos corrientes supone casi el 80% de los gastos totales del Estado, aun sin contar con la Seguridad Social, en la que su peso porcentual es todavía mayor. La zona de los gastos de inversión se mueve, en cambio, en terrenos tan imprecisos como voluntarístas. Una Administración pública desorientada, sin dirección firme y empeñada en gran medida en agenciarse condiciones de vida mejores no es, precisamente, la institución. más apropiada para idear proyectos y responsabilizarse de iniciativas. Resalta, además, que parte de estos gastos de inversión no son propiamente tales, sino transferencias de capital para que las industrias en crisis puedan pagar sus nóminas.

Evidentemente, un documento contable de esa naturaleza es casi tan moldeable como la plastilina. Lo único que el Gobierno hubiera necesitado en septiembre para modificarlo era voluntad política. E incluso todavía hoy el poder ejecutivo podría negociar con la oposición y las fuerzas sociales algunas medidas tan impopulares, pero tan necesarias, como la congelación para todos de las retribuciones. Es probable que una auditoría objetiva de los gastos del Estado y de la Seguridad Social permitiera. recortes sustanciales de gastos inútiles o de inversiones mal calculadas que pudieran sanear el Tesoro público, dar un ejemplo al desmoralizado cuerpo social e incrementar los fondos destinados al seguro de desempleo o a la inversión pública.

Esa falta de contenido y orientación de la política económica gubernamental, visible en los Presupuestos, tal vez explique la imprecisión de un debate que busca en temas como los impuestos indirectos el volumen ideal del déficit o el régimen de incompatibilidades, motivos para una discusión que llegue a la sociedad. Pero mientras los diputados aliancistas y centristas. defienden a capa y espada su derecho a recibir múltiples ingresos con cargo a los fondos públicos, y Miguel Herrero escenifica el lamentable entremés de la discusión entre la sartén y el cazo para saber quién tizna más, el paro registrado del pasado mes de octubre ha aumentado en 45.000 trabajadores, lo que puede significar medio millón de nuevos desempleados a lo largo del próximo año.

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