La política científica de España / 2

Podemos decir, sin tecnicismos y en términos muy simples, que una política científica nacional requiere el planteamiento de los objetivos a alcanzar, la financiación y utilización de los medios necesarios para lograrlos y la evaluación de los resultados que se obtengan para, de acuerdo con los mismos, modificar los objetivos iniciales, si ello fuera necesario.En este planteamiento debemos considerar, al menos, tres niveles de acción: el superior, de planificación política y financiación, que corresponde al Gobierno un nivel de planificación técnica, con establecimiento de prioridades, distribución de recursos y evaluación de resultados, y, finalmente, un tercer nivel de ejecución de proyectos de investigación. La necesidad de conexiones entre los tres niveles es evidente, ya que sus acciones han de basarse en una información mutua, fidedigna y fluida, pero han de ser independientes y jerarquizados. La decisión política, filación de objetivos, la planificación técnica para llegar a ellos y la ejecución de los proyectos de investigación no deben estar en un solo organismo independiente, y aún menos en las mismas personas. En contra de este principio, lo que sucedió en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas fue que los propios directores de los proyectos de investigación fijaban los objetivos de su política personal y autoevaluaban sus resultados. Esta forma de proceder hizo que durante casi veinte años la primera generación de hombres del CSIC fracasara en el desarrollo de una política nacional de investigación.

Creación de las Comisiones de Política Científica, Asesora de la Presidencia y Delegada del Gobierno

En una segunda etapa se intentó estructurar en otra forma la investigación científica, creando, en febrero de 1958, la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, órgano asesor de la Presidencia del Gobierno en la programación y desarrollo de los planes de investigación científica técnica de interés nacional. Pasaron cinco años antes de que se creara, en 1963, el órgano específico a quien debía asesorar la citada Comisión Asesora. Este órgano, la Comisión Delegada del Gobierno de Política Científica, tenía como finalidad orientar y coordinar la política del Estado en el fomento de la investigación científica.

En un período de cinco años, entre 1958 y 1963, quedaron establecidos los tres niveles de acción necesarios para el desarrollo de una política científica, pero en forma paulatina y sin sujeción a un modelo coherente. El órgano a quien competía el primer nivel de accion la Comisión delegada del Gobierno, no ha funcionado; a lo sumo, se ha reunido un par de veces desde su creación. No es de extrañar, por tanto, la desorientación e incoordinación del Estado en lo referente a política científica durante el réalmente político anterior. La Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica no supuso por ello ninguna modificación en las funciones que ejercía con anterioridad su órgano gestor, la Comisión Asesora... Ello hizo que, a pesar de haber sido estructurados los tres niveles de acción necesarios para el desarrollo de una política científica, de hecho volvieran a fundirse en un solo organismo.

Control por el CSIC de la Comisión Asesora

Pero, a su vez, al ser creada la Comisión Asesora, con la finalidad de asumir funciones anteriormente atribuidas al CSIC, no se delimitaron bien las de este organismo. Con ello, tanto la Comisión Asesora como el CSIC tenían la misma función de fomentar, orientar y coordinar la investigación científica nacional. Era tan evidente en aquellos años la identificación de una política de un grupo con la de una política científica nacional, que la duplicidad de funciones de los dos organismos, legislada y en vigor, se resolvió entre bastidores por los protagonistas de la política secreta, característica de entonces, constituyendo la Comisión Asesora sobre la base de una selección de miembros del CSIC. En ella figuraban representantes de todos los patronatos del CSIC, siendo su secretario el del mismo CSIC, asistido por sus servicios administrativos. En su constitución no figuraba ningún representante de la universidad: ¡Por lo visto, ésta no tenía nada que opinar sobre la investigación científica en España! La preeminencia del CSIC se mantuvo a todo trance. Había un solo representante del INI, y cuando, en contra de los gustos del grupo dominante, se legisló la incorporación de dos más, el presidente de la Comisión Asesora no se molestó en darles posesión, ¡luego reorganizó la Comisión y se les excluyó!

La constitución de la Comisión Asesora elevó a un nivel superior el mismo defecto fundacional del CSIC: los dos primeros niveles de acción, planificación política y técnica, financiación, ejecución y evaluación estaban de nuevo en las manos de responsables del tercer nivel, el de ejecución de proyectos de investigación. No es, pues, de extrañar que en esta segunda etapa España continuara sin una política científica nacional, ni tampoco, que, al socaire de la estructura descrita, crecieran algunos centros de investigación, al servicio de las especialidades representadas en el órgano único de planificación, financiación y evaluación de la investigación científica.

No es nuestra intención buscar, con fines reivindicativos, a los responsables del lamentable estado de la investigación científica en España, pero es indudable que tienen nombre y apellidos... Deben recordar que su doble gestión, en la Comisión Asesora y en el propio CSIC, ha dejado a éste en un estado de confusión total, indefensos y frustrados a sus mas jóvenes investigadores, precisamente su grupo más valioso, y a España, en una situación caótica en el campo de la investigación científica. Puede servirles de excusa el poco interés del Estado por la investigación científica, reflejo, al fin y al cabo, de la ausencia de un clima científico favorable en la sociedad española, situación que hasta recientemente no ha variado con nuestro nuevo régimen político. Ya dentro de él, la Comisión Delegada del Gobierno ha seguido sin reunirse, la universidad y la investigación científica fueron olvidadas en los pactos de la Moncloa, y la Comisión Asesora, que no ha sido modificada hasta muy recientemente, no sólo no corrigió su ineficacia, sino que la llevó a grados insuperables, al no convocar entre 1976 y 1980 la distribución del Fondo Nacional de Investigación, en la que se basan la mayor parte de los proyectos de investigación... En esta situación -los órganos responsables del nivel de ejecución, en especial la universidad y los propios centros de investigación del CSIC, iban al garete. Su deterioro progresivo ha provocado recriminaciones mutuas, críticas a todos los niveles, perturbaciones interiores y reivindicaciones múltiples.

La universidad, marginada

La universidad no ha podido crear una infraestructura mínima de investigación, y los fondos de que dispone para ese fin han sido y siguen siendo ridículamente insuficientes. No es de extrañar que la emigración de los jóvenes investigadores formados en la universidad vaya en aumento progresivo y que el desánimo y sentido de frustración de ellos y de sus maestros alcancen ya grados de extrema peligrosidad para el futuro del país. Lo asombroso es que, a pesar de esta situación, en España han existido excelentes investigaciones, tanto en el CSIC como en la universidad y en otros centros de investigación sectorial, así como en el extranjero. Sin embargo, no todos los universitarios, ni todos los científicos del CSIC, ni los de otros centros de investigación, ni muchos de los que proceden ahora del extranjero, son auténticos investigadores. Algunos se comportan como funcionarios de escalafón, pasivos, cuando no claramente derrotistas, pretendiendo justificar en la carencia de medios su propia ineficacia. Una política científica nacional tiene que basarse en nuestros recursos humanos y requiere, por tanto, identificarlos objetivamente. No se debe pretender con ello individualizar a los que, por su curriculum, podríamos considerar improductivos, sino situarlos en condiciones tales de trabajo que su ineficacia no admita excusas.

Creación del Ministerio de Universidades e Investigación

El año 1979 aparece como referencia para el posible desarrollo de una política científica nacional, hasta entonces irrealizable, ya que en abril de ese año se crea el Ministerio de Universidades e Investigación, que se constituye en el órgano central de investigación científica, pues no sólo la Comisión Asesora pasa a depender del mismo, sino que siguen bajo su jurisdicción los dos organismos básicos de ejecución, la universidad y el CSIC. La Comisión Asesora ha sido también reestructurada en fecha reciente, con lo que parece que entramos en una nueva etapa, que pudiera ser decisiva. La situación y el momento son ideales por las posibilidades de cambio que se dan en un nuevo sistema político y operativo. No puede el país perder esta oportunidad. Por ello no es de extrañar que los investigadores y, en general, la sociedad demanden información acerca de la política científica que se pretende llevar a cabo y de los medios disponibles para ello.