Reportaje:Uruguay, la más absurda y cruel dictadura de América / 1

Montevideo, centro de operaciones políticas de unos militares mediocres y divididos

20 dic 1978 - 00:00CET

Cinco años después del golpe militar facilitado por el ex presidente Bordaberry, la República Oriental del Uruguay permanece sumida en una férrea dictadura militar, olvidada de Occidente, y víctima de unos generales mediocres e incapaces de detectar una salida honorable para este país humillado por la más absurda represión. , nuestro enviado especial en Montevideo, nos resume en dos reportajes la difícil situación actual de la República Uruguaya.

Hace cinco años, una pintada subversiva en el aeropuerto Carrasco, de Montevideo, marcaba el color de los acontecimientos políticos de Uruguay de 1973: «El último que salga, que apague la luz.» Así rezaba el titular en la pared. Se acababa de abrir la involución política más dura y absurda de la historia de este pequeño país latinoamericano de 180.000 kilómetros cuadrados, de cerca de tres millones de habitantes. La que se llamó, para envidia de argentinos y brasileños, la «Suiza de América» entraba en las páginas más negras de su historia, a pesar de las cerca de ochenta revoluciones y contrarrevoluciones que sufriera hasta la entrada del siglo vigente. Hasta el asentamiento de la democracia en 1904, caída en 1973 por manu militari, como es ya costumbre en esas latitudes.Han pasado cinco años desde el golpe y nada se ha movido que no suponga el retroceso. Uruguay permanece fiel a los regímenes que oman con dictaduras el cono sur latinoamericano y que, para su desgracia, rodean todas sus fronteras: Argentina, Paraguay y Brasil.

La culpa es de todos. De los colorados, de los blancos, de la izquierda, de los tupamaros. Todos en el interior, en Uruguay, reconocen y comparten esta responsabilidad en los planos político, económico y social. Todos, en el interior, reconocen su ignorancia y sorpresa militar: nunca pensamos que el Ejército uruguayo interviniese en el poder, aboliese la democracia, instalara su propio orden político. Los protagonistas de la vida democrática de hace cinco años, en el exilio, presos, proscritos en el interior o colaboracionistas de la situación vigente no cesan en su empeño de exigirse mutuamente responsabilidades de un pasado ya inútil. Pero, a la vez, en algunos círculos de Montevideo crece ahora la necesidad de conjurarse, olvidando el pasado, en pos de la democracia. Para ello, algunos posibilistas se reúnen en torno al irrisorio programa democralizador de la dictadura militar, con la intención de sacar punta a lo sacable o, en algunos casos, de justificar el colaboracionismo como mal menor. Los partidos tradicionales, el Colorado y el Blanco (o Nacional) tienen aquí la palabra. Han iniciado la reconstrucción de sus cuadros, de sus tendencias, y buscan el compromiso a dos o tres bandas: la tercera es, sin duda, la del poder militar. La izquierda, el que fue Frente Amplio, permanece aislada, diezmada por la represión.

El poder real, en un Ejército dividido

Cualquier movilidad política en Uruguay pasa, hoy por hoy, por el Ejército. En especial, por el Ejército de tierra, que controla todo el poder. Un Ejército mediocre, sin caudillo o interlocutor válido y sumido en una regla administrativa que no permite la pervivencia en el poder: todos los generales pasan a la reserva (al vacío y olvido más absoluto) a los ocho años de ejercicio en el generalato. Y este es, sin duda, el drama mayor del general Gregorio Alvarez -el Goyo, en el argot popular- que intenta sobrevivir políticamente a su destino de escalafón que caduca en el próximo mes de febrero mediante una maniobra política para la que no tiene aún mayoría de apoyo en los mandos militares inmediatos.

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El Goyo, que se presenta a sí mismo como posible liberalizador, a pesar de su pasado, querría pasar en febrero a la presidencia de la República, con el apoyo de los capitanes generales de las cuatro regiones militares y aceptando la dimisión obligada del presidente en ejercicio, Aparicio Méndez. Pero el comandante en jefe no cuenta, hasta el momento, con el apoyo necesario: en el Ejército existen graves divergencias (aunque estas desaparecen a la hora de la represión y de mostrar una imagen exterior unida).

El Goyo quiso que Raimúndez, responsable de la región militar número cuatro, pasara a la primera, la del poder inmediato, situada en Montevideo. Pero los altos mandos del ESMACO no han cedido, por el momento, y permanece la vacante. Quedan en la región segunda el general Méndez y en la tercera Hontou. Ellos tres, con el Goyo, se reparten el poder y esperan, entre intrigas, la llegada de la reserva del comandante en jefe, Gregorio Alvarez, prevista para febrero. A partir de aquí, por escalafón y antigüedad, serán los generales Raimundez y Queirolo quienes aspiren al primer puesto del escalafón.

Queirolo es, en el momento actual, casi desconocido. Está de agregado militar en Washington ante la Junta Interamericana de Defensa. Dicen que no es pro americano, que reconoce la corrupción actual del Ejército (un revanchismo social, ornado de ventajas económicas, coches oficiales, residencias etcétera), a la vez que tampoco cree en la democracia como fórmula ideal. El general Queirolo, un resignado, es, en todo caso, hombre clave porque estará, cerca del poder y con varios años por delante en su generalato en una fecha que se dice importante: 1981. Para entonces, los militares han previsto lo que ellos llaman un proceso de democratización: la redacción en 1979 de una constitución y un estatuto de los partidos políticos, aprobación en 1980 de ambos textos y elecciones generales en 1981. Hay que decir, en descargo de estos demócratas, que la constitución y la ley electoral la redactarán los militares con el llamado Consejo de Estado, o pseudoparlamento de colaboracionistas, del régimen nombrados a dedo, y que de las elecciones estarán excluidos todos los partidos de izquierda o marxistas y aquellos hombres de los partidos tradicionales colorados o blancos, y de los demócratas cristianos que han participado, de alguna manera, en las dos últimas convocatorias legislativas del país. Ello excluye de la política a 15.000 personas de un país que no llega a los tres millones de habitantes, y que son, salvo excepciones cuidadosamente seleccionadas, los únicos de posible solvencia democrática.