El fracaso económico del régimen militar argentino

En su fugaz paso por Madrid, el almirante Emilio E. Massera, integrante de la Junta Militar argentina. enfatizó el «importante apoyo» que los trabajadores de su país brindarían al Gobierno militar con su «comprensión» sobre la crisis -la mayor del siglo- que padece Argentina. Pocos días más tarde, las arriesgadas declaraciones públicas de Massera quedaban desvirtuadas por la terquedad de los hechos: pese a la salvaje represión, a la prisión, detención o muerte de miles de activistas obreros, a la anulación de todos los derechos sindicales y políticos, a la intervención militar de los sindicatos, se desencadenó una ola de huelgas, enfrentando a la dictadura del general Jorge Videla ante la mayor prueba de fuerza y resistencia popular registrada en los diecinueve meses transcurridos desde que los militares asumieron el poder. El diario oficialista La Opinión, ahora dirigido por un general del ejército, consideró la huelga de ferroviarios, portuarios, trabajadores del metro, petroleros y otros sectores obreros del sector público como una verdadera amenaza que podría convertirse «en el factor desestabilizador más importante del cuadro social que debe enfrentar el Gobierno». El diario La Nación, de tendencia conservadora y un sólido apoyo de Videla, también confesó: «El Gobierno militar está pisando uno de los terrenos menos firmes en toda su gestión.»Las razones de estas huelgas fueron de orden salarial, pero se transformaron automáticamente en políticas, pues equivalieron a un pleno rechazo del plan económico de la Junta, básicamente apoyado en la congelación de los ingresos obreros y en la liberación de los precios. Constatar que la carestía de la vida en los últimos diez meses fue de un 125 % puede dar una idea, más o menos remota, de la situación social de los trabajadores. Pero vincular esos salarios congelados con los precios en fuga puede ser, en cambio, eficazmente demostrativo. El ingreso promedio de los trabajadores es hoy de unos cien dólares (8.300 pesetas), pero en el sector público la media es de sólo sesenta dólares (4.580 pesetas). Los precios, por el contrario, son internacionales o mayores aún, si se considera que Argentina es un país productor de alimentos. El kilogramo de pan cuesta 0,40 dólares (algo más de 33 pesetas), el de tomates, 1,20 (cien pesetas); azúcar, 0,72 (sesenta pesetas), y la carne, entre los 1,30 y 2,20 dólares el kilo, según su calidad. Los alquileres, que a principios de 1977 habían sido incrementados en un 98 %, en septiembre subieron otro 40 %. Por la misma época, los precios de los combustibles, transportes y otros servicios públicos se encarecieron en proporción similar.