La nueva ley de propiedad intelectual obliga a Google a comunicar cambios en su algoritmo a los medios

El Gobierno aprueba por real decreto la adaptación de la norma europea que permite a las empresas informativas negociar de forma individual con las grandes plataformas el pago por la difusión de sus contenidos

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Descargas de contenidos protegidos por derechos de autor.Claudio Alvarez

Las empresas informativas y las agencias de noticias podrán negociar de manera independiente con las grandes tecnológicas como Google y Facebook una remuneración por la difusión de sus contenidos en línea siempre que estas obtengan una autorización previa y el acuerdo entre las dos partes se haga con “buena fe contractual, diligencia debida, transparencia y respeto a las reglas de la libre competencia, excluyendo el abuso de posición de dominio en la negociación”. Así se afirma en un borrador ―al que ha tenido acceso EL PAÍS— del real decreto que ha aprobado el Gobierno este martes en Consejo de Ministros, y que deberá ser convalidado por el Congreso. En el texto, además, se especifica que estas empresas deberán avisar a los medios con los que firmen acuerdos de los cambios que efectúen en el algoritmo que marca la jerarquía de sus agregadores de noticias. La reforma adapta, con cinco meses de retraso, la directiva europea de derechos de propiedad intelectual.

Las tecnológicas deberán informar así “de forma periódica, detallada y suficiente sobre los parámetros principales que rigen la clasificación de los contenidos agregados y la importancia relativa de dichos parámetros”, según indica el borrador. Esta obligación atiende a lo establecido por el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea.

A la espera de ver cómo se valora esta exigencia, con los cambios que plantea la adaptación de la normativa europea, se facilita el regreso a España del servicio Google News, clausurado por el gigante tecnológico en 2014 cuando se aprobó la ley anterior, que reconocía el derecho irrenunciable de los editores a ser remunerados por los agregadores de noticias con el conocido como canon AEDE, y establecía que cualquier negociación se hiciera obligatoriamente a través de una entidad de gestión.

Un portavoz de Google había asegurado este martes que “según las informaciones iniciales parecen darse las condiciones idóneas para un potencial lanzamiento de Google News en España”, aunque matizó que la compañía necesita “tiempo para analizar en detalle la nueva ley”, y que en breve tomará decisiones. La reapertura de Google News es imprescindible para que pueda estar disponible Google News Showcase, una vitrina en la que son los editores quienes eligen qué contenidos informativos se muestran a los lectores. Cuando se anunció su lanzamiento, en octubre de 2020, Google adelantó que dedicaría 850 millones en tres años para retribuir a editores de todo el mundo en esta plataforma.

En Francia las negociaciones han terminado en muchas ocasiones en los tribunales. En España, el Ejecutivo ha encontrado una fórmula intermedia por la que no ha adaptado la norma europea de manera literal, con la intención de reforzar los derechos de los medios y sus autores frente a estas grandes empresas que, en muchos casos, ya tienen una posición dominante en el mercado digital. Para conseguirlo, el Ministerio de Cultura liderado por Miquel Iceta no solo ha exigido esa “buena fe y transparencia” en las negociaciones, sino que además reconoce el derecho exclusivo de los medios sobre sus informaciones. Cuando un medio o una agencia se siente a negociar con una gran empresa tecnológica tendrá garantizado su independencia editorial, es decir será el medio el que decida qué contenidos se publican.

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Además, en caso de que una compañía informativa considere que estos principios de equilibrio y transparencia no se cumplen podrá recurrir a nueva vía administrativa a través de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, como paso previo antes de llegar a los jueces.

Transparencia en las plataformas

Aunque los contratos con los medios no tienen que hacerse públicos al tratarse de empresas privadas, las tecnológicas tendrán que ser transparentes en cuanto al funcionamiento de la plataforma en la que se publiquen dichas noticias. Además, según el borrador, estas grandes compañías no podrán condicionar estos acuerdos a otros complementarios. Un caso: aceptar que las noticias de un medio se publiquen en Google Showcase no puede condicionarse a la contratación de otros servicios. Según las entidades de gestión consultadas, las tecnológicas pretenden ofrecer que parte de la retribución se haga a través de ayudas para mejorar los proyectos digitales de los medios, por ejemplo para desarrollar un buscador más potente o impulsar iniciativas que permitan conocer mejor a los usuarios.

Son las organizaciones de gestión de derechos, como CEDRO, las que quedan en una posición de inferioridad tras años de lucha contra lo que consideran el monopolio de las grandes tecnológicas sobre los derechos de información y propiedad intelectual. “Supone la derogación de un derecho de gestión colectiva obligatoria, lo que perjudica a la protección de la propiedad intelectual”, asegura un portavoz de la entidad. La norma actual de 2014 se rige por el principio de obligatoriedad de que esta gestión sea colectiva y no individual. En el borrador del texto aprobado por el Gobierno se abre la puerta a la posibilidad de una gestión colectiva, pero deja de ser obligatoria. CEDRO advierte, además, de que esta adaptación va “a generar inseguridad jurídica como ha sucedido en Francia”.

El otro asunto que queda abierto es qué sucede con las búsquedas en internet de palabras sueltas. Los derechos que recoge la norma no se aplicarán cuando un usuario realice una de estas búsquedas siempre que “no perjudique a las inversiones realizadas por las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias para la publicación de los contenidos y no afecte a la efectividad de los derechos reconocidos”. El problema es que una búsqueda en internet puede conducir a un enlace con un escueto titular que lleve al lector a consultar la información publicada por un medio; o que la descripción que ofrece Google sea tan detallada que colme su curiosidad. En el primer caso, el medio obtendría un beneficio; en el segundo el lector no accedería a la noticia y solo saldría ganando la tecnológica, que se habría hecho con determinados datos de ese usuario.

Los medios y las tecnológicas mantienen desde hace años una pugna global. Los editores vienen reclamando a Facebook y Google una remuneración justa por considerar que estos gigantes se aprovechan de las noticias de los periódicos —y de los datos de sus lectores— para arrebatarles —precisamente gracias a esos datos— la mayor parte de la tarta publicitaria. Las plataformas alegan que su tecnología ha permitido difundir las noticias a una audiencia descomunal. Lo cierto es que mientras la crisis generada por la pandemia ha obligado a cerrar decenas de cabeceras en todo el mundo, los gigantes de Silicon Valley han visto cómo se disparaban sus beneficios.

La ley australiana que sacudió Europa

La directiva europea, cuya trasposición tenía que haberse llevado a cabo en junio, deja abierta la forma en que cada uno de los Estados miembros regula las relaciones entre los productores de contenidos y las grandes tecnológicas. En Francia, como en el decreto ley aprobado en España, es mixto. Los medios pueden negociar de forma individual con Google –de hecho, mucho de ellos ya han llegado a acuerdos con la compañía– o hacerlo en bloque, a través de entidades de gestión de derechos de autor. En Alemania, en cambio, la legislación solo prevé la negociación colectiva.

El debate de la propiedad intelectual de los contenidos informativos en internet se vio sacudido a principios de 2020 por la aprobación por el Parlamento de Australia de la norma que ha ido más lejos en las exigencias a las grandes tecnológicas y que provocó que Google amenazase con abandonar el país. Varios eurodiputados de diferentes grupos aseguraron que esta norma debía tenerse como modelo para las futuras relaciones con las tecnológicas, aunque no existe todavía un consenso político en la UE en ese sentido.

El llamado Código de Negociación de Medios de Noticias y Plataformas Digitales de Australia prevé por ejemplo que las tecnológicas no solo están obligadas a negociar el pago por los contenidos con las empresas que los producen, sino que deben compartir los datos de los usuarios que consiguen con esos contenidos y avisarles de cambios en los algoritmos que afectan a su producción.

Además, la legislación australiana obliga a alcanzar un acuerdo con todos los editores, sin importar lo pequeños que sean, y afecta a cualquier utilización de sus contenidos, ya sean servicios de noticias o buscadores. Pero el artículo que provocó el mayor enfrentamiento, y provocó que Facebook impidiese compartir noticias en Australia durante cuatro días, fue que decretó el arbitraje obligatorio en caso de que no se alcanzase un acuerdo. Finalmente, el Gobierno de Canberra y las tecnológicas alcanzaron un acuerdo.

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