El ‘tsunami’ de la ley australiana sobre las tecnológicas llega a la UE
Los países europeos, entre ellos España, ultiman la aplicación de la nueva directiva de derechos de autor
Pocas veces una ley promulgada en Australia ha desatado un efecto global tan profundo. La reciente aprobación de la norma que va más lejos en las exigencias a las grandes tecnológicas por la utilización de los contenidos de los medios informativos, que afecta sobre todo a Facebook y a Google, ha tenido una repercusión en muchos otros países, especialmente en los miembros de la UE, que se preparan para trasladar antes del verano a sus legislaciones nacionales la nueva directiva de propiedad intelectual.
Los medios de comunicación de todo el mundo, sacudidos por una crisis global agravada por la pandemia del coronavirus, luchan desde hace años para que las grandes tecnológicas paguen una contribución justa por contenidos en los que no invierten, pero de los que se aprovechan económicamente con su utilización. Los lectores llegan a las noticias que producen los medios de comunicación a través de muchos puntos de entrada —el propio periódico, un buscador o una red social—, pero la parte del león de la publicidad digital se queda en las compañías tecnológicas globales. En España no hay datos oficiales del reparto publicitario digital, pero en otros países europeos como Reino Unido la autoridad de competencia estableció que en el mercado publicitario digital Google tiene una cuota de entre el 60% y 90%, según el formato. En cuanto a las búsquedas, Google mantiene una posición de monopolio de facto, con más del 90% del mercado europeo.
El tsunami legislativo australiano provocado por el llamado Código de Negociación de Medios de Noticias y Plataformas Digitales, también ha llegado a España. La directiva sobre derechos de autor deberá formar parte de las legislaciones nacionales de los Estados miembros antes del 7 de junio. Actualmente, el Gobierno está hablando con los principales grupos de comunicación, con dos incógnitas todavía abiertas sobre la aplicación de la directiva. La primera es la forma de negociación entre los medios y las grandes tecnológicas: podría ser colectivamente a través de entidades de gestión, el modelo vigente en la actualidad; de manera individual; o a través un sistema mixto en el que los editores eligen a qué fórmula quieren acogerse, como ha ocurrido en Francia o en Australia.
La segunda incógnita reside en si la nueva ley garantizará la compensación económica por la utilización de los contenidos en todos los resultados de las búsquedas, incluso aquellos más breves (los llamados snippets simples), por los que Google se resiste a pagar. Aunque el texto europeo excluye “palabras sueltas o extractos muy breves”, el uso masivo por parte de los motores de búsqueda del contenido informativo, actualizado además en tiempo real, perjudica a los editores, porque muchas veces el lector no llega a pinchar el enlace ni a visitar el medio.
España fue uno de los primeros países que mantuvo un enfrentamiento con Google cuando, tras la aprobación en 2014 de la actual ley de propiedad intelectual, que preveía retribuciones por la inclusión de artículos en los agregadores de información, cerró Google News. El principal punto de fricción con Google estaba en el artículo 32.2 de la norma todavía vigente: “La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual”.
Las claves de esta ley de 2014 son que los grandes grupos tecnológicos no tienen que pedir permiso a los titulares de los derechos para reproducir contenidos informativos en sus agregadores, pero sí están obligados a pagar por ellos. Al ser un derecho irrenunciable, la negociación se realiza a través entidades de gestión, en este caso Cedro, la asociación de autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras. Desde el cierre de Google News en España, la compañía no ha pagado ningún canon, aunque Cedro interpuso una demanda en noviembre en la que le exigía 1,1 millones de euros por un presunto impago de derechos de autor por el servicio Google Discover, ya que considera que se trata de una “agregación de noticias”. En todo caso, la transposición de la directiva europea obliga a reformar la legislación y a elegir la fórmula del futuro.
La Directiva 2019/790 del Parlamento Europeo reconoce el llamado “derecho conexo” de los editores de publicaciones de prensa a ser compensados por la utilización de los contenidos que producen, con matices considerables con respecto a la ley española actualmente vigente: es necesario el permiso previo de los titulares de los derechos y se aplica solo a los editores de prensa. Hay una tercera diferencia muy importante: este derecho se amplía a la utilización de los contenidos en los resultados de búsqueda, no solo a aquellos contenidos utilizados en agregadores. En otras palabras, no se refiere solo a los contenidos que a las tecnológicas les interesa utilizar para sus productos como Google News, sino a aquellos a los que llegan los usuarios a través de las búsquedas.
Google News Showcase
Precisamente, la próxima irrupción de un nuevo producto de Google en el mercado español, Google News Showcase, un sofisticado agregador de noticias para móviles con sistema Android y Apple, ha llevado a la compañía a buscar acuerdos con diferentes grupos de comunicación en España, al igual que está haciendo en la mayoría de los países europeos. El principal escollo en la actualidad no es tanto que Google compense a los editores por los artículos que utiliza para nutrir sus servicios de agregación de noticias, como que pague también por los artículos que aparecen en su buscador, algo a lo que se resiste y que los editores consideran que se trata de otro servicio de noticias en sí mismo. Sin embargo, según la legislación española actual, los editores de prensa no están facultados para negociar directamente por la utilización de sus contenidos por parte de agregadores.
El Gobierno está tratando de buscar un consenso en un sector que se encuentra todavía dividido ante la aprobación de la ley, aunque la fecha del 7 de junio está cada vez más cerca y las cantidades en juego son importantes en un momento en el que los medios han sufrido una merma considerable de los ingresos publicitarios durante la pandemia. El estudio publicado a principios de marzo Análisis de la remuneración para editores por los usos digitales de los contenidos de la prensa en las plataformas tecnológicas, encargado por Cedro a la consultora Qbo Investigación y Estrategia, prevé que las compensaciones totales de las tecnológicas puedan alcanzar los 263 millones de euros anuales, entre el 7% y el 9% de las ganancias publicitarias de estas empresas.
En Francia, donde 121 medios llegaron en enero a un acuerdo con Google por tres años, se ha optado por el sistema mixto —negociar cada uno por su cuenta o en grupo o acogerse a una entidad de gestión de derechos, pero de forma voluntaria— porque renunciar por principio y obligatoriamente a la gestión individual de los contenidos —en el fondo, la mayor riqueza de cualquier medio— es algo a lo que se resisten muchos editores. Además, la Comisión Europea interpreta que la directiva permite no renunciar a la gestión individual de los contenidos. Preguntado en el Europarlamento sobre esto, el comisario del Mercado Interior, Thierry Breton, fue muy claro: “La imposición de la gestión colectiva obligatoria privaría a los editores de este derecho exclusivo al impedir la elección de los editores de autorizar o prohibir el uso de su publicación”.
La aplicación de la nueva directiva europea no es el único frente que las grandes tecnológicas tienen abierto en la UE. La Comisión Europea está trabajando en dos proyectos normativos que afectarán profundamente al sector, la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), que, al tratarse de reglamentos y no de directivas, serán de aplicación directa sin que sea necesario que pasen por las legislaciones nacionales. Estos reglamentos se añaden a una ofensiva de la comisaria de la Competencia, Margrethe Vestager, para tratar de acotar el poder de Google o Facebook, lo que ha incluido multas por abuso de posición dominante para corregir los desequilibrios en el mercado. En una entrevista con este diario, Vestager defendió además un reglamento que imponga “obligaciones a las empresas con una posición muy dominante en el mercado”.
Aunque no está prevista su aprobación definitiva hasta el año 2023, los editores de prensa quieren que se acelere la redacción de estos reglamentos porque aumentaría su capacidad para negociar con las grandes tecnológicas en un marco más garantista. Estas dos normas están destinadas a obligar a estas compañías a vigilar de cerca los contenidos que difunden; pero también a promover la competencia y limitar los efectos de su posición de dominio en el mercado. Además, la Comisión quiere que, por primera vez, se trate de normas abiertas, que puedan adaptarse a un mercado en constante transformación.
Y, aquí, de nuevo, el ejemplo australiano se encuentra en primer plano. El europarlamentario maltés Alex Saliba, que pertenece al grupo progresista y miembro de la comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, declaró a la prensa que la norma australiana había logrado hacer frente a “los desequilibrios de poder en las negociaciones” de los editores con las tecnológicas, en referencia al arbitraje obligatorio, y defendió que debería servir de inspiración para la nueva legislación digital europea. La norma de Canberra prevé que, en caso de no alcanzar un pacto, un arbitraje obligatorio impondrá un acuerdo. Si no aceptan el resultado del arbitraje, la multa puede alcanzar al 10% de su facturación en Australia.
El European Publisher Council (EPC), del que forma parte el grupo PRISA, editor de EL PAÍS, junto a los principales grupos de prensa europeos, emitió un comunicado conjunto con Microsoft en el que sostenía que la legislación europea debía “inspirarse de la nueva ley australiana”. “La solución debería incluir disposiciones de arbitraje, para garantizar que se negocien acuerdos justos”, sostenía el comunicado. “Dichas disposiciones deberían tener en cuenta el modelo establecido por la ley australiana, que permite a un panel de arbitraje marcar un precio justo basado en una evaluación de los beneficios que obtiene cada parte al incluir el contenido de las noticias en las plataformas, los costes de producción de este contenido y cualquier carga indebida que suponga para las propias plataformas”.
El arbitraje obligatorio previsto por la ley australiana centró la resistencia encarnizada de las tecnológicas. Facebook llegó a impedir durante cuatro días que se compartiesen noticias de los medios australianos y Google amenazó con cerrar su buscador en este país, aunque tras intensas negociaciones con el Gobierno conservador de Scott Morrisson se alcanzó un acuerdo. Las enmiendas a la ley prevén un periodo de negociación durante el que se valorará la contribución económica de las tecnológicas a la prensa independiente, antes de la imposición del arbitraje. Por cada 100 dólares de gasto en publicidad digital en Australia, 53 van a parar a Google, 28 a Facebook y 19 a todos los demás.
Datos de los usuarios
El texto legislativo, cuya versión final fue publicada la semana pasada por el Parlamento de Canberra, también ofrece otras importantes novedades que se están estudiando a fondo en el resto del mundo. Las tecnológicas no solo están obligadas a negociar el pago por los contenidos con las empresas que los producen, sino que deben compartir los datos de los usuarios que consiguen con esos contenidos y avisarles de cambios en los algoritmos que afectan a su producción. Además, están obligados a alcanzar un acuerdo con todos los editores, sin importar lo pequeños que sean, y afecta a cualquier utilización de sus contenidos, ya sean servicios de noticias o buscadores.
La directora general de Google Australia, Melanie Silva, sostuvo en el Parlamento que la ley “sienta un peligroso precedente”, aunque finalmente ha alcanzado un acuerdo con 50 compañías, entre ellas la poderosa News Corp, de Rupert Murdoch, para evitar el arbitraje obligatorio. El monto del acuerdo no ha sido difundido. Una portavoz de Google precisó sobre la ley australiana: “Ya tenemos cientos de acuerdos con editores grandes y pequeños en Europa, incluyendo Google News Showcase, lo que nos convierte en uno de los mayores inversores del mundo en periodismo. Nuestra preocupación en Australia no tiene que ver con pagar a las organizaciones de noticias, puesto que ya lo hemos hecho durante muchos años, sino que se nos ha solicitado pagar por todos los enlaces y recortes en nuestro buscador, una propuesta que los legisladores europeos rechazaron durante el debate de la Directiva Europea de Derechos de Autor. Los enlaces y los recortes son la base de una web abierta y libre”.
El argumento de los responsables de Facebook es que son los usuarios y los propios medios los que comparten voluntariamente los enlaces y que se benefician de ellos. “El intercambio de valor entre Facebook y los editores va a favor de los editores”, declaró a la BBC el gerente de Facebook para Australia y Nueva Zelanda, William Easton.
El efecto global de la nueva ley australiana puede hacer que sus artículos más beligerantes acaben también en el reglamento europeo. Al menos es el deseo de algunos eurodiputados. Alex Salida, el eurodiputado maltés, sostiene que la UE debe ir mucho más allá. “El desequilibrio es muy grande, y las grandes empresas tecnológicas se han convertido en socios comerciales inevitables”, señaló a la cadena Euronews. “Tienen la sartén por el mango a la hora de llegar a estos acuerdos, por lo que es inútil alcanzar pactos para pagar con céntimos a los editores cuando los grandes trozos del pastel publicitario están siendo ocupados solo por dos empresas”. La eurodiputada húngara Anna Júlia Dónath, miembro del grupo Renew Europe, declaró a la misma cadena: “Europa debe aprender de lo ocurrido en Australia”.
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