Cedro demanda a Google y le pide 1,1 millones de euros por presunto impago de derechos de autor

Cedro, la entidad de gestión de los derechos de autor del sector editorial, presentó ayer martes una demanda contra Google en la que le exige 1,1 millones de euros por un presunto impago de derechos de autor, según informó en un comunicado. En concreto, el organismo considera que se trata del dinero que el servicio Google Discover debe corresponder a los autores y editores por “la agregación de fragmentos de noticias de diferentes ediciones digitales de periódicos y de otras publicaciones”, en base a la Ley de Propiedad Intelectual.

El artículo 32.2 de esta normativa, que fue bautizado en su momento como tasa Google News o canon Aede (la asociación de editores de diarios españoles), y que generó grandes polémicas, reza: “La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual”. Cedro asegura que Google Discover, que agrega y propone a los usuarios varios artículos según sus gustos y su historial de búsquedas e intereses, evita pagar a los medios por los derechos de propiedad intelectual que genera su actividad, como sí lo hacen “servicios de agregación competidores como Upday o los desarrollados por empresas como Squid y Huawei”.

“El importe requerido en este procedimiento judicial es una estimación de la deuda de Google, puesto que para conocer la cantidad real adeudada por este agregador es necesario que esta empresa facilite los datos efectivos de uso de contenidos, lo que podría llevar a Cedro a reclamar más de 14 millones de euros”, agrega la entidad de gestión en su comunicado. Y sostiene que, antes de acudir a los juzgados, reclamó sin éxito “en reiteradas ocasiones” el pago a Google, “en nombre de los afectados”.

Precisamente a raíz de la aprobación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que entró en vigor en 2015, y la introducción del artículo 32.2, Google News, el servicio de agregación de noticias de Google, cerró en España. La compañía siempre defendió que la imposición de un pago obligatorio limitaba la libertad de Internet, que favorecería a los grandes medios frente a los más pequeños e independientes, y que además Google News ya estaba ofreciendo beneficios a los periódicos al dirigir grandes cantidades de tráfico hacia sus webs. Para Aede, en cambio, culminaba una larga batalla para que el buscador pagara una compensación por la audiencia y las ventajas que conseguía al agregar fragmentos de noticias de diarios y revistas. Es decir, los editores consideraban que Google aprovechaba para sus fines trabajo y creaciones ajenas. Aunque el adiós a España de Google News terminó por preocupar también a Aede, por la caída del tráfico hacia los medios.

Alemania, entre otros países, ya había optado antes que España por un modelo parecido, aunque con una diferencia clave: el derecho otorgado a los editores no era “irrenunciable”, lo que llevó a negociaciones y acuerdos entre Google y algunos medios. La propia UE eligió, el año pasado, esa vía: la nueva directiva sobre el copyright, aprobada también entre enormes polémicas y con la firme oposición de Google, establecía entre otras novedades el derecho para los editores de prensa a conceder o no el visto bueno a webs con ánimo de lucro para que compartan “fragmentos significativos” de sus publicaciones. Ya que España todavía debe transponer esa directiva, también deberá decidir si mantiene el pago obligatorio u opta por dejarlo en manos de los acuerdos que alcancen Google y los editores.