Claves de la nueva Ley de Propiedad Intelectual

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) ya es realidad. Han sido años de debates y críticas tras los que el Partido Popular ha aprovechado su mayoría absoluta en el Parlamento para sacar adelante en solitario la normativa, el texto entra ahora en vigor. La reforma, eso sí, es parcial, hasta el punto de que establece un plazo de un año para que el Ejecutivo apruebe otra modificación, más profunda y completa, de la ley. Aun así, y pese a que algunas de las novedades entrarán en vigor paulatinamente a lo largo del año, la nueva LPI contiene cambios de cierto calado que han provocado consecuencias incluso antes de ser aplicables. Estas son las principales modificaciones:

Google News no habla español

La novedad quizás más polémica de la ley es la introducción de la llamada tasa Google o canon Aede (por ser una reivindicación histórica de la Asociación de Editores de Diarios Españoles): se trata de una compensación que los agregadores de noticias, como Google News o Menéame, tienen que pagar a partir de ahora a los editores por publicar "fragmentos no significativos" de sus artículos. La ley establece que el cobro es un "derecho irrenunciable", de ahí que a Google solo se le ocurriera una alternativa para evitar pagar: ha dejado de incluir noticias de medios españoles en Google News. La satisfacción de Aede se ha transformado en preocupación por la posible pérdida de visitas, así que ha pedido "la intervención de las autoridades españolas y comunitarias para proteger de manera eficaz los derechos de los ciudadanos y de las empresas".

El bolsillo de los piratas

La nueva LPI aumenta hasta los 600.000 euros las sanciones máximas para las webs que vulneren los derechos de propiedad intelectual. El texto amplía la lucha contra la piratería a las páginas de enlaces (las que facilitan el acceso a otras webs que alojan el contenido no autorizado) así como a los intermediarios, anunciantes o servicios de pago on line que colaboren con estas webs, todos amenazados con las mismas multas. Aparte de la propia conducta infractora, la ley considera responsable a "quien coopere con la misma, conociéndola o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de control [sobre ella]". Entre los susceptibles de ser sancionados, el texto excluye explícitamente a los buscadores.

Debido a la llegada de esta reforma, la célebre página Series.ly, una red social con fichas y críticas de series que los usuarios aprovechaban para encontrar enlaces a contenidos piratas, ha decidido retirar previamente todos los millones de links sobre los que no pudiera garantizar que respetaran el copyright.

El nuevo canon se paga entre todos

Hace años que el canon digital fue enterrado. Para sustituirlo la LPI recoge la introducción, activa desde 2012, de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, la pagamos entre todos. La ley acota el concepto de copia privada y ha reducido la recaudación para las entidades de gestión de los 115 millones hasta los 5 que cobraron el año pasado. Este vínculo del nuevo sistema con los Presupuestos Generales del Estado no convence al Tribunal Supremo, que preguntó al Tribunal de Justicia de la UE si la medida es coherente con las normativas europeas.

Tras el 'caso SGAE'

En 2011, la entrada de la Guardia Civil en la sede de la SGAE y la detención del entonces presidente de la entidad, Eduardo Teddy Bautista, por un supuesto escándalo de desviación de fondos, destrozaron la imagen de las entidades de gestión, ya de por sí por los suelos. Para evitar un déjà-vu, la LPI aumenta el control y las obligaciones de transparencia para estos organismos. También introduce un catálogo de infracciones de "leves" a "muy graves", que pueden suponer una multa de hasta 800.000 euros (o del 2% de la recaudación del año anterior) para la entidad que incumpla la ley.

Otras tarifas, una sola ventanilla

La ley insta a las entidades de gestión a aprobar unas nuevas tarifas, "adecuadas" a lo establecido por la reforma. Televisiones, radios, hoteles y demás usuarios de los derechos de propiedad intelectual tachan de "abusivos" desde hace años los precios impuestos por las entidades. La reforma establece un plazo de seis meses para aprobar las nuevas tarifas, desde el momento en que entre en vigor "la orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que apruebe la metodología para la determinación de dichas tarifas". El texto también impone a las entidades la creación de aquí a cinco meses de una ventanilla única para la facturación y el pago por parte de los usuarios. En el caso de que los organismos no lleguen a un acuerdo, la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (el organismo administrativo creado por la ley Sinde) se ocupará de solucionar el problema.

La cita y los campus virtuales

También polémico aunque menos conocido es otro aspecto de la LPI: la obligación para las universidades de pagar a CEDRO (la entidad de gestión de los libros) por usar manuales y textos universitarios en los campus virtuales. El derecho, como en el caso del canon AEDE, es irrenunciable: es decir, incluso si el propio autor del manual quisiera ponerlo a disposición libremente, estaría obligado a ser remunerado.