Australia aprueba una ley pionera para que Facebook y Google paguen a los medios por las noticias

La Cámara de Representantes de Australia aprobó este jueves una ley pionera que obligará a Facebook y Google a pagar a las empresas editoras de noticias por el contenido que divulguen en sus plataformas. La implantación del Código de Negociación de Medios de Noticias y Plataformas Digitales por parte del Gobierno que dirige Scott Morrisson fue el detonante de la primera gran batalla en el pulso que enfrenta desde hace una década a los medios y a las grandes tecnológicas, y que hasta ahora se había desarrollado más entre advertencias que con hechos consumados.

El punto álgido de la crisis se vivió el pasado día 19 cuando Facebook bloqueó en Australia las noticias de los medios. Los millones de usuarios que tiene la red social en el país oceánico se quedaron sin poder consultar en la plataforma las informaciones de los periódicos nacionales o internacionales y las cabeceras australianas dejaron de ser visibles en la red social desde el extranjero. Sin embargo, la compañía levantó el veto cuatro días después, tras introducir el Ejecutivo unas enmiendas en el proyecto de ley. La normativa convierte a Australia en la primera nación en la que un árbitro gubernamental puede fijar el precio que los gigantes tecnológicos pagan a los medios si fracasan las negociaciones privadas.

La ley enmendada exige que el Gobierno considere las contribuciones de las grandes tecnológicas a los medios, antes de recurrir al arbitraje. Google y Facebook esperan convencer a las autoridades australianas de que no lo hagan concertando el suficiente número de acuerdos con los editores. La norma será revisada en el plazo de un año.

“La normativa garantizará que las empresas de medios de comunicación reciban una remuneración justa por el contenido que generan, ayudando a mantener el periodismo de interés público”, dijeron el ministro de Finanzas, Josh Frydenberg, y el de Comunicaciones, Paul Fletcher, en una declaración conjunta.

Las dos multinacionales estadounidenses, por su parte, siempre argumentaron que el motor de esa medida de control partía de un planteamiento erróneo sobre cómo funciona internet. A su entender, son los medios de comunicación los primeros interesados en proyectar su contenido allí, dado que gracias a su poder de difusión pueden llegar a más gente.

Las enmiendas introducidas al proyecto de ley este miércoles acercaron las posturas entre el Ejecutivo de Morrisson y la compañía de Mark Zuckerberg, que se comprometió a restablecer los enlaces de noticias este mismo viernes. Los cambios fijan los valores que se tomarán en consideración a la hora de dirimir qué plataformas estarán sometidas a la normativa. Facebook se comprometió el miércoles a invertir 1.000 millones de dólares (unos 650 millones de euros) entre los editores de todo el mundo durante los próximos tres años. Google anunció en octubre pasado una cifra idéntica en tres años para “fomentar el periodismo de alta calidad”.

De cualquier forma, esta regulación probablemente será la primera de muchas otras que llegarán, impulsadas por los gobiernos de otros países. Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido ya han mostrado interés por la ley australiana. En general, los editores piden una remuneración a las grandes tecnológicas al considerar que estas se aprovechan de las noticias los periódicos ―y de los datos de sus lectores―, para arrebatarles la mayor parte de la tarta publicitaria. Las plataformas alegan que su tecnología ha permitido difundir las noticias a una audiencia descomunal de la que los periódicos pueden extraer publicidad o suscripciones.

Este mismo jueves, Rod Sims, el regulador de la competencia encargado de redactar el proyecto de ley, reconoció sentirse orgulloso de que la legislación aprobada corrija el desequilibrio existente entre el trabajo de los editores de noticias y la escasa remuneración que hasta ahora recibían por ello de los grandes portales de Internet. “Las señales son buenas. El propósito del Código es el de corregir la gran influencia en el mercado que tienen Google y Facebook”, convino el presidente de la Comisión Australiana de Competencia. “No veo ninguna razón por la que alguien deba dudar de que todo el periodismo se beneficiará de este nuevo escenario”, añadió Sims, sobre una hipotética discriminación de los medios regionales frente a los más potentes.

La nueva ley sienta las bases para un proceso de gestión de disputas de conflictos en caso de que fracasen las negociaciones entre las tecnológicas y las empresas periodísticas, en una de las democracias con la mayor concentración en la propiedad de medios y en el que tiene fuerte presencia el grupo News Corporation, de Rupert Murdoch. Ambas partes se atribuyeron la victoria después de que Australia ofreciera a Facebook algunas concesiones, incluido que el Gobierno pueda liberar de forma discrecional a los gigantes tecnológicos del arbitraje si pueden demostrar una “contribución significativa” a la industria periodística nacional.

La ley fue creada a raíz de la crisis de los medios por la caída en los ingresos publicitarios en las dos últimas décadas, que ha causado despidos masivos en las redacciones, recortes a los gastos en sus investigaciones y un paso de la versión impresa a la digital para reducir costes.