Visto para sentencia el juicio por la propiedad de las estatuas del Pórtico de la Gloria que tienen los Franco

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, de Compostela Aberta y médico de profesión, no se atrevió a ofrecer un diagnóstico certero tras la vista donde se dilucidaba a quién pertenecen las dos estatuas del Pórtico de la Gloria que están en manos de la familia Franco desde hace más de 60 años. “Creeré en la justicia cuando esta haga justicia”, sentenció. Y es que Juan José Aizcorbe, abogado de la familia del dictador, basó su defensa sobre dos pilares: el Ayuntamiento tendrá que demostrar que los Franco no compraron legalmente las dos joyas románicas a un particular a través de un anticuario y, en el caso de haber realizado una adquisición irregular, esta habría prescrito en 1981. La respuesta del letrado municipal, Xaquín Monteagudo, fue contundente e indignada: “Es un abuso de tal calibre que el Estado de derecho no lo puede permitir”.

Hechos probados que la magistrada del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid tendrá que valorar. El Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago mostró hasta el siglo XVI un aspecto distinto del actual. Era de mayores proporciones y contaba con una antesala (peristilo o exonártex) presidida por un gran arco central y dos puertas laterales y decorada por siete u ocho esculturas de profetas y reyes. En 1521, esta soberbia estructura del maestro Mateo fue desmontada y sus figuras distribuidas por diferentes lugares.

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En el siglo XVIII, dos de aquellas obras maestras (Abraham e Isaac, aunque hay dudas sobre a quién representan en realidad) terminaron en manos del conde de Ximonde, que las guardó en un pazo de su propiedad. Finalmente, a mediados del siglo XX acabaron en la residencia veraniega del dictador (el pazo de Meirás) y ahora son propiedad de sus descendientes. No las quieren devolver al Ayuntamiento. Afirman que son suyas.

El Consistorio (con documentos probatorios) muestra una escritura notarial de junio de 1948 que confirma que fueron adquiridas por el concejo a un descendiente del conde de Ximonde. La compra se realizaría mediante dos pagos de 30.000 pesetas. En caso de que las obras saliesen de Santiago, dice el contrato firmado por ambas partes, había que indemnizar al noble con otras 600.000 pesetas. Y, gracias a este acuerdo, permanecieron en la casa consistorial hasta 1954 o 1961, periodo tras el que desaparecieron para terminar en manos de los Franco.

Los Franco replicaron en el juicio que las esculturas fueron adquiridas a un particular y, en el caso de que así no fuera, la presunta sustracción estaría prescrita en la década de los ochenta del siglo pasado, cuando se cumplieron 25 años de los hechos. Cuando el abogado del dictador hizo estas afirmaciones en el juicio, los asistentes mostraron su irritación y la magistrada tuvo que llamarles la atención: les amenazó con echarlos de la sala.

Dudas expresadas en el juicio por los letrados de ambas partes: “¿Dónde está el documento de compraventa de los Franco con el supuesto particular?". Respuesta: no existe. “Si el Ayuntamiento no dispone de todo el expediente de la presunta adquisición municipal de las estatuas, una familia no tiene por qué haber guardado ese papel”, replicó Aizcorbe.  El letrado contraatacó, además, reclamando al Ayuntamiento el recibo del segundo pago de 30.000 pesetas al conde, así como el de 600.000 por haberlas sacado de Santiago. Pero estos documentos tampoco existen. “Qué raro”, señaló el letrado, "que el noble no reclamase el dinero que se le adeudaba". Es decir, sostuvo, nunca se llevó a cabo la operación. “¡Pero quién iba a hacer algo así en el franquismo! Nadie podía reaccionar. No se podía hablar de esta cuestión”, se quejó Monteagudo.

Y más preguntas del abogado de los Franco: “¿Dónde está el expediente del traslado de las esculturas desde el Ayuntamiento a casa de los Franco?”. Respuesta: No se ha encontrado.

“Se las llevaron, se las llevaron”, dijo Ramón Izquierdo, perito de la acusación, que desde los años ochenta ha estado estudiando el caso. “Está todo: la referencia en el Boletín de la Academia de la Lengua Gallega de 1933, las dos comisiones de venta de 1947, su llegada al Concello de Santiago en 1948, el oficio del alcalde del 16 de febrero de ese año, el escrito notarial… No hay documento de venta alguno a los Franco porque, simplemente, nunca existió. En la Exposición de Arte Románico de 1961 ya aparecen como 'propiedad de su excelencia el jefe del Estado. Pazo de Meirás'. Estaban en el Ayuntamiento. Está claro. Se las llevaron…”, se indignó.

“¿Hay alguna foto que demuestre que las esculturas estuvieron en el Consistorio?”, preguntó entonces la defensa de los descendientes del dictador. El alcalde de Santiago reconoce que no. “Quizás las hicieron desaparecer. Pero allí estaban”, aseveró.

Luego la defensa de los Franco siguió hablando de “carga de la prueba”, “hipotéticas suposiciones”, “posesión pacífica y pública en Meirás”, “expedientes detallados donde no hay datos de la llegada al Ayuntamiento” y una disquisición sobre cuándo habría prescrito el presunto delito: entre seis años, si se considerasen las estatuas bien mueble, o 25, si fuera patrimonial. “Por ello, solicitamos desestimar la demanda”, concluyó el letrado de la familia. “Es un bien demanial", respondió indignado el abogado municipal. "No se puede vender", añadió, como no se puede vender una calle o una plaza. "No era demanial, era un bien mueble", respondieron los Franco. "Se aprovechó porque era el jefe del Estado y luego sus herederos", esgrimió el Ayuntamiento. Visto para sentencia. 

La juez decide.