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Las batallas judiciales del galeón ‘San José’

El galeón San José jugó un rol de primer orden para el transporte de riquezas del continente americano hacia la Corona española. Fue hundido en 1708, por accidente, regresando apresuradamente de Portobello, Panamá, a Cartagena de Indias para evitar al comodoro inglés Charles Wager, quien al observar la impotencia de su propia tripulación frente al hundimiento inevitable del codiciado pecio, les habría increpado: “Un hombre que no lucha por un galeón no lucha por nada en la vida”.

El anuncio del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el pasado viernes, ha puesto al galeón San José en el centro de la atención mundial. Pasadas las primeras emociones por la noticia, una reflexión serena conduce a pensar que son más los desafíos y controversias que se abren, a juzgar por las disputas judiciales sobre la Galga y la Juno o por el precedente judicial establecido con el hallazgo del galeón Nuestra Señora de Las Mercedes.

Considerado, documentadamente, como uno de los naufragios más valiosos del planeta, como todo galeón que reivindica frente a la historia su condición de tal, el San José, desde el fondo del mar, sigue librando ásperas batallas, de carácter judicial, con base en normas muy recientes, o en proceso de consolidación, o simplemente a ser acordadas por los Estados que obviamente hacen valer sus intereses invocando con prioridad sea la bandera o pabellón del galeón, las nacionalidades de tripulación y pasajeros, el país de jurisdicción del mar donde yace el naufragio, el puerto de origen, la condición militar o comercial del galeón y los factores determinantes en la carga.

Las batallas internacionales, en primer lugar. España ha anunciado la defensa de galeones de su bandera, ejerciéndola activamente en el caso del galeón Nuestra Señora de Las Mercedes. El Secretario de Estado para la Cultura acaba de anunciar que ejercerá la defensa del patrimonio y solicitará informaciones a Colombia sobre el hallazgo del naufragio. Los Estados Unidos han anunciado oficialmente la protección soberana de los buques militares, apoyando a España, también oficialmente, en el caso del Cisne Negro. Otros Estados como Perú, Panamá o Bolivia han invocado o podrían invocar el origen de la carga o la condición del puerto de origen. Descendientes de la tripulación y pasajeros fallecidos podrán invocar derechos sobre el naufragio.

Las otras disputas han sido libradas ante la justicia colombiana con base en el reconocimiento de derechos para el rescate del naufragio que hizo en 1982 la autoridad marítima colombiana –DIMAR- a la Glocca Morra Company, quien los cedió a la Sea Search Armada, compañía que los mantiene vigentes, ejerciéndolos eficazmente ante los tribunales.

Con base en ese reconocimiento, la Corte Suprema de Colombia, en 2007, reconoció a la Sea Search Armada el 50% de derechos sobre la carga del San José que sea considerada como "tesoro". La compañía tomó esa sentencia como base para demandar a Colombia ante la justicia de los Estados Unidos pidiendo indemnización por 14.000 millones de dólares. Han recurrido también al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, alegando fraude a sentencia judicial.

Existe en trámite en Colombia una demanda, por el autor de la presente nota, en defensa de derechos culturales colectivos, con objeto de que sean declarados nulos los “derechos” que ostenta la Sea Search Armada con base en los cuales adelantó el proceso civil que culminó con la sentencia de la Corte Suprema. En marzo de 2004, un Tribunal Superior en Colombia declaró inconstitucionales los derechos de la SSA.

El hallazgo del San José anuncia una nueva era con otros giros, en otros contextos, pero en medio de las incertidumbres generadas por la ausencia de consensos necesarios para consolidar un régimen internacional de los naufragios históricos. Una cosa es cierta, la lucha determinada e intensa de los Estados reivindicando derechos sobre los naufragios. Aquí aplica también que un país que no lucha por un galeón no lucha por nada. ¿Será posible un consenso sobre este problema? El realismo mágico de García Márquez, quien escribió documentadamente sobre ese problema, llevaría a pensar que sí.

* Antonio José Rengifo Lozano es profesor de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, y coordinador del Centro de Pensamiento de Mares y Océanos del mismo centro.

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