‘Taquillazo connection’: un secreto a voces

Es altamente probable que aún no estén todos los que son (las pesquisas siguen abiertas). Y es seguro que solo la justicia dirá si son todos los que están. Entiéndase: todos los que están siendo investigados por falsear la taquilla de medio centenar de películas en las salas de cine españolas.

 Robar, en la segunda acepción de esta voz en el diccionario de la Real Academia Española: “Tomar para sí lo ajeno, o hurtar de cualquier modo que sea”.

Así pues “esa gente”, dicho así, en abstracto y como corresponde hasta que no haya sentencias, ha robado hasta las cartolas, pues no otra cosa es ponerse de acuerdo entre varios —este productor, ese dueño de sala de cine, aquel distribuidor...— para tangar a la tesorería pública, que es de donde gotea el maná de la subvención a las películas. Y a los coches y a los zapatos y a los pimientos del piquillo, por cierto.

Que algunos, bastantes o incluso muchos productores compraban a mansalva entradas para hacer creer al Tío Gilito —el Ministerio de Cultura— que sus películas gozaban de éxito popular en la taquilla y por lo tanto eran merecedoras de una paga extra —la subvención automática— ha sido durante años una verdad pura, dura e indemostrable. En la gran familia del cine español eso lo sabía desde el director general de Cinematografía de turno hasta el acomodador del cine de barrio más recóndito. Perdón, esto no es verdad. Ya no quedan acomodadores, como no quedan guardias urbanos de los de verdad ni serenos capaces de suavizar los aterrizajes forzosos de las noches infernales, y así nos va.

Pero sobre todo, los que mejor saben lo que han hecho son los que lo han hecho, aunque ahora digan misa en gregoriano. Y como sucede siempre, los que no hicieron nada, nada tienen que temer.

Todo era, decimos, una verdad indemostrable hasta que unos papeles judiciales lo han demostrado y zas, se armó el belén de la indignación gremial en el cine español. El sector se dice “devastado” tras lo publicado por este diario. La culpa la tiene la ley, por ser laxa y no haber convertido en delito estas pobres miserias de pícaros sin remedio, qué culpa tiene un pobre productor de cine si el sistema es así de injusto. La culpa la tiene el Gobierno, que ha filtrado los documentos porque estamos en campaña y todo es política, la cultura también, y no digamos el cine. La culpa la tiene EL PAÍS por dar pábulo a campañas difamatorias. Y la culpa la tienen, claro está, los jueces, por investigar, a quién se le ocurre.

Cuidado. Los presuntos golfos apandadores de la taquillazo connection no son el cine español en su conjunto, aunque a muchos les gustaría que así fuera y ya se apresuran a asegurar que así es. No. En la estirpe del Lazarillo, Guzmán de Alfarache y la pícara Justina no pueden ni deben figurar tantos y tantos honrados profesionales del cine, autores de tantas y tantas buenas (o malas) películas.

En la estirpe de la picaresca y el celtiberia show solo han de figurar los de siempre. Una patulea de afanadores insolidarios con nombre, apellido y razón social.