España sigue fuera de la lista negra de la piratería de Estados Unidos

El informe 301 para 2014 no incluye al país entre los observados especiales El documento recomienda seguir asesorándolo en la lucha contra las violaciones del 'copyright'

Una usuaria de Internet consulta dos páginas de descargas de archivos.
Una usuaria de Internet consulta dos páginas de descargas de archivos. CLAUDIO ÁLVAREZ

Durante años fue una pesadilla. Pero ahora la luz al final del túnel está más cerca. La publicación del llamado informe especial 301, conocido comúnmente como la lista negra de la piratería de EE UU, ya da menos miedo a España. El documento señala a los países con los que no es muy recomendable hacer negocios relacionados con la propiedad intelectual. Tras pasarse dos años como una de las observadas especiales de la Oficina de Comercio estadounidense (quien redacta el estudio anual), ser por fin alejada de la lupa en 2012, aunque mantenida bajo observación, en el documento de 2014, publicado hoy, España da un paso más hacia la tranquilidad: no aparece ni en la lista de los problemas prioritarios, ni en la de los Estados a los que hay que seguir observando.

España sale citada, eso sí, unas seis veces del informe, en el que se explica que, como en 2013, se seguirá asesorando al país para favorecer los avances en la lucha contra las violaciones del copyright. El texto subraya “los pasos concretos” adoptados por España para combatir la piratería, aunque recuerda también que la industria estadounidense ha expresado sus preocupaciones respecto al país.

En concreto, la IIPA (la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual), en las tradicionales recomendaciones que remite a la oficina de Comercio de Estados Unidos, barajó la posibilidad de que España fuera devuelta a la lista 301 si los famosos "pasos concretos" no eran suficientes. "Gran parte de la situación de las industrias culturales en España sigue siendo la misma en 2014 que en años previos", aseguraron hace un mes desde la IIPA a este periódico.

Sin embargo, al menos de momento, España sigue fuera de la lista. Así, el Gobierno podrá alegrarse de que tanto la puesta en marcha de la ley Sinde como la lucha contra las webs de enlaces que plantea el anteproyecto de reforma de la ley de la Propiedad Intelectualhayan recibido el aplauso de Washington. "Quizás sea el fruto del esfuerzo manifestado desde el primer momento por este Gobierno. Hay un compromiso fuerte contra la piratería", valoran desde el Ministerio de Cultura.

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Los últimos datos sobre la sección segunda de la llamada comisión Sinde, el órgano administrativo encargado de luchar contra las webs piratas, hablan de 407 solicitudes recibidas, de las que 352 se convirtieron en una resolución expresa y han producido el requerimiento a 169 web, entre ellas 61 de enlaces. "En la casi totalidad de los casos, las webs han retirado los contenidos ilícitos identificados, y en 23 casos la web ha cesado por completo su actividad", relatan desde Cultura. El caso más llamativo quizás sea el de seriesyonkis y peliculasyonkis, dos de las páginas de enlaces más conocidas de España, que en marzo retiraron todos sus links a contenidos ilícitos, sin explicar oficialmente las razones. Eso sí, poco antes la fiscalía había pedido el cierre cautelar de las páginas en el marco de un juicio que arrancó en 2008 en el Juzgado número 1 de Murcia y permanece abierto. 

En cuanto a la reforma de la ley de Propiedad Intelectual, el texto, tras la aprobación del Consejo de Ministros, está siguiendo la tramitación parlamentaria. Ha recibido, esos sí, duras críticas por parte de la oposición y las entidades de gestión. Incluye, entre otras novedades, sanciones económicas ante el incumplimiento constante de retirada de contenidos ilegales de entre 30.000 y 300.000 euros y la creación de la que se ha bautizado como tasa google: los agregadores de noticias como Google News deberán pagar por reproducir contenidos de los medios de comunicación.

Bastante peor parados salen en el informe 301 de este año varios países de América Latina. Argentina, Chile y Venezuela están en la lista negra de EE UU, mientras que Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, México y Perú aparecen entre los países bajo observación.

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