La Comisión de la Propiedad Intelectual resuelve 30 casos en un año

La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, creada por la ley Sinde-Wert, ha tramitado 363 solicitudes a instancia de parte, de las que 248 han sido archivadas por irrelevantes o por deficiencias en su presentación. De las 115 restantes, 30 se han saldado con un acuerdo de inicio, cuatro fueron archivadas antes de ese pacto y hay 81 que aún están pendientes, según ha explicado esta mañana Teresa Lizaranzu en la Secretaría de Estado de Cultura  con motivo del primer aniversario de la norma.

Los números no difieren mucho de los apuntados por este diario hace un par de semanas; para entonces, se habían resuelto 25 solicitudes, aunque sí evidencian un cierto apremio en las actividades de la comisión. En estos 13 días se han resuelto la quinta parte de casos que en los 11 meses anteriores, quién sabe si por la amenaza que pende sobre España de su inclusión en la lista 301 de los países más piratas recomendada por la industria estadounidense y que se resolverá en abril. “Aumenta el ritmo de trabajo exponencialmente”, ha reconocido Lizaranzu, directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro, además de presidenta de la comisión segunda, diseñada para perseguir páginas que sirvan o enlacen contenidos sujetos a derechos de autor. “Ya tenemos un mecanismo, un engranaje que va funcionando cada vez mejor”.

La comparecencia se ha ido en explicar el funcionamiento de ese engranaje, en quitar importancia a la amenaza de la lista 301 (“Canadá o Italia llevan años en ella”), en desdeñar a Kim DotCom (“ese alemán que vive en Nueva Zelanda”) y en defenderse de las críticas vertidas esta semana contra la protección de la propiedad intelectual en España desde la IFPI, patronal mundial del disco (“la ley Sinde-Wert tiene muchos agujeros”) y a la Coalición de Creadores. “No trabajamos con informes que elabora la industria y de los que desconocemos casi todo, como la muestra empleada”.

Lizaranzu también ha vuelto a prometer modificaciones en el marco normativo, que pasan por “la reforma puntual del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual”. De momento, es “un borrador de anteproyecto”, que pronto, aunque no se ha precisado cuándo, será “un texto cerrado entre ministerios”. Tras su “notificación pública” pasará por el parlamento, donde se aprobará un cambio que abogará por “el incremento de la oferta legal”, “una mayor transparencia de las entidades de gestión” y oficializará los cambios en la recaudación por la “copia privada” ya introducidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (y que supondrán una asignación de cinco millones, frente a los 115 que procuró en 2011 el viejo canon digital).