El Gobierno avala el 'Diccionario biográfico español'

Los Presupuestos Generales del Estado esconden en letra pequeña las intenciones del Gobierno. En las primeras cuentas del presidente Mariano Rajoy se incluye, en la partida de inversiones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la subvención nominativa para "el mantenimiento y la actualización del Diccionario biográfico español", por valor de 163.790 euros. Es la misma que el Congreso congeló el pasado mes de julio hasta que la Real Academia de la Historia (RAH), con su acuerdo, no revisara y rectificara las entradas más polémicas de dicha obra, en un plazo de cuatro meses.

Como informó este diario el pasado mes de febrero, la RAH no ha publicado las rectificaciones y no tiene intención de modificar las entradas menos rigurosas de la obra, como por ejemplo la muy controvertida sobre Francisco Franco. "Lo que no hará es ninguna corrección de las voces más conflictivas publicadas en los primeros 25 tomos, ni ninguna de las que están por venir", explicaba un académico entonces.

Ahora el Gobierno ignora y desestima la decisión aprobada por la cámara —con los votos en contra del Partido Popular—, y premia al cuestionado diccionario, que desde que se presentó en mayo de 2011 ha suspendido en el ámbito científico, académico, institucional y social.

No hay que olvidar que la Fiscalía Superior de Andalucía resolvió abrir diligencias de investigación penal y remitir a la Fiscalía General del Estado la denuncia presentada por un grupo de ciudadanos suscrita por más de 800 personas por apología de la dictadura. El Ministerio Público, por su parte, trasladó la denuncia a la Fiscalía Provincial de Madrid al entender que corresponde a ese órgano fiscal la investigación sobre los hechos.

El Ejecutivo ignora y desestima la decisión aprobada por el Congreso

Miguel Artola, presidente de la primera comisión encargada de arreglar el desaguisado del Diccionario, aseguraba a este periódico entonces que el deber de ese comité era "informar a los académicos sobre la obra". Y aclaraba: únicamente informar sobre lo que se había publicado. El encargo de la RAH era, al contrario de lo que pedía el Congreso, redactar una opinión de la obra a partir de una muestra, dada la urgencia.

“No sé si los autores a los que se les encargaron las entradas estarían dispuestos a que alguien les corrigiese sus textos. No creo que se haya revisado nada, porque hubiese sido un trabajo ímprobo y delicado: ¿quién enmienda la plana?”, explicaba el académico, que en verano renunció a su cargo en la comisión por problemas personales. El nuevo grupo está dirigido por Faustino Menéndez Pidal, quien reconoció que la revisión de la RAH no iba a cambiar grandes cosas.

Menéndez Pidal aseguró entonces que las cuestiones que se resolverían serían “fechas erróneas”. “Esas cosas de calificación, si ese señor era más alto o más bajo, dependerá de los criterios objetivos”, añadió sobre la necesaria revisión del perfil que Luis Suárez hizo de Franco. En estos momentos, y desde hace meses, ni siquiera se informa a los académicos en sus sesiones del trabajo que está desempeñando la nueva comisión. Alguno de ellos lo llama “la conspiración del silencio”.

Presumiblemente, y una vez aprobadas las cuentas, la Academia se pronunciará. De momento, la subvención congelada queda reactivada. Esta ayuda se otorga desde 2007, año en que concluyó el plazo del convenio por el que el Ministerio de Educación entregaba a la RAH casi cinco millones de euros para la creación del Diccionario. Desde entonces ha oscilado entre 200.000 euros en 2007 y 193.390 euros en 2011. Este año, 163.790 euros, un recorte del 15,36% (la asignación a la RAH es de 889.930 euros, también un 15,36% menos).

En su día, el ministro de Educación Ángel Gabilondo ponía en duda en el Congreso el rigor histórico y la objetividad de procedimiento en el análisis y la elaboración de los textos. “Parece indudable que existen ciertas entradas en el diccionario que se han apartado del necesario rigor y objetividad, y de la ecuanimidad que debería presidir la elaboración de esta obra”, confirmó. Por su parte, José Ignacio Wert, actual ministro de Educación, Cultura y Deporte, avanzó hace dos meses la postura del Gobierno ante el Diccionario, que confirma ahora con protecciones económicas: “No hay nada más contradictorio que un intervencionismo estatal, si me permiten expresarlo con mayor crudeza, una censura estatal al trabajo de las academias”.