Antonio Alonso, genetista: “No conozco ningún caso confirmado de bebés robados, pero no diré que no ha existido ninguno”

La cifra de 300.000 bebés robados en España surgió en 2011 a partir de declaraciones a la prensa del abogado Enrique Vila, dueño de un bufete especializado en la búsqueda de familiares biológicos. Vila proclamó la existencia de “hasta 300.000 robos”, una estimación propia, pero ahora matiza que en realidad se refería al hipotético número de personas inscritas con padres biológicos falsos, un concepto que incluiría las adopciones irregulares de niños entregados conscientemente. El despacho de Vila empezó a recibir llamadas sin parar. El País Vasco, epicentro del fenómeno, investigó inmediatamente tres centenares de denuncias de sustracciones de recién nacidos, con un grupo policial dedicado en exclusiva, sin encontrar “ni siquiera indicios razonables”, en palabras del fiscal superior. El genetista Antonio Alonso, director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, recuerda que la Fiscalía ha investigado más de 2.000 denuncias de presuntos robos de bebés, de las que medio millar llegaron a juicio. Ante indicios de sustracción, los científicos acudieron a los cementerios y abrieron más de un centenar de ataúdes infantiles. Los bebés fallecidos estaban allí.

Alonso, nacido en Zamora hace 64 años, recibe a EL PAÍS para hablar del inminente Banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. La herramienta ayudará a identificar restos de fosas comunes de asesinados, pero también incluirá los perfiles genéticos de las personas presuntamente afectadas por robos de bebés. El asunto genera interés en todo el mundo. Uno de los temas más leídos del diario The New York Times el año pasado fue un reportaje sobre las “decenas de miles” de recién nacidos españoles “sacados en secreto de los hospitales y vendidos a familias católicas ricas”. Alonso, sentado en su despacho en la sede central del Instituto, en Las Rozas, explica sus resultados científicos.

Pregunta. ¿Cuántos casos confirmados de bebés robados hay en España?

Respuesta. Que yo conozca, no hay ningún caso confirmado de bebés robados, entendiendo por esto un modus operandi en el que se simulaba la muerte de un bebé, en un hospital privado o público, para sustraerlo y venderlo a la mafia que sea. Es más bien al contrario. En el primer caso de bebés robados que llevó al banquillo a un ginecólogo —el doctor Eduardo Vela— se demostró que la denunciante, Inés Madrigal, no fue un bebé robado. Su madre, soltera, hizo una donación del bebé en una clínica privada [y el doctor Vela registró irregularmente a la niña como hija biológica de una mujer estéril]. Eso es un delito, obviamente, pero no es una sustracción de recién nacidos.

P. Mucha gente piensa que no se han investigado los bebés robados en España, pero ustedes incluso han exhumado cadáveres. ¿Cuántos ataúdes han abierto?

R. Sí, la Fiscalía ha hecho una labor importante en más de 2.000 denuncias. Desgraciadamente, el tema de los bebés robados es complejo por la dificultad para investigar. La mayoría de los bebés que morían en los hospitales en los años cincuenta, sesenta y setenta pasaban a un cementerio de párvulos, que normalmente eran enterramientos en tierra y, muchas veces, en fosas comunes. En 117 de 120 exhumaciones conseguimos recuperar restos óseos de recién nacidos: el 97%. Pudimos obtener el ADN en 90 casos y en el 90% logramos identificar a los bebés como hijos de los padres que los buscaban, con lo cual se cerraron esas investigaciones.

P. ¿Cómo reaccionaron las familias?

R. La mayoría de las familias dijeron: “Qué bien, terminó esta incertidumbre que teníamos”. Independientemente de la realidad, hay que ponerse en la posición de los padres, que reciben una información de que hubo 300.000 bebés robados en una época en la que murió su bebé. Se genera una gran incertidumbre: “¿Mi bebé murió o me han engañado, como dicen que han engañado a 300.000 familias?”. Cuando pudimos demostrar que los bebés habían muerto, algunos padres no se lo creyeron. Por mucho que les mostramos la evidencia científica de que ahí estaban sus hijos, no se lo creyeron. Nos llamó muchísimo la atención: los familiares creían que los estábamos engañando.

Se decía que un bebé no puede desaparecer, pero claro que un bebé puede desaparecer, desintegrarse, degradarse completamente

P. ¿Encontraron algún ataúd vacío?

R. Hubo tres casos en los que no vimos restos óseos en el ataúd, pero sí se encontraron pelos fetales, la pinza del cordón umbilical, un paño quirúrgico manchado… La evidencia forense indica que ahí hubo un cadáver del que ya no encontramos ningún resto. Hay un elemento muy importante: se decía que un bebé no puede desaparecer, pero claro que un bebé puede desaparecer; desintegrarse, degradarse completamente por distintos efectos de los suelos, la acidez, la humedad, las alimañas, etcétera. Nuestro laboratorio de antropología ha recuperado restos minúsculos, que sabemos que son de colágeno y atribuibles a restos de un recién nacido, pero, morfológicamente, no se pueden identificar si no se hace una investigación minuciosa. Y eso es lo que sucedió al principio: había una iniciativa privada que hacía las exhumaciones y no tenía conocimiento técnico como para hacer esto.

P. Ustedes enviaron ese informe de las 120 exhumaciones al Parlamento Europeo.

R. Ese análisis nos reveló que aquí pasaba algo. Llama mucho la atención que todos esos casos cuentan el mismo modus operandi: “El niño nació bien, pero a las horas me dijeron que se había puesto muy malito y que se había muerto. No me enseñaron el cadáver”. Es decir, el recuerdo de todas esas personas es el mismo, avivado probablemente por determinadas noticias poco contrastadas, por llamarlas de alguna manera. Yo creo que se ha generado un sesgo cognitivo importante: si me dicen que en la época hubo 300.000 casos, ¿por qué no yo?

P. En 1976 morían nueve bebés por cada 1.000 nacidos.

R. Y además, en aquella época, en los años sesenta y setenta, el tratamiento al paciente en un hospital no era el mismo, desde un punto de vista de derechos, informativo y de privacidad. Ahora sería impensable [que no te dejen ver el cadáver de tu bebé]. Hay que mejorar el conocimiento de la magnitud del problema, porque creo que gran parte de los casos, por lo menos con ese modus operandi, no existieron. Hubo adopciones enormemente irregulares, como la de Inés Madrigal, que no fue una sustracción de recién nacidos.

Algunos padres ven una conspiración porque somos parte del Estado

P. El forense Francisco Etxeberria, que es un referente en la exhumación de fosas de la Guerra Civil, afirma que no hubo robos de bebés en los hospitales y que es un caso de psicosis colectiva. ¿Usted lo cree?

R. Tenemos que ser tremendamente respetuosos con la gente que padece una situación de incertidumbre y piensa que ocurrió algo que a lo mejor no ocurrió. Hay determinados casos, efectivamente, en los que hemos presentado a los padres la evidencia genética y no se la creían. Sospechan que les estamos mintiendo. A mí me impactó muchísimo que pusieran en duda nuestro trabajo, cuando es tan evidente. En algunos casos, piensas que ni habría que haber hecho la prueba de ADN, porque hay un informe de un hospital público que muestra una patología incompatible con la vida. Unos padres donaron el hígado de su hija fallecida a un hospital para que lo analizaran, y 30 años después de hacer eso, lideran el “mi hija ha sido sustraída”.

P. Hay denuncias de bebés robados en hospitales públicos en democracia, en los años ochenta y noventa.

R. Antes hablaba de un caso en los noventa, en un hospital público de una ciudad española. Hubo un primer error de otro laboratorio, que obtuvo tres perfiles de ADN de los pelos del recién nacido y dijo que ninguno era igual al de la madre. Pero era una interpretación errónea, por una contaminación en el laboratorio. Eso acrecienta la desconfianza con respecto a lo oficial, al Instituto Nacional de Toxicología. Ven una conspiración porque somos parte del Estado. Me da mucha pena, pero creo que la mayoría de los padres a los que hemos podido identificar a su hijo fallecido lo han recibido muy positivamente.

P. En Euskadi, en 2012, el entonces lehendakari, Patxi López, salió en televisión asegurando que existía una trama, un negocio “bien orquestado entre los médicos, los hospitales, los propios cementerios”. Los datos, entonces, no muestran eso.

R. Yo creo que no. Desde mi punto de vista, donde a lo mejor no se ha buscado tanto y se debería buscar más es en determinadas instituciones franquistas, como las residencias para madres solteras del Patronato de protección de la mujer. ¿Quiénes iban ahí? Pues chicas jóvenes vulnerables, embarazadas, que por un condicionante cultural, familiar o económico entregaban a los niños. ¿Qué se hacía con esos niños? Estas residencias, normalmente, estaban gestionadas por órdenes religiosas. Por ejemplo, la de Peñagrande, en Madrid [activa entre 1955 y 1983]. Es una situación que hoy no admitiríamos, con falsedades en documentos públicos, porque decían que la madre biológica era a la que le donaban un bebé de una madre soltera, que muchas veces no tenía medios de subsistencia ni era un embarazo deseado.

P. ¿En esas residencias las madres entregaban conscientemente a sus hijos, con coacción o sin ella?

R. Yo entiendo que la mayor parte sí, pero obligadas por la necesidad. Eran prácticas fraudulentas con el visto bueno del Patronato de Protección de la Mujer. Entonces, creo que no tenemos que montarnos la novela con toda esa elucubración de que tenían en los hospitales un bebé congelado que mostraban a las madres [para darles el cambiazo y robarles su bebé vivo]. ¿A quién se le ocurre eso? No es nada fácil hacer eso en un hospital público, no cuadra en absoluto ese modus operandi. Y, sin embargo, sí sabemos que en estas residencias del régimen sí había ese tráfico de bebés. Creo que estamos desenfocando el origen del problema y, por lo tanto, la solución. Estamos dando falsas expectativas a un montón de asociaciones [de bebés robados] que han surgido.

Se está poniendo en tela de juicio a equipos médicos de muchos hospitales públicos, sin ninguna prueba

P. Parece que hay consenso en investigar supuestos robos en hospitales públicos en los años ochenta.

R. Hay un consenso político. En principio hay un apoyo unánime a que se desarrolle la ley [de bebés robados], que no se pudo culminar porque terminó la legislatura. Sin embargo, los partidos de derecha votaron en contra de la Ley de Memoria Democrática. Y, si mañana llegan al poder, la derogarán. Yo no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Ante una incertidumbre cierta de una persona, que sabe que su familiar fue ejecutado y que luego fue enterrado y no sabe dónde, el Estado tiene que apoyar. Ante la otra incertidumbre [la de los supuestos bebés robados], de la que no tenemos tanta certeza de que fuera así, también tendremos que ayudar, pero una manera de hacerlo es transmitir lo que vamos averiguando. Hablar de 300.000 [bebés robados] es multiplicar por 10 la cifra que dio el juez Baltasar Garzón [en un auto de 2008] de 30.000 niños en instituciones religiosas del régimen entre los años cuarenta y cincuenta. Pero las denuncias que hay ahora no vienen de esa época, no tienen nada que ver.

P. Garzón se refería entonces a “huérfanos de guerra con padres muertos, presos, exiliados, clandestinos o desaparecidos”, no a bebés robados a sus madres al descuido en un hospital.

R. Efectivamente, era algo que tenía más que ver con la represión franquista en la posguerra. ¿Ocurrió eso? Por supuesto que sí. Aquellos 30.000 se han convertido en 300.000 sin ninguna base científica. Los casos denunciados ahora son mayoritariamente de los años sesenta y setenta, pero también de los años noventa e incluso de los 2000. En la época a la que se refería Garzón seguro que hubo tráfico y sustracción, pero esa no es la casuística que las asociaciones nos piden analizar. Yo no diré que no ha existido, digo que nosotros no hemos visto un caso de sustracción de recién nacidos. No lo he visto. ¿Puede existir? Sí, pero ¿había una mafia de sustracción de recién nacidos? ¿Una mafia de ginecólogos de hospitales públicos? Se está poniendo en tela de juicio a equipos médicos de muchos hospitales públicos, sin ninguna prueba. ¡Incluso en La Paz [un hospital madrileño en el que han nacido más de 700.000 bebés]! Yo no creo que hubiera una trama de sustracción de recién nacidos en hospitales públicos durante la democracia. No se ha podido demostrar ninguna.

P. ¿Y en centros privados?

R. En privados, probablemente, tampoco. Hablaba de hospitales públicos porque muchas de las denuncias son en hospitales públicos. En determinadas clínicas privadas, como las de San Ramón y Santa Cristina en Madrid, donde estaba el doctor Vela, seguro que hubo adopciones irregulares. Una ya se ha probado: la de Inés Madrigal, que nació en la clínica San Ramón. Su madre era soltera y dijo: “Lo siento, pero si puedo daros el bebé me quitáis un problema”. Porque no era un bebé deseado. Lo que hizo después este señor fue traficar: le dijo a una mujer que fingiera un parto y luego le hizo un papel diciendo que era la madre biológica, sin ningún control. Eso es una barbaridad, pero no es un robo de bebé como las noticias que estamos recibiendo.

P. El Ministerio de Justicia, del que depende su Instituto, acaba de adquirir el programa informático Bonaparte, que permite desarrollar bases de datos de ADN para identificar cadáveres y personas desaparecidas. ¿Qué aporta esta herramienta?

R. La idea del nuevo proyecto es incorporar perfiles de ADN, sobre todo, de restos de las distintas exhumaciones. Ahora se está trabajando, fundamentalmente, en la fosa más grande de España, en la que se ha convertido el Valle de los Caídos o Valle de Cuelgamuros. En muchas de esas criptas, los columbarios se han roto y hay una mezcla importante de huesos. Y, claro, es muy difícil realizar un análisis arqueológico para la identificación de cada uno de esos huesos. En 1959, cuando se inaugura el Valle de los Caídos, se pide a todos los gobernadores civiles que exhumen todo lo que hay en cementerios, en zanjas o en otros lugares y se manda allí. Es decir, que se hizo una primera exhumación de la inhumación del año 1936. La llevaron a cabo enterradores o ayudantes del cementerio, no era personal técnico. Se hizo de una manera muy poco rigurosa: se metió todo en cajones de madera y se mandó al Valle de los Caídos. Con el paso del tiempo, todos esos cajones se han ido rompiendo y aquello se ha convertido, en las partes más críticas, en un completo osario.

P. ¿Ya tienen algún resultado?

R. El primer caso ha sido el de los 12 de Aldeaseca [12 personas asesinadas por falangistas en agosto de 1936], un sitio cercano a Pajares de Adaja (Ávila), donde fueron fusilados. Hemos podido identificarlos gracias a las fotografías que hizo un fotoperiodista de la agencia Efe en 1959, porque conocíamos la disposición dentro de la cripta de esa caja, con sus letreros. Los columbarios estaban unos encima de otros y, por la humedad y el peso, era como un acordeón, con una amalgama de restos. Hemos identificado a 11 de ellos por el ADN y hay un último que estamos esperando a que algún familiar lo reclame. Este es uno de los temas importantes de la memoria democrática: muchas veces el problema es que la memoria se pierde y no hay familiares que reclamen.

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