Las Cortes dejan en el aire la ley de familias, salud mental o ELA entre 62 proyectos en tramitación

La ley para proteger a todo tipo de familias, la de salud mental, la de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la del cine y la industria audiovisual, la de movilidad sostenible y la ratificación como normal legal de más de media docena de decretos con medidas de ayudas anticrisis a todo tipo de sectores afectados por la covid y la guerra en Ucrania son algunos de los 62 proyectos de ley que quedarán paralizados por la disolución inmediata de las Cortes. La decisión inesperada y precipitada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de finalizar la XIV legislatura ante el mal resultado electoral del 28-M provoca de manera inmediata el frenazo de la actividad en el Congreso.

El Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos ha presumido de poner en marcha y aprobar en este complejo mandato, pese a su teórica precariedad parlamentaria al disponer solo de partida de 155 escaños, más de 210 iniciativas legislativas y tres Presupuestos Generales del Estado, en general con votaciones muy sobradas. Ahora quedan pendientes y parados 62 proyectos de ley, 29 impulsados por la vía de urgencia y 25 de ellos procedentes de reales decretos, como un buen paquete de medidas de ayuda anticrisis primero por la covid y luego por la guerra en Ucrania. Algunos de esos decretos con medidas anticrisis relacionadas con el transporte, el turismo, la vivienda o la defensa del empleo tendrían que ser prorrogados en junio y ahora quedarán a expensas de que lo pueda hacer en funciones la Diputación Permanente de la Cámara baja. Tampoco avanzarán más dos reformas de los estatutos de las Cortes, una de ellas para controlar mejor a los grupos de presión.

La determinación de Pedro Sánchez al dar por acabada abruptamente esta legislatura, a la que en realidad le habrían quedado apenas 10 plenos antes su finalización oficial a mediados de octubre si se hubiese querido alargar el mandato al máximo, ha provocado a su vez sorpresa en los socios de coalición y en los aliados parlamentarios habituales. Algunos de esos partidos habían impulsado la mayoría de sus proyectos en estos últimos meses, pero otros estaban aún en fase final. Para Unidas Podemos, por ejemplo, que tenía hasta ahora varias carteras en el actual Ejecutivo, era muy relevante impulsar las leyes de familias, salud mental, equidad, libertad de expresión, bebés robados, ELA, movilidad sostenible, atención a la clientela, paridad o trata.

Entre los 62 proyectos de ley en fase de enmiendas, con distintas ampliaciones, estaban la modificación de la ley de seguridad nacional, otra de mejoras a empleadas del hogar, de las cotizaciones de autónomos, la que proponía la creación tras la covid de una Agencia Estatal de Salud Pública, la que regulaba con menos rigidez que ahora los secretos oficiales, eternamente demandada por el PNV, otra que quería ampliar los permisos de maternidad y paternidad a 26 semanas para las familias monoparentales, una que buscaba conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo nacionalidad española, otra que situaba el IVA en el 4% para los servicios de dependencias no exentos, la que cambiaba el Código Penal para despenalizar el delito de injurias a la corona o, incluso, una norma legal que fijaba beneficios para perseguidos o que hubieran sufrido violencia durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

En materia de Transportes, la convocatoria de elecciones deja en barbecho el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que tenía previsto entrar en vigor antes de que terminara este año, cumpliendo así lo comprometido con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La ley iba a marcar objetivos de descarbonización, en el sistema de financiación del transporte público, en la ordenación de las concesiones de transporte privado, en materia de medidas para fomentar formas alternativas de movilidad como la bicicleta, y la introducción de peajes para circular por el centro de las grandes ciudades. Otro proyecto que estaba en marcha era la creación de una autoridad administrativa independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. La disolución de las Cortes no afecta a las subvenciones al transporte público como los bonos gratuitos de Renfe para Cercanías, que tendrán vigencia hasta final de año. En el área de consumo,se paraliza la ley de Atención a la Clientela que impone normas más estrictas a las empresas para que atiendan las consultas y trámites de los ciudadanos, informa Ramón Muñoz.

En una segunda mitad de la legislatura marcada por la invasión rusa de Ucrania y la crisis del gas, la energía es uno de los capítulos en los que más cabos sueltos quedan tras el adelanto electoral. Tras su paso por el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros tenía pendiente dar su visto bueno a la reforma del mercado regulado de la luz (también conocido como PVPC) con el objetivo de hacer más estables las tarifas que pagan estos consumidores, entre ellos los más vulnerables. La idea era tenerla aprobada antes del 30 de junio, pero ahora queda en el aire. También el tope máximo sobre el precio de la bombona de butano, la reducción del 80% en los peajes eléctricos que paga la industria, la bonificación de 10 céntimos por litro de carburante para los transportistas y las ayudas desplegadas para paliar los efectos de la subida en el precio del combustible sobre agricultores, ganaderos y pescadores, que decaerán a finales de junio si no las puede aprobar antes el Consejo de Ministros en funciones. Algo que se escapa del ámbito económico y se adentra en el terreno puramente jurídico, informa Ignacio Fariza.

En el área social, hay leyes que no se han aprobado aún y que decaen, como la ley antirracista que ha planteado el Ministerio de Igualdad, así como la ley de familias, que es la norma estrella del Ministerio de Derechos Sociales y que creaba nuevos permisos para cuidados, trasponía la directiva europea de conciliación y era un compromiso de España ante Bruselas en el marco de los fondos de recuperación, informa Silvia Blanco. Otras propuestas que quedarán pendientes son la primera ley de servicios sociales de la democracia, que había pasado solo una primera lectura por Consejo de Ministros; y las leyes de agentes forestales y medioambientales y de bomberos forestales.