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La Fiscalía no ha podido acreditar ningún delito por robo de bebés en Euskadi

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, niega la existencia de una "trama organizada"

La presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Lohitzune Txarola, acompaña hoy al fiscal jefe del País Vasco, Juan Calparsoro. Ampliar foto
La presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Lohitzune Txarola, acompaña hoy al fiscal jefe del País Vasco, Juan Calparsoro.

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha afirmado que "en ninguno de los procedimientos" abiertos por presunto robo de bebés en Euskadi "se ha podido acreditar existencia de delito", aunque "está claro que se debieron producir situaciones de ilegalidad" en adopciones, "con o sin contraprestación económica".

Calparsoro ha hecho esta afirmación durante su comparecencia ante la comisión de las Juntas Generales de Gipuzkoa que investiga la presunta desaparición de bebés en esta provincia en las últimas décadas Ha indicado que de los 197 procedimientos abiertos en Gipuzkoa por presuntos casos de sustracción de recién nacidos o presuntas adopciones irregulares entre las décadas de los 60 y 80 un total de 87 se han archivado. En Álava se han incoado 34 procedimientos de los que se han archivado 27 y en Vizcaya 74 de los que se han archivado 46.

El fiscal jefe ha destacado que en todos estos procedimientos, en cuanto "se ha visto un mínimo de credibilidad de las denuncias", se ha realizado una "intensa" y "exhaustiva" investigación por parte de la Ertzaintza así como de los jueces y fiscales. "No se ha ahorrado ningún esfuerzo", ha aseverado.

En cuanto a las tres exhumaciones practicadas en Gipuzkoa ha señalado que en dos no se han encontrado restos orgánicos de recién nacido, una de ellas la del panteón de la familia Losa-Ocáriz, caso por el cual ha mostrado una especial "preocupación", pero en la tercera sí, y, además, el análisis de ADN de los mismos ha sido positivo, por lo que se ha sobreseído esta causa.

Calparsoro ha destacado las "discrepancias" existentes entre los médicos forenses sobre la posibilidad de que los restos no hayan podido desaparecer como sostienen los del Instituto Vasco de Medicina Legal, y los que apuntan que "no es descartable la posibilidad de que hubieran podido desaparecer con el paso del tiempo y las características de la tierra", como sostiene el forense Paco Etxeberria, con una "acreditación incontestable".

Calparsoro: "No se ha ahorrado ningún esfuerzo"

En este sentido, ha apuntado que se solicitó al Instituto Nacional de Toxicología un informe que también corrobora que "es posible que esos restos lleguen a desaparecer totalmente", a causa de la orografía del lugar donde están enterrados, el paso del tiempo y la humedad, de manera que "tampoco hay unanimidad" sobre el hecho de por qué desaparecieran o no aparecen esos restos, lo que genera "una duda razonable" y supone "un obstáculo para avanzar" en la investigación. "En ninguno de los procedimientos incoados en Euskadi se ha podido acreditar la existencia de delito, es decir la sustracción del recién nacido, ni siquiera con indicios razonables", entre otras cosas porque "es posible que muchas de las personas involucradas en los hechos haya fallecido" y, además, "en muchos procedimientos se ha comprobado que el bebé nació y falleció por causas naturales, o ni siquiera se ha podido probar de una manera mínimamente creíble o fiable la posibilidad de una sustracción".

Tras señalar que una de las personas que trabajaba en el hospital guipuzcoano Nuestra Señora de Arantzazu, en donde más partos se producían en el periodo investigado, y realizaba labores de intermediación en adopciones es una monja que ya ha fallecido, ha apuntado al "problema legal" de la prescripción que la Fiscalía "descarta" pero algunos juzgados, "sobre todo en Vizcaya", aplican. Al respecto ha explicado que se han podido producir delitos de "menor gravedad" que la sustracción, como los supuestos de adopciones ilegales, penados con hasta seis años de prisión, que prescriben antes.

Calparsoro ha recurrido al contexto económico, social y político que se daba en los años sesenta y setenta en España con "falta de derechos" de las mujeres para explicar la posible existencia de adopciones "irregulares", al tiempo que ha opinado que una de las causas por las que haya habido más denuncias de presunto robo de bebés en Gipuzkoa puede ser que este territorio acogió a un gran número de inmigrantes "por motivos económicos" durante la postguerra.

De este modo ha incidido en la situación de "falta de igualdad" y de derechos "absoluta" de las mujeres, así como en las "insuficiencias" de la regulación de la adopción hasta que en 1987 se reformó el Código Civil, algo que daba lugar a "abusos" e "irregularidades". Además, ha añadido que los recursos públicos "eran escasos" de manera que la tramitación de las adopciones quedaba en manos de entidades privadas de la Iglesia católica, como es el caso de la Casa Cuna de Fraisoro en Gipuzkoa.

A su juicio, esa "insuficiente" legislación y las "escasísimas garantías" existentes dieron lugar a "irregularidades". En este sentido, se ha mostrado convencido de que "sin duda debieron producirse" adopciones "irregulares", para "ahorrar" trámites, algo también "delictivo", aunque es más difícil no aplicar la prescripción al ser un delito menor que el robo y que, por el momento, "no se ha podido acrediar".

En este contexto, ha explicado que con la "complicidad" de los médicos se certificaba que un bebé nacía de los padres adoptivos, como hijo biológico de la madre adoptiva, "probablemente con consentimiento" de las verdaderas madres, a quien algunos casos se "convencía" para ello o "incluso se les pudo engañar". A su juicio, es "complicado" investigar esa posible voluntariedad que, en todo caso, "es relativa", ya que en esa época en España "existía todavía el honor de la mujer y el delito de infanticidio". "Está claro que se debieron producir situaciones de ilegalidad en este terreno con o sin contraprestación económica en el concepto que fuera", aunque "no se han probado", ha insistido.

En todo caso ha apuntado que "es difícil hablar de trama o de una organización, aunque sí que eran las monjas las que hacían el papel de intermediarias entre hospitales y casas cuna en manos de organizaciones de la Iglesia, porque entonces las diputaciones no se dedicaban a estas cuestiones o no tenían medios" y "les era más fácil dejarlo en manos de órdenes religiosas".

"Sin duda se dieron casos, también de entregas de bebés en adopción, muy frecuentes en aquellos años por lo que se dice en las diligencias y lo que dicen los médicos, de mujeres que daban a luz a los bebés y ni siquiera los veían porque antes de dar a luz ya decían que querían darlos en adopción y, posteriormente, en algunos casos se arrepentían aunque ya no había solución porque el bebé se había entregado a una familia", ha explicado.

Calparsoro ha considerado que "debe seguir investigándose hasta que se aclare" esta "problemática que afecta a todo el Estado" con un "modus operandi parecido" y, en este sentido, ha asegurado que la línea de la Fiscalía es "llegar hasta el final". Finalmente, ha indicado que "últimamente ya no existen tantas denuncias".