La burbuja de los bebés robados

303 denuncias por supuestos robos de bebés en Euskadi, el 20% del total interpuestas en toda España. Solo en Gipuzkoa, 195. Un grupo de la Ertzaintza creado ex profesopara investigar posibles sustracciones de recién nacidos en los hospitales vascos entre 1950 y 1993, dos comisiones de investigación, jueces, fiscales y forenses volcados con los expedientes, y los departamentos de Justicia y Sanidad rebuscando en archivos. Seis exhumaciones. Un mínimo de 800 personas afectadas, según SOS Bebés Robados, igual cifra de miembros que tiene la agrupación, con la certeza, infundada o no, de que alguien les arrebató un hijo y la constatación de que probablemente nunca sabrán con exactitud qué sucedió, si es que algo pasó.

“En ninguno de los procedimientos incoados en Euskadi se ha podido acreditar la existencia de delito, es decir la sustracción del recién nacido, ni siquiera con indicios razonables”, explicó el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, a comienzos de noviembre en las Juntas Generales de Gipuzkoa, en el curso de la segunda comisión de investigación abierta en la comunidad —las sesiones en el Parlamento finalizaron por la disolución del mismo—.

Las conclusiones de las investigaciones arrojan una dura realidad para las familias denunciantes. Las esperanzas puestas en los diferentes procesos se evaporan. “Lo que se cierne sobre estos padres en los que no se ha constatado nada, es la más absoluta incertidumbre. No cerrar adecuadamente este tipo de episodios hace muy difícil su superación desde un punto de vista psicológico”, apunta César San Juan, profesor titular de Psicología Social de la UPV. El problema, apuntan los especialistas, es que probablemente entre las familias afectadas muchas de ellas no sean víctimas. ¿Cómo desactivar entonces esa incertidumbre?

De las 303 denuncias interpuestas, 160 han sido archivadas

Calparsoro, en declaraciones a este periódico, advierte de que la publicación y el tratamiento mediático dado a los casos ha generado un efecto llamada. “Personas, familias que nunca se habían planteado que sus hijos hubieran podido ser robados, de repente, les asalta la duda”. De hecho, fuentes jurídicas reconocen que los juzgados vascos han aceptado todas las denuncias interpuestas al respecto, independientemente de la consistencia de las mismas. Algo que en otras circunstancias no se habría producido.

La presión social, capitaneada por SOS Bebés Robados, ha forzado a Euskadi a desarrollar una completa labor de investigación desde diversos frentes, implicando a tres departamentos del Gobierno, así como a jueces, fiscales y forenses, unos trabajos que la asociación no sólo considera insuficientes, sino que incluso pone en duda la realización de los mismos. La vicepresidenta de la agrupación, Amadeli Díaz Carrasco, habla incluso de conspiración y amenaza con la publicación de los nombres de los supuestos médicos, enfermeras y otras personas implicadas.

Amadeli, junto a su hermana Flor, vecinas de Irún, denunciaron en 2006 uno de los primeros casos que trascendió a la opinión pública. Su hermano, supuestamente, fue un niño robado en 1967 en un hospital de la Línea de la Concepción (Cádiz). Pero no el único caso de su familia, Flor, presidenta de la asociación, también ha denunciado en alguna ocasión que sospecha que en 1962 robaron a su hermano gemelo. La labor desarrollada por la familia a lo largo de estos daños ha dado como fruto el nacimiento de la organización, de la que todos sus miembros, 800 en Euskadi, “son personas afectadas”, remarca la vicepresidenta.

Calparsoro afirma que el tratamiento mediático ha tenido un efecto llamada

De las 303 denuncias interpuestas, más de la mitad (160) se han archivado. Las investigaciones han llevado a los especialistas a un callejón sin salida, a un punto “en el que no se ha podido acreditar nada”, remarca Calparsoro. Las labores realizadas no han permitido a los expertos constatar siquiera si realmente se produjo el robo de algún bebé, con lo que los siguientes pasos, como la determinación de un culpable, se tornan imposibles. Los pasos dados hasta ahora empujan a los especialistas a pensar que si bien se pudieron cometer adopciones irregulares, es improbable que en Euskadi se produjeran robos de bebés. Puede haber algún caso aislado, puntual, pero nunca generalizado, precisan fuentes jurídicas.